La Intendencia de Maldonado analiza cómo cumplirá con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que puso fin a un litigio de varios años por la construcción irregular del edificio Balleneros.

En diálogo con FM Gente, Salazar recordó que el permiso de construcción fue otorgado en 1999 sin que se cumplieran procesos formales –faltaba un permiso establecido en el Código de Aguas- y mientras la Junta Departamental debatía un proyecto para reducir de nueve a siete metros la altura permitida en ese punto de la Sierra de la Ballena.

El litigio comenzó con una acción de nulidad presentada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) por un vecino a quien la construcción quitaba la visión del paisaje y desvalorizaba su propiedad.

Finalmente, el TCA anuló el permiso en 2003 pero la Junta Departamental “lo había aprobado por excepción, sabiendo que era irregular”, recordó Salazar.

“Esto forma parte de esa herencia maldita que hemos recibido de cosas que se hacían de esta manera”, añadió la jerarca, para quien existe “algo raro, extraño” en esta situación. Si bien no atribuyó responsabilidades directas, comentó que el abogado de los propietarios era el nacionalista Daniel Hugo Martins “que tenía mucho vínculo con el gobierno que otorgaba ese permiso”.

En 2007, el mismo vecino presentó la demanda de daños y perjuicios y exigió el cumplimiento de la sentencia del TCA. Reclamaba 210 mil dólares por daño moral (no podía ver mar ni puesta de sol) y lucro cesante por la pérdida de valor de la propiedad: pidió, además, la demolición, la aplicación de multas y que se comunique al registro de traslaciones y a catastro nacional la nulidad del permiso de construcción.

Tras una primera y una segunda instancia, en la que los propietarios de la constructora se presentaron fuera de plazos y por lo tanto no se tuvo en cuenta su defensa, la SCJ ratificó el fallo de segunda instancia y ordenó iniciar el proceso de demolición de acuerdo a la ley de ordenamiento territorial y aplicar las multas correspondientes.

De los 210 mil dólares reclamados habrá que pagar 8.000, en tanto el monto pedido por lucro cesante no fue tenido en cuenta.

“Es un caso raro, extraño. Pero, lamentablemente, cuando pasan esas cosas al final es la gente la que termina pagando. Intentamos abatir los montos al máximo, pero todo lo otro –el permiso mal otorgado y la nulidad- eran cosas que ocurrieron antes de que ingresáramos”, justificó Salazar.

La demolición no será fácil, dijo la jerarca. El proceso de demolición de construcciones irregulares, de acuerdo a la ley de ordenamiento territorial, implica que un juez intime a los propietarios a tirar abajo la construcción dentro de los cinco días siguientes. Si éste no lo hace, entonces la tarea queda a cargo de la IDM, que puede demoler y cargar los costos a la contribución inmobiliaria del terreno.

Sin embargo, la dificultad no radica en esos pasos, sino en que se trata de un edificio habitado. Tendrá que estar sin gente ni mobiliario al momento de la demolición. Y, además, existe una superposición de poderes en tanto la SCJ dice que se trata de una construcción irregular pero la Junta Departamental lo aprobó por excepción, remarcó Salazar.

“No sé cómo se puede llegar a cumplir esa sentencia”, admitió.

Portal de América - fuente: FM Gente