Esta iniciativa inmobiliaria, que comenzó a gestarse a finales de 2003, llegó a prever en su momento una inversión de casi 1.500 millones de euros en rascacielos, mansiones para turistas, apartamentos, más de 3.000 aparcamientos, un puerto deportivo para yates, un hotel de lujo, parques y centros comerciales en tierras ganadas al mar entre Eastern Beach y Catalan Bay.
El Peñón acelera
En octubre de 2013, el Ejecutivo de Fabian Picardo reactivó el plan recomprando por 33,1 millones los terrenos, después de llegar a un acuerdo con los promotores privados (ese consorcio ya había pagado 37,8 millones).
Este mismo verano, el Peñón comenzó unas obras para ganar terreno al mar con la construcción de un nuevo espigón que proteja esta zona oriental de las tormentas. La guerra de los bloques -con camiones cargados de arena llegando de la playa de Valdevaqueros (Tarifa), otros con piedras procedentes de La Utrera (una cantera entre Casares y Manilva) e incluso barcos- enfrentó al presidente Mariano Rajoy y su ministro José Manuel García-Margallo con Picardo. Entonces, España llegó a exigir a la Unión Europea que investigara, aunque los inspectores aún tardarían en llegar.
En la misma línea, el grupo conservacionista Verdemar Ecologistas en Acción -cuya denuncia sobre los rellenos también fue admitida a trámite- ya ha denunciado en varias ocasiones que el proyecto (152.100 metros cuadrados, aunque concluirá en 383.554) se realiza en terrenos ganados al mar Mediterráneo en una Zona de Especial Conservación (ZEC).
La planificación del proyecto, que data de 2008, ya desató las hostilidades, pero la Comisión gibraltareña de Desarrollo y Planificación (DPC en inglés) dio luz verde tras prohibir dragados concretos: el riesgo "es apropiado y los efectos negativos, mínimos".
Respuesta comunitaria
Tal y como ha señalado ahora el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, el Ejecutivo comunitario "ya planteó la cuestión en 2011". Reino Unido comunicó entonces a la Comisión que no había informado a España porque "no iba a tener un impacto transfronterizo significativo sobre el medio ambiente".
"Recientemente, la Comisión ha solicitado al Reino Unido aclaraciones adicionales en relación con este proyecto y con otras actividades llevadas a cabo en las aguas en torno a Gibraltar, en particular en lo que respecta a su conformidad con las directivas" de evaluación de impacto, de protección del medio marino y de hábitats. "En estos momentos, la Comisión está a la espera de la respuesta del Reino Unido", aclara con mucha brevedad Potocnik.
Sólo entonces, Bruselas podrá dar nuevos pasos o seguir en sus trece, según ha dicho en respuesta a varias interpelaciones parlamentarias presentadas por eurodiputados españoles.
Cruzada poco fructífera
Aunque la última tentativa ha sido la de Luis de Grandes (PP), los políticos españoles -tanto en 2011 como en 2009 y 2003, por ejemplo- también intentaron frenar el plan.
La respuesta a Gerardo Galeote (PP) del comisario griego Stavros Dimas muestra que Bruselas no ha variado ni un ápice su postura en esta década: "La Comisión sólo puede intervenir si existe una posible vulneración de la legislación de la Comunidad Europea. Basándose en la limitada información disponible, no es posible detectar ningún incumplimiento de la legislación medioambiental comunitaria que pueda atribuirse a este proyecto. Si Su Señoría posee información más específica que indique que puede haberse producido una vulneración del Derecho comunitario en el proceso de autorización de este proyecto, esta cuestión puede ser investigada con la ayuda de las autoridades del Reino Unido", sentencia.
Portal de América - Fuente: ecodiario.eleconomista.es