por Rocío Regidor, The Objective
Entre otras funciones, Barluenga trabajará en estrecha colaboración con la Comisión de Intrusismo, creada por CEAV hace unos meses y presidida por Tomás Komuda, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Almería, ASAVAL. El objetivo de la comisión es estudiar e iniciar acciones que contribuyan a limitar el fenómeno del intrusismo que, según lamentan, ha aumentado notablemente en los últimos años con el desarrollo del comercio electrónico y las redes sociales.
En España, solo pueden comercializar y organizar viajes combinados aquellos empresarios que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa sectorial de la Comunidad Autónoma donde estén domiciliados. Entre otros requisitos, se exige a las agencias de viajes una serie de garantías, incluida la garantía de insolvencia para la comercialización y organización de viajes combinados. Esta exigencia, según Barluenga en declaraciones a THE OBJECTIVE, «garantiza a los viajeros que, en caso de insolvencia de la agencia de viajes, obtendrán el reembolso de los importes previamente abonados si el viaje ya no puede realizarse, o la repatriación si la insolvencia de la agencia de viajes se produce estando en el destino de su viaje.
Sin embargo, el hecho de que haya personas físicas o jurídicas que comercialicen y/o organicen viajes combinados sin cumplir los requisitos legalmente exigidos preocupa al sector de agencias de viajes porque constituye, según ellos, una competencia desleal. «Estas personas ejercen una actividad sin cumplir la legalidad vigente y sin asumir los mismos costes que las agencias de viajes tienen que sufragar para cumplir con los requisitos», añade la abogada.
Además, preocupa que haya consumidores que, «por ignorancia, contraten un viaje a una persona que opera como intrusa, creyéndose que es una agencia de viajes legalizada, y luego puedan sufrir consecuencias económicas adversas por tal motivo», lo que también afecta a la imagen del sector.
¿Quién está detrás?
Desde la patronal de las agencias de viajes hacen una distinción entre macro y micro intrusismo. «Macro como los bancos, grandes entidades o las empresas de eventos. Y micro los bloggers, influencers, youtubers, guías de montaña, fotógrafos, etc., que, en ocasiones, implican grandes grupos, lo que es muy difícil de controlar por parte de la administración», explica Barluenga. También han detectado desde CEAV viajes organizados por ONGs, asociaciones de jubilados o parroquias que se presentan como viajes solidarios, «pero que luego se amplían a viajes normales».
Otro tipo de intrusismo profesional es el que se genera «a través de afiliados o captadores». Además, estos problemas «se agravan por la falta de inspectores para poder llegar a todas las incidencias, con lo cual el resultado final es poco efectivo». Por el momento, la patronal no dispone de métricas sobre la afectación económica de estas cuestiones a las empresas del sector. «Pero sin duda se sufren graves perjuicios tanto para las agencias de viajes como para los consumidores, dado que diversos consumidores que podrían adquirir un viaje combinado a una agencia de viajes legalizada a tal efecto, los adquieren a intrusos profesionales y no están protegidos por las garantías legales», argumentan.
Buzón del intrusismo
Para evitar el intrusismo, desde CEAV consideran clave, por un lado, «que se impongan las sanciones pertinentes por parte de las Administraciones Públicas competentes a todas aquellas personas físicas o jurídicas que ejerzan intrusismo profesional». Estas sanciones, defiende la patronal, deben ser «tanto para disuadir dicha actividad ilegal, como para velar por que todos los competidores operen con las mismas reglas de juego y, además, para proteger los intereses de los consumidores». Por su parte, desde la patronal, recuerdan que todos los asociados pueden hacer llegar los casos de presunto intrusismo mediante el Buzón del Intrusismo para que puedan ser analizados desde la Asesoría Jurídica de CEAV y, en su caso, formular las oportunas denuncias a las autoridades competentes.
Además, demandan que, en colaboración con las Administraciones Públicas competentes, se realicen campañas de información y concienciación a los consumidores para asegurar que antes de contratar un viaje combinado verifiquen que lo están adquiriendo a una agencia de viajes que cumple con todas las garantías legales a tal efecto. «También es necesario aumentar el número de inspectores», concluye la abogada.
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