por Carlos Velázquez, Dinero en imagen
Incluso por allí, alguno, en plan de crítica, consideró que habían servido las “presiones” del sector privado y que el CPTM tendrá los 550 millones de pesos a los que se hicieron referencia en este espacio ayer lunes, aunque ello en realidad nada tiene que ver con la idea de salvar al organismo.
La verdad está en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos que envió el Ejecutivo al Congreso, y en donde hay una referencia específica a la Ley de Derechos, pues se propone sustituir el propósito del Derecho de No Residente (DNR), para quedar como sigue: “(…) estableciendo que permanezca el porcentaje de participación a que tiene derecho el Instituto Nacional de Migración de 20% y a su vez destinar el 80% para estudios, proyectos de inversión en infraestructura que el gobierno federal determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país, generando una mayor derrama económica y una mejor calidad en los servicios que se ofrecen al turismo”.
Así es que, en pocas palabras, los recursos que se destinaban para promoción (70% del DNR) y para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (10%), ahora irán en su totalidad a fondear infraestructura turística.
Una decisión que, por un lado, reduce a menos de 7% los recursos que había no sólo para pagar campañas, sino sobre todo para hacer frente a crisis de imagen, contar con fondos para hacer investigaciones de mercado, mercadotecnia digital, alianzas con la industria, participar en ferias y otras muchas tareas.
Pero, además, se confirma la mala decisión de meter la promoción al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), por lo que en la próxima crisis económica, seguramente, será uno de los primeros renglones que resultarán eliminados como ocurría antes de que existiera el CPTM.
Pero, adicionalmente, deja una enorme laxitud al concepto de “infraestructura turística”, pues el Tren Maya es, sobre todo, una obra social para generar empleos temporales y conectar una de las regiones económicas más deprimidas del país.
Así es que el CPTM sí desaparecerá y Glenda Argüelles, la titular desde el viernes pasado, es una abogada enviada desde la Secretaría de Hacienda con la instrucción de cerrar esta sociedad anónima, lo cual ciertamente tardará algún tiempo.
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