La razón esgrimida fue el alto costo de la actividad, unos tres millones de dólares, de los cuales poco más de la mitad cubrirían el alquiler del Centro de Convenciones y la cena de gala. Como comparación se divulgó que dicha cifra era equivalente a tres meses de combustible de la flota de patrulleros o un año de servicio de las tobilleras empleadas fundamentalmente en casos de violencia doméstica.

El Tribunal de Cuentas de la República en su sesión de este jueves objetó los gastos de realización de este evento.

Este recorte forma parte de la revisión de gastos previstos, cortando aquellos que no sean los estrictos para atender las necesidades de la población.

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