Una de las razones que esgrimió el gobierno para no permitir este ingreso, es que muchos, tal vez demasiados de los 20.000 argentinos que han ingresado al Uruguay al amparo de la excepción de residencia, pues la tienen de ambas márgenes del Río de la Plata,  dan información errónea a las autoridades y no cumplen con la cuarentena preceptiva, lo que no sólo los transforma en un potencial peligro sanitario, sino que provocan el malestar de los ciudadanos uruguayos.

Frente a esta situación, el Director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Luis Borsari, propuso la posibilidad que aquellos propietarios de viviendas en Uruguay, pero sin residencia, pudieran entrar al país cumpliendo el protocolo (PCR negativo, declaración jurada, y 7 a 14 días de cuarentena según el caso), pero agregando una pulsera electrónica (a costo del visitante) para un mejor control de cumplimiento. Y que la unidad de seguimiento estuviera a cargo de las Fuerzas Armadas.

También se sigue insistiendo con los "hoteles burbuja", ya sea para el cumplimiento de cuarentena como para recibir a aquellos viajeros que, aunque no tienen propiedades en el país, quieren y pueden costear su estadía en el país por un período de más de 14 días.

Las propuestas apuntan a mantener el estatus sanitario del país, y al mismo tiempo captar a un público de alto poder adquisitivo que no por el número, sino por el gasto individual, podría ayudar a que la crisis no siga destruyendo puestos de trabajo y forzando al cierre de emprendimientos turísticos.

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