Esta decisión viene dada como consecuencia de la negativa de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a hacer efectivo el pago de las indemnizaciones a los inversores en renovables, valoradas en más de 1.200 millones de euros.

En este caso concreto, ha sido la energética NextEra la que ha solicitado a la justicia británica la homologación y ejecución de un laudo de 291 millones de euros dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la corte arbitral del Banco Mundial.

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Aena explica que la decisión judicial ha sido adoptada “sin audiencia del Reino de España”, es decir, sin dar pie a la intervención previa de la Abogacía del Estado, encargada de defender al país en arbitrajes impulsados por inversores extranjeros por los recortes renovables.

Aena se limita a decir que llevará a cabo, “tan pronto le sea notificada la decisión, las comprobaciones pertinentes para determinar el alcance y consecuencias de esas medidas y, en todo caso, defenderá los intereses de Aena, sus filiales y sus accionistas del modo que jurídicamente proceda”.

Según informa El Confidencial, se trata de la segunda vez que un tribunal británico ordena del embargo cautelar de bienes de España en el extranjero por los impagos de las renovables. La primera fue hace aproximadamente un año y la víctima fue el Instituto Cervantes, a petición de Infrared, fondo del banco británico HSBC.

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