Desde el legendario Gran Tour, pasando por la posterior aparición de Thomas Cook, el turismo es un negocio por el cual el turista (cliente) paga y el operador cobra y obtiene una utilidad, además de ser el iniciador de una cadena de prestaciones de servicios obviamente remunerada.
El poder disfrutar del ocio, el acceso al goce de vacaciones para quienes no pueden solventarlo es una necesidad notoria, un hecho social que está acertadamente definido como un derecho humano.
Quienes tienen recursos compran los diferentes servicios turísticos que le posibilitan viajar al lugar que quieren, en la fecha que quieren y de la manera que quieren.
Quienes carecen de esos recursos no pierden el derecho humano de tener su tiempo de ocio y/o la posibilidad de vacacionar. Para ello, deben obtener la ayuda del Estado para que subsidie parte o el total de la erogación necesaria para lograr ese fin. Eso es Turismo Social.
El turismo convencional es regido por un organismo estatal que en la mayoría de los países se denomina Ministerio de Turismo, en otros secretaría, subsecretaría, viceministerio, autoridad o similares.
Si bien ese tipo de organismo podría co-dirigir, colaborar o simplemente interactuar, el cometido del subsidio principalmente, como así también la organización y administración debe ser asignado a una estructura estatal que atienda el desarrollo o la previsión social. Como ejemplos en Uruguay, el Ministerio de Desarrollo y/o el Banco de Previsión Social.
Los gobiernos progresistas con el discurso de la inclusión, la equidad y la solidaridad, confunden las prioridades y con ello entreveran la gestión, haciendo que en general se afecte el presupuesto promocional y de marketing (habitualmente escaso) del ente turístico que es concebido para la generación de empleo y divisas, y que para colmo de males, rara vez consigue hacer funcionar correctamente el turismo social.
Resumiendo, ni chicha ni limonada.