Los aviones esperan a que la Justicia defina si deberán o no formar parte del concurso judicial. Foto: L.Carreño


por Pablo Melendrez

Los ministros de la Corporación analizarán en el acuerdo de esta tarde la legalidad de la ley aprobada en julio del año pasado que dispuso la liquidación de Pluna y, a la vez, excluyó del concurso judicial de acreedores los aviones que tenía la empresa y que representaban su principal patrimonio.

Según pudo saber El País, en principio habría tres votos para declarar inconstitucional la ley. En tal escenario, la resolución de la Corporación haría que los siete aviones Bombardier CRJ 900 que fueron excluidos del proceso concursal ingresen a ese procedimiento judicial, del que se obtendrán los fondos necesarios para saldar las deudas con los acreedores de la aerolínea liquidada.

La liquidación de la aerolínea de bandera uruguaya no se llevó a cabo en función de lo que determina la ley concursal de octubre de 2008, sino que el Parlamento (solo con los votos de los legisladores del Frente Amplio) aprobó el 17 de julio de 2012 una ley especial (18.931) que creó un fideicomiso que pasó a administrar los siete aviones Bombardier CRJ 900 de la empresa y otras seis aeronaves en leasing.

El mecanismo creado por la ley -que fue redactada a pedido del gobierno por el abogado experto en derecho comercial Ricardo Olivera García- fue objetado por varios acreedores de Pluna que se presentaron ante la SCJ reclamando su inconstitucionalidad, alegando que el hecho de excluir del concurso judicial el patrimonio de mayor valor de Pluna representa un accionar ilegítimo.

Para resolver al respecto, la Corporación debió integrarse en forma especial porque el ministro Julio César Chalar se abstuvo en virtud de que un familiar suyo trabaja en el estudio jurídico de Olivera García.

En febrero, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, al emitir su dictamen en relación a uno de los recursos presentados contra la ley de liquidación de Pluna, opinó que la norma no es inconstitucional pero estableció un matiz: el Estado debe responder judicialmente ante los acreedores de la empresa.

El primer recurso ante la Corporación fue presentado en agosto del año pasado por Raúl Rodríguez, exgerente de marketing y exgerente de la oficina de Pluna en España, que fue despedido en diciembre de 2011 y reclama una indemnización de 553.406 euros.

Rodríguez, representado por el abogado Pablo Correa, planteó que la ley que creó un mecanismo especial para liquidar Pluna "lejos de ser impersonal, abstracta y general es particular y decisoria, características propias de una sentencia" y por tanto debe ser declarada inconstitucional.

Correa, quien objetó la legalidad de siete de los 11 artículos de la ley de liquidación de Pluna, adjuntó a su escrito una consulta elaborada por el abogado constitucionalista y exvicepresidente Gonzalo Aguirre, quien también indicó que la ley viola diversos aspectos de la Constitución.

La ley también fue recurrida por varios acreedores privados de Pluna, así como por clientes que habían adquirido pasajes antes del cierre.
Efectos.

La resolución de la SCJ sobre la ley de liquidación de Pluna determinará el futuro del proceso concursal de la aerolínea, que está a cargo de la jueza Teresita Rodríguez Mascardi, pero se encuentra congelado a la espera de lo que decida la Corporación.

Si la SCJ concluye que la ley es constitucional, el proceso seguirá como estaba, es decir, con el concurso sin contar con los aviones de Pluna en la masa de acreedores.

Pero si la norma es declarada ilegal, la situación cambia y el principal efecto sería que las aeronaves deberían ingresar al concurso judicial de donde se obtendrán los fondos para pagar a los acreedores, cosa que la ley cuestionada buscó evitar expresamente.

"Es un tema que seguirá dando complicaciones y dolores de cabeza cualquiera sea el fallo de la Corte", dijo a El País una fuente cercana a la liquidación judicial de Pluna.

Por otro lado, si la SCJ declara inconstitucional la ley, eso también afectaría el futuro de la cooperativa Alas-Uruguay, que está en proceso de formación y acordó con el fideicomiso que gestiona las aeronaves comprar tres de los siete Bombardier CRJ 900.

Una fuente cercana a la liquidación de Pluna dijo que en caso de que el fallo de la Corporación sea contrario a la ley, habrá que determinar si ese acuerdo es válido o no.

