Conocido el fallo de inconstitucionalidad de la ley 18 931, ¿qué piensa hacer el Poder Ejecutivo?

Aunque sea obvio, permítame señalar que corresponde respetar y cumplir en todos sus términos el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Es nuestra intención colaborar con la jueza a cargo del concurso y con la sindicatura en todo lo que corresponda. Ahora el tema pasa a regirse por lo previsto en el régimen general de concursos.

Tanto es así que me adelanto a decirle que, habiendo escuchado que el síndico va a hacer un planteo de inconstitucionalidad, es nuestra intención allanarnos al planteo, de manera que no haya necesidad de que el asunto sea objeto de ninguna clase de controversia ni contratiempo. Hasta ahora hemos mantenido el valor de los activos, hemos evitado que se genere daño sobre la masa del concurso y solo falta que el síndico accione.

Se dijo que se espera por la elaboración de informes para definir los pasos a dar

En la reunión del Consejo de Ministros del pasado sábado, en la cual participé, no se solicitaron ninguna clase de informes. Sobre el tema Pluna, apenas si mencioné que estábamos analizando la situación. Nada más.

Insisto, conocido el fallo de la Suprema Corte de Justicia el curso de acción pasa a estar regulado por el régimen general de concursos y vamos a colaborar en todo lo que corresponda.

¿Cómo interpretó el fallo de la Suprema Corte de Justicia?

No soy jurista pero tengo claro que los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia no debo interpretarlos ni en su sustancia ni en sus intenciones. En este caso lo que ocurrió es que, según la Corte, hay normas de orden superior contra las cuales la ley 18 931 entró en colisión.

Volviendo al fallo de la Corte, ¿le sorprendió?

La iniciativa que le propusimos al Parlamento fue, en lo previo, analizada con toda exigencia desde el punto de vista jurídico. Creímos haber tomado todos los resguardos necesarios desde ese punto de vista.

Habiendo dejado claramente establecido lo anterior, es decir, que nos disponemos a hacer todo lo necesario para cumplir con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, mentiría si no le dijera que hay algunos aspectos que, por así decirlo, nos provocaron sorpresa.

¿Cuáles?

Antes de responder a su pregunta permítame señalar que si propusimos la ley 18.931 fue porque creímos de buena fe y de manera que entendimos jurídicamente fundada, que la normativa propuesta era la mejor forma de generar las condiciones para intentar resolver los problemas derivados de la quiebra de Pluna SA.

Existiendo una ley concursal, y habiéndose presentado la empresa a concurso, entendimos, y así lo expusimos en distintas instancias, que la ley 18.931 estaba claramente inspirada y fundamentada en razones de “interés general”. Sí puedo decirles que la ley ahora declarada inconstitucional no tenía otro propósito que favorecer el interés general y ningún interés particular. La Suprema Corte de Justicia no lo entendió así. Lo cierto es que estamos frente a un fallo inapelable con el que, en este aspecto, mantenemos una opinión diferente. La Ley fue inspirada en razones de interés general y trató de ofrecer una solución más eficiente que la prevista en la normativa general para procesar el concurso de la empresa.

El fallo estableció, por otra parte, que con la ley 18.931 se había desconocido el principio de separación de poderes. No pretendo entrar en el análisis de este aspecto desde el punto de vista jurídico. La sentencia es contundente afirmando que se violó la separación de poderes.

Lo que entiendo importante aclarar es que durante el proceso de elaboración del proyecto jamás imaginamos que la iniciativa podía llegar a ser objeto de esa clase de cuestionamiento. No recibimos una sola advertencia en este sentido.

Permítame agregar algo más. Por encima y antes de mi condición de ministro de Economía y Finanzas, soy un ciudadano que, como tantos otros, vivió la dictadura y tengo muy claro el significado de la separación de poderes y su valor para el funcionamiento democrático.

Le confieso que esa observación de la Suprema Corte de Justicia me impactó especialmente. Si alguien siquiera me hubiera advertido sobre esta posibilidad, jamás habría impulsado el proyecto. No tengo problema en reconocerlo.

