La aprobación expeditiva de las diferentes vacunas han devenido en una "carrera" desenfrenada de los países con mayor poder adquisitivo para obtener las dosis necesarias para vacunar a sus pobladores, pero en el frenesí, algunos de ellos han reservado vacunas para el doble o más de sus habitantes, siendo el más destacado Canadá, que reservó vacunas para cinco veces su población.

Y aquí surge otro problema, las diferencias entre la capacidad de producción y las espectativas de los gobiernos. Por ejemplo, Chile esperaría recibir 5 millones de dosis en el primer trimestre de 2021, pero la gerenta general de Pfizer en Chile dijo que podrían llegar hasta 1,6 millones de dosis.

Eso no es todo, en la medida que empiezan las vacunaciones se van conociendo limitaciones de las distintas vacunas. Por ejemplo la Sputnik V (rusa) aún no está validada para mayores de 60 años y la de Pfizer para menores de entre 12 y 16 años, así como mujeres en gestación.

A las complicaciones resumidas de las vacunas, debemos agregar las controversiales actitudes de algunas personas, especialmente funcionarios de gobierno, que generan aún mayor caos  en la situación sanitaria de sus respectivos países. Para muestra, traemos a colación dos artículos del New York Times referidos a Brasil y México.

El plan de Brasil para la vacunación contra el COVID-19 está sumido en el caos

Mientras los países apresuraban sus preparativos para inocular a los ciudadanos contra el coronavirus, Brasil, con su programa de inmunización de renombre mundial y una sólida capacidad para fabricar medicamentos, debería haber tenido una ventaja significativa.

Pero las luchas políticas internas, la planificación desordenada y un naciente movimiento antivacunas han dejado sin un claro programa de vacunación a esta nación sudamericana, que ha sufrido el segundo mayor número de fallecimientos por la pandemia. Los brasileños no tienen idea de cuándo podrán obtener alivio de un virus que ha puesto de rodillas al sistema público de salud y aplastado la economía.

“Están jugando con vidas”, aseguró Denise Garrett, una epidemióloga brasileña estadounidense que investiga la salud pública en Sabin Vaccine Institute, el cual trabaja para ampliar el acceso a las vacunas. “Es casi criminal”.

En febrero, luego de que se detectó el primer caso de COVID-19 en el país, Brasil se convirtió en el epicentro de la crisis global de salud. El presidente Jair Bolsonaro desestimó las evidencias científicas, definió al virus como “un miserable” resfriado que no justificaba el cierre de la economía más grande de la región y reprendió a los gobernadores que impusieron medidas de cuarentena y cierres de negocios.

La semana pasada, el Ministerio de Salud presentó un plan de vacunación como respuesta a una orden del Supremo Tribunal Federal. El plan estableció el orden en que serían vacunados los grupos vulnerables, pero no detalló la cronología ni dio un cálculo claro de cuántas dosis estarían disponibles. Previamente, el ministerio había dicho que pretendía iniciar la campaña de vacunación en marzo.

Días después del anuncio, el ministerio todavía batallaba para realizar pedidos a los proveedores de vacunas ya sobrecargados. Los funcionarios gubernamentales también se enfrentaron a cuestionamientos por la insuficiente cantidad de jeringas y viales disponibles en Brasil para embarcarse en la ambiciosa campaña de vacunación, necesaria para cubrir a un país con una población de 210 millones de residentes, donde más de 180.000 han muerto a causa del virus.

Por si fuera poco, Anvisa, la agencia responsable del control sanitario de Brasil, aún no ha aprobado ninguna vacuna contra la COVID-19 para su uso generalizado.

“La gente va a comenzar a entrar en pánico si Brasil continúa rezagado sin un plan ni una estrategia clara y objetiva”, aseguró Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, el 7 de diciembre y advirtió que el Congreso tomaría las riendas del asunto si el poder ejecutivo continuaba con su torpe estrategia.

El debate sobre el acceso y la seguridad de la vacuna también se ha visto envuelto en una disputa partidista. Bolsonaro ha difamado constantemente a CoronaVac, la vacuna que está siendo desarrollada por la firma china Sinovac Biotech, y rechazó el plan de su Ministerio de Salud de comprar 46 millones de dosis. En cambio, el gobierno escogió la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, la cual va retrasada en la carrera para recibir la aprobación de los reguladores de salud.

La cruzada del presidente en contra de la vacuna china creó una oportunidad de oro, en términos políticos, para João Doria, el gobernador del estado de São Paulo, uno de sus principales rivales políticos. Doria negoció directamente con los chinos para obtener dosis de la vacuna que están desarrollando en asociación con el Instituto Butantan, ubicado en São Paulo. Doria dijo que los funcionarios del estado no pueden esperar a que se organice el gobierno federal, que ha pasado por tres ministros de Salud durante la pandemia.

