No está en discusión el valor humano del programa. Para quien nunca viajó, dos noches pueden ser significativas.
Pero eso no convierte a la iniciativa en política turística. Porque esto no es turismo. Es política social. Y como tal, debe estar donde corresponde: en el BPS o en el MIDES. No en el Ministerio de Turismo.
Aquí aparece la contradicción central
Un Ministerio que reclama —con razón— más recursos, decide utilizar los pocos que tiene en un programa que no incide en la actividad, que no altera la ecuación del sector y que no genera retorno económico alguno. No es un problema de escala. Es un problema de enfoque.
Porque si el Ministerio de Turismo tuviera el ingenio, la capacidad de creación y los recursos idóneos —capital humano y financiación— para generar una corriente significativa de turistas hacia el país, el impacto sería otro. Ahí sí estaríamos hablando de: divisas en volumen, empleo real, dinamización de la economía.
Y en ese escenario, con resultados concretos, con riqueza generada, incluso podría justificarse que desde Rentas Generales se destinaran recursos a garantizar el acceso al ocio para quienes más lo necesitan. Pero en serio. Con escala. Como política social.
El derecho al ocio puede ser considerado, en una interpretación amplia, un derecho humano.
Pero su instrumentación es social. Y eso corresponde a organismos como el BPS o el MIDES. No al Ministerio de Turismo.
El Ministerio de Turismo está para otra cosa.
Está para promover la actividad, para atraer demanda, para generar riqueza y empleo. Para mover la aguja. Todo lo demás —aunque suene bien— es, en este contexto, el lujo de la miseria.
