Uruguay goza actualmente de una envidiable preferencia por parte de diferentes armadores a la hora de establecer la continuidad de las escalas de los cruceros turísticos en sus puertos, más específicamente, en Montevideo y Punta del Este. Aunque no haya sido ni planificada ni coordinada, hubo de hecho política de Estado entre las dos últimas administraciones de gobierno, particularmente en las gestiones de los dos subsecretarios de Turismo del Frente Amplio y del Partido Nacional y sus reiteradas asistencias a "La Meca", dónde se "cocinan" estas cuestiones, la más importante feria de esta actividad, la Seatrade de Miami. Benjamín Liberoff acudía siempre y a partir de su designación, Remo Monzeglio hizo lo propio, agregándole en su caso también la asistencia a la versión de la misma que se realiza en Málaga, España. Si bien el arribo de los cientos de miles de cruceristas a nuestras costas no suponen un gasto como el de los turistas, partiendo de que no pernoctan, igualmente aportan y suman en rubros varios como los de logística, suministros, etcétera, pero lo que es quizás más redituable de este movimiento (en 2023/2024 fueron 232 escalas entre Montevideo y Punta del Este y para la próxima temporada se esperan 185) es que se trata de una perfecta e inmejorable posibilidad de mostrar nuestros principales destinos turísticos a un público que en buena medida es de alto poder adquisitivo, el cual en muy buen porcentaje se convierte en futuro turista llegando a nuestras costas, en creíble promotor de nuestras atracciones y en no pocos casos, en nuevo inversor inmobiliario. Pero todo ello está en riesgo de continuidad, ya que en lo que se podría considerar como la antítesis de una correcta política de Estado, la ANP, Administración Nacional de Puertos y el Ministerio de Interior a través de la multiplicación de costos y la imposición de una inoportuna tasa respectivamente, están haciendo evaluar negativamente a los armadores la continuidad de las escalas en Uruguay.