La oposición ha reiterado aquello de “se lo advertimos” …

Si fuera por las “advertencias” de la oposición… La oposición ha sido, y es, especialista en “advertir” acerca de la inminencia de catástrofes de todo tipo que ocurrirán como consecuencia de las acciones de los gobiernos del Frente Amplio. Por ejemplo, y apenas aludiendo a un caso de mi área de competencia, en 2007 se anunciaba que la Reforma Tributaria iba a provocar toda clase de cataclismos económicos. Cinco años después, las iniciativas que culminaron con la reimplantación del Impuesto al Patrimonio a las actividades agropecuarias económicamente más importantes merecieron comentarios parecidos.

Pero no quisiera eludir su pregunta, que está referida específicamente a este tema. La oposición estuvo en contra del cierre de Pluna SA, a pesar de que la empresa había caído en estado de insolvencia y no disponía de liquidez para seguir funcionando. Se planteaba asimismo, que el Estado no debía hacerse cargo de los costos relacionados con el proceso de liquidación de la empresa.

Obsérvese que se pretendía que la empresa siguiera en actividad, que los acreedores continuaran cobrando y que al Estado no le costara un peso. Simplemente esto no era posible. La empresa estaba en quiebra y lo que el gobierno se propuso hacer fue lidiar de la manera menos costosa posible con las consecuencias del concurso.

Es en este contexto que se deben entender las “advertencias” de la oposición acerca de la inconstitucionalidad de la ley 18.931.

Respeto, como el que más, el papel que juega la oposición. Es importante que desarrolle su tarea de control y de crítica. Ahora bien, sería bueno que, también, comprendiera algunos datos fundamentales del problema que enfrentamos. Para tratar de solucionar un problema hay que entenderlo. Nosotros tratamos de hacerlo. Propusimos un curso de acción y la Suprema Corte de Justicia entendió que el mismo no era compatible con ciertos preceptos constitucionales.

¿Usted se plantea una autocrítica respecto de la elaboración de la ley declarada inconstitucional?

Por supuesto. Recién lo reconocí, no tengo ningún reparo en hacerlo, creo que es lo que debemos hacer los gobernantes, reconocer cuando nos equivocamos.

Era mucho más cómodo y fácil haber seguido el proceso señalado por la ley de concursos, pero entendimos que, de seguir por ese camino, se corría el riesgo, con alta probabilidad de ocurrencia, de pulverizar el valor de las aeronaves.

Pero quiero que quede claro que el tema está saldado desde el punto de vista jurídico. La Suprema Corte de Justicia se expidió de manera clara y contundente.

¿Y respecto a que la ley afectaba la seguridad jurídica?

Mire, el esfuerzo que hemos realizado desde el año 2005 para generar las condiciones para el despliegue de la inversión y, en general, de la actividad económica, no tiene precedentes. Y otorgar la necesaria seguridad jurídica fue, y es, una pieza clave en nuestra estrategia. Nadie mejor que nosotros conoce la relevancia que tiene la seguridad jurídica para el correcto funcionamiento de las instituciones económicas.

Lo cierto es que la oposición plantea una nueva interpelación sobre el tema…

Una más. Entiendo las interpelaciones como espacios para informar, debatir y asumir responsabilidades. Lo que incluye asumirlas cuando se trata de temas en que las cosas no evolucionan de acuerdo a lo que estaba previsto, como es el caso.

Mi formación y mi forma de actuar en la vida no me permiten hacer otra cosa que asumir responsabilidades. No me reconocería a mí mismo si no lo hiciera. Obviamente, me siento plenamente responsable por lo actuado.

¿Piensa renunciar?

El sr. Presidente tiene mi renuncia sobre la mesa desde el primer día en que asumí el cargo de ministro de Economía y Finanzas. Mi alejamiento o mi permanencia en funciones depende, antes que todo, de la opinión del Presidente. La disposición a dejar el cargo es inherente a la responsabilidad que pesa sobre un ministro. El alejamiento de un ministro es perfectamente comprensible en el marco del funcionamiento de nuestro sistema de gobierno.

Lo que no puede ocurrir es que el recurso a la renuncia se convierta en una forma de incumplir con las obligaciones o como una excusa para no dar las explicaciones que corresponden. Y mucho menos que, ante esta nueva situación, luego del fallo, yo me repliegue ante mis obligaciones con el gobierno y con mis compañeros del gobierno.

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