Cuando me consultan por temas vinculados a mi profesión de abogado, me resulta difícil poder responder porque también es difícil saber dónde estamos parados, máxime cuando el Poder Ejecutivo se ha convertido en legislador, Decretos de Necesidad y Urgencia, los famosos DNU, mediante.

Toda esa saga de DNUs, dictados vulnerando el procedimiento constitucional, que dispone que deben decidirse en “Acuerdo general de Ministros”, acto formal, que ha sido sustituido por la mera refrendación. Esos Acuerdos no se han realizado y los Ministros delegan esa atribución, por cierto, indelegable, en el presidente que hace y deshace a su gusto y parecer. Los Ministros refrendan…

Es muy difícil impugnar esas arbitrariedades que ponen a disposición del presidente la vida, las fortunas y los derechos de los habitantes de la Argentina, por varias razones.

Una es que su duración es limitada a unos pocos días, y se van renovando y modificando de modo permanente, aunque el Congreso esté funcionando normalmente.

La impugnación judicial, aunque sea mediante procesos que se deberían tramitar con rapidez, tienen una demora mínima de diez días hábiles, suponiendo que se respeten los plazos procesales, luego viene la apelación y eventualmente el acceso a la Corte. En estos supuestos el amparo es un remedio tardío que termina volviendo abstracta la cuestión debatida.

Veamos el caso de los argentinos en viaje por el exterior, que en mérito a una mera “disposición administrativa” que redujo el cupo de reingresos al país a 600 por día, se ven imposibilitados de regresar en las fechas previstas. Un hecho insólito sin precedentes.

Es obvio que en base a esa limitación las líneas aéreas han cancelado vuelos, ya que no tiene sentido económico venir vacíos para salir de Ezeiza con el cien por cien de su capacidad ocupada. Ya lo habíamos anticipado "En Argentina, además de la peste, ineptitud en la gestión del transporte aéreo".

Lo cierto que se estima que los 45.000 argentinos que cometieron el grave pecado de viajar al exterior, se las tendrán que arreglar como puedan para regresar, plazo que las líneas aéreas estiman en 5 meses si se mantiene esa arbitrariedad.

Esa “disposición administrativa” (la 643/21) puede ser judicialmente impugnada y es muy probable que cualquier Juez le da la razón al accionante.

Ahora bien, como la sentencia sólo tiene validez para el caso concreto, es obvio que el eventual reconocimiento del derecho a ingresar al país no se podría concretar porque dicha disposición administrativa seguiría vigente, no sólo para las líneas aéreas, sino para las autoridades aeroportuarias que no podrían conceder “slot” para las líneas aéreas que tuvieran la intención de hacer cumplir la eventual decisión judicial.

Como vemos, el remedio judicial en nuestro sistema es de muy limitados efectos. Por ese motivo venimos reclamando la creación de un fuero contenciosoadministrativo con competencia legal para anular decretos, resoluciones y disposiciones administrativas ilegales o inconstitucionales.

Volviendo al “turismo”, se trata de una actividad, mejor dicho, servicios que se prestarán en un futuro, por lo tanto, uno de sus pilares es la certeza reglamentaria, que hoy no existe.

El Poder Ejecutivo dispuso cuarentenas generales que duraron 10 meses, aislamientos temporarios, cierres de comercio, limitación de actividades, incapacidad para comprar y proveer vacunas idóneas a la población, restringió y limitó el ejercicio de derechos esenciales, que hacen imposible en la Argentina, entre muchas otras, la actividad turística, pero lo grave es que todas esas arbitrariedades ilegales e inconstitucionales no sirvieron para disminuir ni contagios ni muertes que ya superaron las 95.000.

Me podrán decir que en muchos países ocurrió más o menos lo mismo, pero en los casos de la Unión Europea y Estados Unidos, sus economías tienen espaldas para sustentar y financiar los perjuicios de las restricciones impuestas, aunque queda abierta la posibilidad de una crisis de la deuda, cuyas consecuencias hoy no podemos ponderar. Ver "¿Y cómo sigue el turismo…?"

El turismo emisivo, por un tiempo que estimo largo, será un artículo de lujo para una minoría que integra el décimo decil en la encuesta de ingresos del INDEC, y sólo en la parte superior de ese decil cuyo piso está en los u$s 500/600; imposible pensar en viajar con ese nivel de ingresos.

Al argentino medio le será difícil cruzar fronteras, no sólo por las restricciones, que algún día terminarán, sino por la insuficiencia salarial y por el tipo de cambio que por un lapso podría beneficiar al turismo receptivo (o de exportación), en la misma medida que penalizará al emisivo.

De todos modos, tenemos que tener en cuenta que el turista cuando decide visitar otros países, no sólo pondera la cuestión cambiaria. Dicho de otro modo, si el tipo de cambio le encarece o abarata el costo del viaje, asimismo pondera la certeza que los prestadores locales cumplirán en debida forma con las obligaciones asumidas, no porque se ponga en duda su honestidad profesional, sino por las inseguridades que generan las decisiones del gobierno, muchas de las cuales, como el cupo para reingresar, no resisten el escrutinio racional.

Ahora, la excusa para seguir perjudicando al turismo restringiendo y prohibiendo los movimientos se pretende sustentar en la variante Delta de la peste, que es el argumento usado para restringir el regreso de los argentinos que viajaron al exterior, muchos de ellos para obtener las vacunas que no existen en el país, como la Pfizer, la Moderna y la de Johnson y Johnson.

De todos modos, según pudimos leer en Infobae, los datos de Public Health England indican que en el Reino Unido hubo 117 muertes entre los 92.000 casos de Delta registrados hasta el 21 de junio. Cincuenta de ellos, el 43%, habían recibido ya las dos dosis de alguna de las vacunas disponibles en el país.

Para ponerlo en números claros, del total de las personas infectadas por la variante que genera preocupación a nivel mundial, sólo murió el 0,12%, y el 0,05% estaba completamente vacunado.

La mejor defensa para prevenir esta “peste” como otras, son las vacunas y la responsabilidad personal, pero también esa cualidad que es la autoridad del gobierno que lamentablemente sólo existe como ejemplo de prepotencia, de ignorancia y mala fe. Sólo sabe vulnerar derechos y solazarse por sus decisiones arbitrarias, cuando especialmente nos perjudican como la restricción para regresar al propio país.

¿Nos gobierna mala gente…?

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