por Sergio Antonio Herrera

Desde la creación del Ministerio de Turismo a fines de 1986, se ha instalado una inercia que atraviesa a todos los gobiernos, más allá del signo político. Esa inercia consiste en que los jerarcas de turno —con frecuencia dirigentes sin antecedentes en el sector ni formación específica— son quienes definen las prioridades, fijan la agenda de eventos internacionales a los que se asiste y deciden las estrategias de promoción.

Todo ello con un marcado sesgo político, más vinculado al calendario electoral que a una visión de Estado.

En la década siguiente, se fue confirmando con el desarrollo tecnológico y la aparición de la operación virtual y la ingerencia exponencial de actores inmobiliarios, la pérdida de la histórica referencia de los agentes de viajes en las iniciativas de gestión.

A su vez, la política de apoyo a las gremiales empresariales del sector ha terminado generando un efecto contraproducente. El financiamiento estatal, si bien facilita su funcionamiento, también las ha vuelto dependientes, restándoles independencia crítica y capacidad de incidencia real en las decisiones de política turística. Así, la relación entre el Estado y el empresariado se ha vuelto más clientelar que estratégica.

El resultado de este esquema es una falta de continuidad. Cada cambio de administración implica un reinicio casi total: se interrumpen procesos, se abandonan programas y se reemplazan equipos técnicos con cada rotación política. En un sector que necesita planificación a largo plazo, la ausencia de una conducción profesional y sostenida se traduce en pérdida de competitividad, improvisación y mensajes contradictorios hacia los mercados internacionales.

Mientras tanto, el turismo —que representa una de las principales fuentes de ingreso de divisas del país— continúa dependiendo más del contexto regional que de políticas propias. Uruguay recibe lo que la coyuntura le permite, más que lo que su estrategia propone.
La falta de una visión integral y sostenida impide aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece el mundo post-pandemia, donde la calidad, la sostenibilidad y la innovación marcan el nuevo paradigma del turismo global.

Estamos, sin embargo, en un momento estratégico como para dar un golpe de timón. El empresariado del departamento de Maldonado —donde se encuentra el destino más emblemático del país, Punta del Este— debería ganar terreno y tener mayor influencia en el desarrollo del turismo uruguayo.
A ese liderazgo natural del sector privado local le sobran mirada, gestión y recursos, precisamente los elementos que le faltan hoy al turismo nacional. Si el país lograra articular la capacidad y la experiencia de los empresarios de Maldonado con una conducción pública profesional y estable, Uruguay podría finalmente dar el salto cualitativo que necesita para posicionarse como un destino de referencia a nivel regional e internacional.

Hoy más que nunca, el país necesita definir una conducción real del turismo: profesional, técnica y con horizonte de largo plazo.
Una conducción que trascienda los períodos de gobierno y que integre a los actores públicos y privados en torno a una política de Estado.
Hasta que eso ocurra, la pregunta seguirá vigente y sin respuesta:
¿Quién conduce realmente el turismo en Uruguay?

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