“No podemos esperar hasta marzo para comenzar a usar una vacuna que puede empezar a administrarse en enero”, dijo durante una entrevista. “Esperar, de acuerdo con el consenso en São Paulo y otros estados, representa un gran riesgo para la población, pues afecta las tasas de letalidad y el sistema de salud pública”.

La semana pasada, Doria prometió a sus constituyentes que São Paulo tenía intenciones de comenzar a vacunar personas a fines de enero, un compromiso que depende de obtener la aprobación de los reguladores federales que aún no han recibido los resultados finales de los estudios sobre la eficacia y seguridad de la vacuna.

La presidencia de Brasil repudió el plan de Doria de empezar a vacunar a la gente en enero, llamándolo “populismo barato e irresponsable”.

La amarga disputa entre Doria, quien se espera que se postule a la presidencia en 2022, y el gobierno federal ha politizado peligrosamente los planes de vacunación en Brasil. Carla Domingues, una investigadora del área de salud pública que dirigió el programa de inmunización de Brasil hasta el año pasado, lamentó que la vacuna contra el COVID-19 se haya convertido en un asunto partidista.

Algunos gobernadores, incluidos los de Paraná y Bahía, comenzaron a intentar adquirir, y finalmente producir, dosis de la vacuna Sputnik V de fabricación rusa.

Aunque se superen los desafíos logísticos y de suministro, los expertos sanitarios dicen que Brasil enfrentará un nuevo problema: un creciente movimiento antivacunas que, según dicen, el presidente y sus aliados han impulsado con falsedades.

Aunque las vacunas nunca han sido obligatorias para los adultos en Brasil, su eficacia y seguridad nunca han sido ampliamente cuestionadas. Ahora el asunto está en la Corte Suprema que este mes analizará dos casos que podrían otorgar a los funcionarios de salud la autoridad para lograr que ciertas vacunas sean obligatorias.

México tergiversó los datos sobre la gravedad del coronavirus en la capital

El gobierno federal contaba con datos que deberían haber activado un cierre inmediato de actividades a principios de diciembre. En cambio, mantuvo abierta Ciudad de México por otras dos semanas.

A principios de diciembre, la pandemia arrasaba de nuevo en Ciudad de México: después de disminuir durante el verano, el coronavirus se propagaba rápidamente, las hospitalizaciones aumentaban y los respiradores se terminaban.

A pesar del aumento, los funcionarios federales tranquilizaron al público durante una reunión informativa el 4 de diciembre en la que se dijo que Ciudad de México no había alcanzado el nivel crítico de contagio que, según las propias normas del gobierno, obligaría al cierre de su economía.

México decide cuándo poner a la capital de la nación y a cada uno de sus estados en confinamiento de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta los últimos números de casos, hospitalizaciones y muertes. Cuando el gobierno introdujo el sistema, los funcionarios dijeron a los mexicanos que sería una medida transparente y objetiva de la propagación del virus.

Pero al hacer ese cálculo para Ciudad de México a principios de diciembre, el gobierno utilizó cifras más bajas en dos áreas críticas —el porcentaje de camas de hospital con ventiladores que estaban ocupadas y el porcentaje de resultados positivos de pruebas de coronavirus— de las que se indicaban públicamente en sus bases de datos oficiales. En repetidas solicitudes para comentar este artículo, los funcionarios del gobierno no explicaron de dónde procedían las cifras inexplicablemente más bajas.

El resultado fue que la capital de México, con nueve millones de residentes, mantuvo abiertos los negocios en las ajetreadas semanas de principios de diciembre. Ahora se encuentra en una profunda crisis.

El gobierno finalmente decidió cerrar la ciudad el viernes. Para entonces, los hospitales de la capital ya estaban desbordados. La semana pasada, la ciudad estableció un récord tras otro de pacientes hospitalizados desde que comenzó la pandemia.

Médicos abrumados comenzaron a publicar súplicas desesperadas en las redes sociales, instando a los mexicanos a quedarse en casa y advirtiendo que se acababan las camas. Se les agotan las medicinas para sedar a los pacientes y los especialistas para tratarlos.

“Estamos solos, el gobierno federal no está apoyando y por el contrario, o sea, lo toman muy a la ligera”, dijo Diana Banderas, una doctora que atiende a pacientes con coronavirus en el hospital Carlos MacGregor de Ciudad de México. “Ahora estamos colapsados”.

