A pesar de que el Tribunal Supremo falló en octubre de 2023 a favor de la homogeneización salarial y la compensación de pérdidas desde diciembre de 2020, los controladores aseguran que el gestor aún no ha abonado las cantidades pendientes. Según informa Cinco Días, las conversaciones entre la empresa pública y los sindicatos siguen en curso, aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.

El origen de este conflicto se remonta a la renovación del convenio colectivo en 2010, que modificó las condiciones laborales de los controladores, incluyendo un aumento de jornada y la introducción de complementos salariales. Sin embargo, vienen denunciando que estos cambios no se aplicaron de manera equitativa, generando diferencias que han desembocado en disputas legales prolongadas.

Uno de los focos de la controversia se sitúa en 2006, cuando 165 aspirantes fueron seleccionados en una convocatoria pública de empleo, pero fueron divididos en cuatro promociones. Los dos primeros grupos fueron contratados antes de 2010 y recibieron mejores condiciones salariales, mientras que los otros dos ingresaron después y quedaron excluidos de estos beneficios. Sentencias de la Audiencia Nacional y de juzgados de lo social concluyeron que la selección no fue aleatoria, sino que estuvo influenciada por “lazos familiares”.

De hecho, la Audiencia Nacional falló en 2022 a favor de los trabajadores afectados, ordenando igualar sus derechos con los de sus compañeros y estableciendo indemnizaciones de entre 50.000 y 80.000 euros.

Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó la sentencia al considerar que la demanda no tenía una afectación colectiva, sino individual. Los sindicatos intentaron recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional, pero su solicitud fue inadmitida. Ahora, han llevado el caso al TEDH denunciando “discriminación por nepotismo” y “vulneración de la tutela judicial efectiva”.

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