Alas-Uruguay acordó con el fideicomiso comprar tres aeronaves por un precio total de US$ 47 millones a pagar en diez años con dos de gracia.

En paralelo, el fideicomiso está en proceso para vender las otras cuatro aeronaves, y para eso contrató los servicios de una empresa internacional dedicada a la aeronáutica que acercará posibles interesados a comprar los aviones. La idea del gobierno es terminar con el proceso de venta durante el primer trimestre de 2014.

Al momento de su cierre, Pluna debía US$ 126 millones al Scotia Bank (institución canadiense que financió la compra de aviones mientras la empresa fue dirigida por el consorcio Leadgate, del empresario Matías Campiani); US$ 41 millones a agentes financieros; US$ 30 millones a Ancap; US$ 15 millones a empresas comerciales; US$ 13 millones a pasajeros que no pudieron volar y US$ 6 millones al personal. Tenía, además, otras deudas que en total representaban unos US$ 7 millones.
Remate.

Al amparo de la cuestionada ley de liquidación de Pluna, el 1° de octubre de 2012 se realizó la subasta de los siete aviones Bombardier CRJ 900 que pertenecieron a la aerolínea. Por esas aeronaves ofertó US$ 137 millones Hernán Antonio Calvo Sánchez, emisario de la aerolínea española Cosmo que luego desistió del negocio.

Una vez que se frustró el remate, el gobierno decidió mantener los aviones en el fideicomiso y gestionar su venta en forma directa, proceso que está en marcha.

La aparición de Cosmo como oferente en el remate también generó otra polémica, debido a la forma en que el Banco República avaló su participación. El empresario Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus y BQB, quien contactó al gobierno con Cosmo, pagó el aval de US$ 13,6 millones al Banco República luego de que la empresa española incumpliera.

El modo en que el Banco República otorgó el aval a Cosmo está siendo investigado por la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez, quienes hace casi un año tomaron declaraciones en calidad de indagados al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y al presidente de la institución bancaria, Fernando Calloia.
Del remate a Cosmo a la cooperativa alas-Uruguay

El 1° de octubre de 2012 el Poder Ejecutivo ponía fin a un largo proceso desde el quiebre de Pluna con la subasta de los siete aviones Bombardier, adquiridos por la hasta ese entonces desconocida aerolínea Cosmo en US$ 137 millones. Tan solo 48 horas después el emisario de Cosmo fue sorprendido en un almuerzo con el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el dueño de Buquebus y BQB, Juan Carlos López Mena. Acto seguido se conocieron irregularidades en el otorgamiento del aval por parte del BROU que le permitió a Cosmo participar de la subasta, y el tema formó parte de una causa judicial ya iniciada.

Finalmente, Cosmo desistió de la compra y el aval terminó siendo pagado por López Mena.

Así, los aviones retornaron al Fideicomiso y ante la imposibilidad de reflotar la línea aérea, los trabajadores plantearon la posibilidad de formar una cooperativa.

Tras meses de negociación con el Poder Ejecutivo recibieron el visto bueno para recibir un préstamo estatal del Fondo de Desarrollo (Fondes) por unos US$ 15 millones para funcionar. La fecha de inicio de operaciones ha sido reiteradamente postergada. Alas Uruguay (así se llamará la empresa) firmó en setiembre un compromiso de compraventa de US$ 47 millones por tres de los aviones de Pluna que pasaron a manos del fideicomiso creado por el Poder Ejecutivo.

La empresa ya contrató al cuerpo gerencial y realiza gestiones para acceder a las rutas. El plan de negocios original ha sido modificado. Esperan comenzar las operaciones en marzo o abril del año próximo.
Remate: se ganó $ 500 mil

La Asociación Uruguaya de Peritos, que en el proceso concursal de Pluna actúa como síndico, realizó semanas atrás el remate de bienes muebles y artículos de oficina que se encontraban en el local comercial de Pluna de Colonia y Avenida del Libertador y también en el de Punta del Este. La subasta, que fue realizada por la casa de remates Bavastro, recaudó en total unos $ 500 mil, dijeron a El País fuentes vinculadas al proceso concursal. Ahora, la intención de la sindicatura es llevar a remate dos aviones 737 que pertenecieron a Pluna y que si bien no está habilitados a volar sí podrían ser vendidos a alguna empresa internacional interesada en utilizar sus partes como repuestos.

Portal de América - fuente: El País Digital