por Pablo Melendrez, El País Digital

El abogado, experto en derecho penal económico, dijo que estos procesamientos generaron "muchísima" inquietud en inversores extranjeros y reveló que recibió varias consultas sobre el tema de empresarios de Argentina, Estados Unidos, Brasil y de Europa sobre el sistema judicial uruguayo.

-¿Por qué motivo decidió no apelar los procesamientos de Campiani, Hirsch y Álvarez Demalde?

-Decidimos ir directo a juicio y así acelerar los tiempos para demostrar lo antes posible y en forma consistente y contundente la absoluta inocencia de mis clientes. Aportaremos pruebas adicionales y se diligenciarán otras ya solicitadas en el presumario. Ellos están en prisión fruto de un proceso penal arcaico e inadecuado, y desde allí tienen que enfrentar el juicio y demostrar su inocencia. Este vetusto y poco garantista proceso que tenemos lleva a que apelar el auto de procesamiento aumente el tiempo de prisión preventiva profundizando en este caso una injusticia.

-Uruguay viene siendo cuestionado hace varios años por su arcaico proceso penal y por el uso excesivo de la prisión preventiva. ¿En este caso era posible dictar procesamientos sin prisión?

-Uruguay es el único país del mundo en donde mis defendidos pueden estar presos. Esto se debe a que nuestro proceso penal, que ha sido condenado por varios organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, y cuestionado en la ONU, sin ir más lejos la semana pasada en Ginebra, es un proceso totalmente injusto, ya que utiliza abusivamente la prisión preventiva violando el principio básico de presunción de inocencia. Además, se vulneran los principios de igualdad y legalidad garantizados por nuestra Constitución con la aplicación del concepto de alarma pública. Sumado a eso, nuestro proceso es contrario a tratados de Derechos Humanos firmados por nuestro país. Estas reflexiones que hago no solo se aplican para este caso, sino para todos los ciudadanos que están sometidos a proceso. Hace pocos días existió en nuestro país un sano debate sobre este tema y me parecería un gran avance en materia de derechos humanos que se derogue la posibilidad de prisión por alarma pública.

-¿En qué plazo estima que estará en condiciones de pedir sus excarcelaciones?

-Pediré la excarcelación en la primera instancia procesal en la que sea posible. Solo así mis defendidos podrán ejercer la legítima defensa, de una manera justa, en un expediente muy extenso y políticamente sensible como este.

-En caso de que les sean rechazadas las libertades, ¿prevé recurrir a algún organismo internacional?

-No lo descarto.

-¿Cuánto influyó el innegable interés político del caso para que sus clientes fueran procesados? ¿Fueron utilizados como chivos expiatorios?

-Prefiero no contestar.

-Usted trabaja mucho asesorando a empresarios argentinos. ¿Generó inquietud en empresarios de ese país el procesamiento de Campiani y sus socios?

-Muchísima. Y no sólo de empresarios argentinos. He recibido innumerables consultas de colegas que asesoran a inversores importantes de Estados Unidos, Brasil, Chile y Europa, que me preguntan, a la luz de este caso, sobre los riesgos personales de hacer negocios en Uruguay. Nadie entiende el proceso penal uruguayo. El concepto de certeza jurídica y garantías individuales no son solo exigibles a la órbita civil y comercial, sino también a la penal. Máxime donde está en juego la libertad.

-En su resolución, la jueza sostuvo que sus clientes diseñaron "estratagemas y engaños" que consistieron en la creación de empresas subsidiarias que eran manejadas por amigos o familiares a las que desviaron fondos de Pluna. ¿Considera que hay pruebas de esa situación?

-Ninguna. Mis clientes son totalmente inocentes, por lo que no existe prueba de delito alguno. Además, por una parte, los 30 testigos que declararon hasta el momento, muchos de los funcionarios públicos, veedores oficiales designados por el Estado, aseguraron en todos los casos que no observaron conductas delictivas de ningún tipo. Por otra parte, hay ocho opiniones de expertos legales en materia penal, civil y comercial, que confirman el correcto accionar de mis defendidos. Entregamos informes y pericias contables que manifiestan el actuar conforme a derecho de mis clientes.

-¿Campiani preveía vender su participación en Pluna y ocultó esa intención al Estado, tal como lo afirmó el fiscal al pedir los procesamientos?

-No hubo ocultamiento de ningún tipo. Desde un principio, el Estado y los privados habían acordado un procedimiento para la eventual venta del paquete accionario de Pluna S.A., que quedó plasmado en el Estatuto de Pluna. Este mecanismo hacía imposible una compraventa sin la aprobación del Estado uruguayo, por lo que es fácticamente imposible afirmar que se le intentó ocultar un hecho que para hacerse efectivo, debía necesitar el conocimiento y la aprobación del Estado. De hecho, este mecanismo fue exitosamente utilizado para la incorporación de Jazz en 2010.

-En su alegato previo a los procesamientos argumentó que los representantes estatales vinculados a Pluna conocían los balances y también el entramado jurídico existente. Si hubo delito del lado de Campiani y sus socios, ¿eso no los transforma en cómplices?

-No podemos hablar de cómplices porque no existió delito. Todas las acciones cuestionadas en la vista fiscal y en el auto de procesamiento eran conocidas por el Estado, como consta en las actas y contratos respectivos. En ningún caso existió denuncia alguna de ningún funcionario público relacionado con Pluna. Esto es relevante, porque el artículo 177 del Código Penal obliga a todo funcionario público a denunciar cualquier conducta delictiva.

-En junio de 2012, al entregar la mayoría del paquete accionario de Pluna, Leadgate dejó un pasivo de US$ 301,5 millones y un activo de US$ 290 millones. ¿Por qué fue tan mala la gestión?

-Una gestión empresarial no puede ser motivo de cuestionamiento penal. En segundo lugar, y como consta en los estados contables auditados de Pluna, la gestión de los privados logró reducir las pérdidas de -US$ 42 millones a- US$ 8 millones, del 2007 al 2011, y también aumentar el ratio de Activos/Pasivos, desde un 85% en 2007 a un 96% en 2011, y esto nunca fue objeto de controversia. Ahora bien, en toda industria hay factores externos, fuera del control de una empresa, como por ejemplo el alto precio del combustible en Uruguay, que dificultaron la marcha de la empresa. Ante la imposibilidad de nivelar el entorno competitivo, los privados se retiraron, perdiendo los US$ 30 millones que habían invertido. La realidad les dio la razón, porque apenas unos meses más tarde cuando Ancap, viendo que otras aerolíneas se retiraban del Uruguay, finalmente bajó el precio del combustible de aviación.
"No se explican la prisión"

Barrera dijo que Campiani, Hirsch y Álvarez Demalde "no se explican cómo habiendo colaborado siempre con la Justicia y la investigación y habiendo aportado innumerables pruebas y viajado especialmente desde el exterior en forma voluntaria para dar su testimonio por segunda vez, están presos durante el juicio". Los empresarios llevan un mes y medio en prisión y el contacto con sus familiares, al vivir en el exterior "es difícil", dijo.

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