por Luis alejandro Rizzi, desde Buenos Aires

El poder ejecutivo envío, hoy 17 de diciembre, el proyecto de ley llamado “Ley de solidaridad y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”.

A los fines que interesan al PDA y al mundo del turismo y del transporte, quedó claro que ortodoxamente hablando no habrá un tipo de cambio diferencial, sino un impuesto que gravará cierto tipo de gastos que son lo que llamaremos “gastos turísticos”, se excluyen los gastos relacionados con la salud, compra de medicamentos y con proyectos de investigación científica.

Lo que sorprendió es que también se grava la compra de moneda extranjera con fines de ahorro o sin un fin específico que, suponemos la reglamentación deberá aclarar cuáles podrían ser.

El ministro de Economía asimismo aclaró que este proyecto de ley que se descuenta será aprobado por el congreso, posiblemente con algunas modificaciones formales, responde a un programa económico, desconocido para el común de la gente, cuidadosamente elaborado y que aparecerá plasmado en el próximo proyecto de ley de presupuesto para el año 2020 que se presentará para su tratamiento legislativo en el próximo mes de marzo.

Según el Ministro asimismo se deberá mantener consistencia fiscal, lo que se debería interpretar que no habrá financiamiento mediante emisión.

Desde una perspectiva ideológica esta ley respondería más que a un tema de “solidaridad” a una cuestión de justicia, que explicó John Rawls que dice que las desigualdades sociales y económicas deberán ser conformadas de modo que resulten ventajosas para todos. Un principio básico de justicia es que todos tenemos derecho a ella, cualquiera sea nuestra posición social. No es justo sacarles a unos para darles a otros, como tampoco es justo que no se tenga en cuenta la capacidad contributiva integral de las personas.

La invocada “solidaridad” está más cerca de la demagogia que de un concepto de democracia republicana, es más una expresión populista que cultural.

No podemos negar que la Argentina está mal, pero tampoco podemos negar que viene mal desde hace decenas de años. No podemos culpar al último gobierno, reprobado totalmente en las urnas, ni responsabilizarlo de este largo proceso de fracasos y decadencia.

Lo peor que podemos hacer en estos momentos es jugar a ser Robin Hood, ya que esta invocada “solidaridad” nos llevará fatalmente a herir al que produce y como consecuencia, castigar aún más al peor ubicado o los menos aventajados.

Este impuesto del 30% a la compra de moneda extranjera obviamente impactará en el turismo emisivo o de importación, y como consecuencia debería impactar en el grupo Aerolíneas Argentinas, cuya mayoría de pasajeros son residentes.

No sabemos cuál será la política del gobierno en la materia, y las nuevas autoridades parecen más preocupadas en dejar cargos libres para la militancia partidaria que en pensar seriamente sobre la viabilidad y el futuro del grupo.

Por ahora se dedicaron a despedir líneas gerenciales, según lo publicaron varios medios, y en ubicar a simpatizantes del gobierno saliente, como si ello constituyera una  “injuria laboral”.

El propio directorio saliente dejó “aprobado” un balance de corte al 30 de septiembre pasado (sic) que muestra la precaria situación de la empresa en virtual estado de quiebra y real de disolución por pérdida del capital.

Veremos que valor tendrá la “solidaridad” para administrar los fondos del tesoro provenientes de los impuestos –directos e indirectos- que pagan los contribuyentes cuya gran mayoría no utiliza los servicios del grupo Aerolíneas Argentinas, que tampoco son prioritarios ya que generan ingentes pérdidas. Sin perjuicio de ello, el grupo Aerolíneas paga excelentes salarios, en especial a sus directores y síndicos.

En mi opinión, lo más sano hubiera sido establecer un tipo de cambio realmente libre, con un segmento regulado para las actividades que se considere esenciales para facilitar un proceso de desarrollo.

Se podría argumentar que este impuesto del 30% al gasto turístico y de  ciertos servicios se destinará a fines “solidarios”, pero ello suena a hipocresía ya que la finalidad del impuesto es desalentar ese tipo de gastos, de donde no veo que importante podría ser su recaudación y los montos  que se destinan, el 70% a la Administracion nacional de la Seguridad Social y el 30% restante a infraestructura económica y vivienda social.

No creo que estas medidas puedan abaratar el turismo local, ya que los costos marcan un piso y las expectativas inflacionarias se mantienen vigentes. Hay una inercia en ese sentido que empuja nos hace muy desconfiados, por eso en nuestra mente imaginábamos un plan tipo “Austral”, cuyo mérito esencial fue el de frenar esa inercia inflacionaria mediante el respectivo desagio para eliminar de raíz ese fatal impacto.

Ahora deberemos esperar la ley de presupuesto y allí se develará la real intención del gobierno, y en especial la sinceridad y factibilidad de sus objetivos.

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