por Sergio Antonio Herrera, desde Montevideo
Respecto a la tasa
El asesor legal en materia turística del Grupo PDA Julio Facal, abogado de Colonia Express y de la Cámara Uruguaya de Turismo entre otros organismos y empresas en Uruguay, fue consultado en aquella oportunidad acerca de este tema y esto fue lo que nos dijo:
"Entiendo que esta tasa (la que opera como una percepción al pasajero final) es inconstitucional, es un tributo y no una tasa, carga el costo a una sola actividad, en vez de repartirla proporcionalmente con los restantes individuos que pasan por los restantes pasos fronterizos. Además de que una tasa especifica para un servicio esencial del Estado no es constitucional. Por ejemplo, no hay tasas especificas para financiar el costo del Parlamento pero... ¿bajo este concepto se lo podríamos cargar a los abogados?, ya que su profesión es relativa a las leyes. ¿O cargar una tasa de seguridad para mantener a la Policía solamente a quienes les roban o asesinan?, ya que ellos son los usuarios del servicio, y asi podríamos seguir por cada servicio esencial que el Estado brinde. Yo cuando entro o salgo del país no le pido a Uruguay que me brinde migraciones. Lo ideal seria que no haya ningún control y listo. De paso nos evitamos las largas colas, pero como es un servicio esencial del Estado, sabemos que ello no es posible, pero hay mil argumentos más".
Respecto al control biométrico
Según pudimos saber, en la licitación en la que se adjudica el servicio a Veridos la firma mexicana que en este momento está en cuestión, su propuesta le ganó a la de una firma que ofrecía las mayores garantías, proponiendo la instalación de un sistema de control biométrico que ya funciona en Uruguay desde hace siete años con el 100% de eficiencia.
Según El Observador, en un extenso artículo en el que detalla con pormenorizado relato la realidad del contexto, se señala los reiterados inconvenientes del software instalado.
Entonces
Si estamos todos de acuerdo (como deberíamos de estar), en que se debe instalar el control biométrico en todos los pasos de frontera, deberíamos en principio tomar nota de lo que funciona y lo que da garantías.
Personalmente, el pasado 26 de setiembre cuando embarcábamos en el Francisco en el puerto de Montevideo yendo a cubrir la FIT, fuimos derivados al control manual ya que el biométrico no nos daba paso.
Si estamos todos de acuerdo (como deberíamos de estar), en que de alguna manera hay que financiar la instalación tecnológica para la aplicación del control biométrico EN TODOS LOS PASOS DE FRONTERA, deberíamos asegurarnos llegar al consenso de como aplicar la tasa y cuanto debería costar, pero de ninguna manera que sea solamente para pasajeros fluviales, no tiene sentido esa exclusividad.
Pero lo que deberíamos propiciar de una vez por todas, Y AQUI LA INICIATIVA DEBERÍA PARTIR DEL SECTOR PRIVADO, DONDE SUPUESTAMENTE ESTAMOS LOS QUE ENTENDEMOS EL NEGOCIO, es el avance hacia la concreción e instalación de una política de Estado de Turismo/Transporte, de modo que no sigamos pisándonos los callos unos a otros.
Si no se entiende esto último, les recordamos el artículo Turismo sin política de Estado - En riesgo continuidad de escalas de cruceros en Uruguay en el que denunciábamos el increíble aumento de los costos de la tasa de extracción de extracción de residuos orgánicos que aplicaba la ANP a los cruceros.
El impacto de la denuncia fue de tal magnitud que la Administración Nacional de Puertos en esa misma jornada le hizo saber a las empresas navieras que tomaría cartas en el asunto y en pocos días, el precio fue rebajado considerablemente. Uno de los ejecutivos de una de las empresas que más cruceros mueve en nuestros puertos, cuya sede está en Buenos Aires, nos comentó al poco tiempo: "Ese artículo tuyo funcionó como una carta-documento..."
Mientras sigamos los privados quejándonos sin hacer y los funcionarios conduciendo sin saber, mal no seguirá yendo, por eso, la frase de la bajada: "Echar pa´ trás no es cobardía sino agilidad en las piernas...".
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