Las autoridades sanitarias federales no respondieron a las solicitudes de comentarios. El gobierno de Ciudad de México hizo referencia a las recientes declaraciones públicas de la jefa de la ciudad, Claudia Sheinbaum, quien dijo que su gobierno ha evitado un cierre porque “esta época del año es muy importante en términos de la economía de las familias”.

A diferencia de muchos líderes mundiales, el presidente mexicano no ha implementado un programa de estímulos para apoyar a las empresas y a los desempleados durante la pandemia. Sin una red de seguridad, el cierre de Ciudad de México en medio de la temporada de compras navideñas infligiría un daño considerable a la economía de la nación.

Más del 85 por ciento de las camas de hospital en la capital estaban ocupadas el domingo, según datos federales, frente al 66 por ciento cuando el gobierno decidió retrasar el confinamiento.

Rechazados por los hospitales públicos y sin recursos para pagar las clínicas privadas, un número creciente de mexicanos está muriendo en casa. Los familiares de los pacientes hacen fila durante horas fuera de las tiendas médicas en espera de comprar oxígeno para sus seres queridos que luchan contra el virus en sus lechos de enfermos.

“Leí que están saturados los hospitales”, dijo Alan Pluma, quien esperaba en una fila que se extendía por una cuadra para comprar dos tanques de oxígeno para sus padres, ambos en casa, enfermos de coronavirus.“¿Qué vamos a hacer si empeora la situación?”.

Los trabajadores de la salud también están muriendo: más médicos, enfermeros y técnicos han muerto de coronavirus en México que en cualquier otra parte del mundo, según un reciente informe de Amnistía Internacional.

“Deliberadamente han querido esconder la emergencia”, dijo Xavier Tello, analista de políticas de salud con sede en Ciudad de México, repitiendo algo que se escucha a menudo entre los expertos en salud pública del país. “Cada día que ellos retrasaron la decisión, estuvieron exponiendo a un número importante de personas”.

Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud que lidera la respuesta nacional al coronavirus, había dicho en una conferencia de prensa que el sistema de semáforos era un “instrumento objetivo” que “no está sujeto a negociaciones”.

Pero en su cálculo de inicios de diciembre, el gobierno usó dos números que eran más bajos que las cifras oficiales publicadas en otros lugares, según documentos federales revisados por el Times.

En un documento del 4 de diciembre firmado por López-Gatell que notificaba a Sheinbaum, la jefa de gobierno de Ciudad de México, sobre el cálculo de riesgo, el gobierno federal afirmaba que solo el 45 por ciento de las camas de hospital con ventiladores estaban llenas. Pero antes, López-Gatell publicó un gráfico oficial que indicaba que el 58 por ciento de las camas con ventiladores estaban ocupadas, muy por encima del nivel que debería haber añadido un punto al total del semáforo de la ciudad.

De hecho, una revisión de la base de datos que usa el gobierno para calcular el riesgo muestra que la ocupación de las camas hospitalarias con ventiladores en Ciudad de México no había caído por debajo del 50 por ciento desde principios de noviembre.

El documento que López-Gatell envió a Sheinbaum también afirmaba que el 25 por ciento de las pruebas de coronavirus en la ciudad dieron positivo a finales de noviembre. Pero los propios datos oficiales del gobierno federal muestran que más del 35 por ciento de las pruebas dieron un resultado positivo durante ese período.

Si en ambos casos el gobierno hubiera utilizado las cifras más altas, el total de puntos de la ciudad hubiera llegado a 33, lo que hubiera provocado una advertencia de luz roja y habría requerido un cierre.

En cambio, los funcionarios del gobierno insistieron en que la ciudad estaba en un nivel de riesgo moderado —naranja, según su sistema de semáforos— y que no había necesidad de medidas sanitarias más estrictas.

La jefa de gobierno de la ciudad, por su parte, podría haber roto con el gobierno federal y poner la ciudad en aislamiento antes. Pero ese movimiento habría sido políticamente arriesgado. Ella tiene estrechos lazos con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y él ha minimizado la pandemia desde el principio.

Óscar Gutiérrez, que administra un puesto de flores en la capital, dijo que no sabía si podría sobrevivir a otro confinamiento. Se vio obligado a cerrar su negocio durante tres meses a partir de mayo, lo que significó perder las ventas del Día de la Madre y tener que mantener a su familia con sus ahorros. “Por más que quiera el gobierno decir que en CDMX otra vez volvemos a confinamiento, yo creo que aquí en México la economía ya no nos da para eso”, dijo Gutiérrez. Según él, la gente se arriesgará al coronavirus para no pasar hambre. “Por una u otra cosa te puedes morir”, dijo, “Voy a trabajar mientras me dejen”.

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