La sala de la Suprema Corte de Justicia estuvo repleta en la audiencia in voce donde los abogados representante de Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A. y de los demandantes hicieron sus alegatos a favor y en contra de la constitucionalidad de la ley 18.931.

Los ministros de la Corporación escucharon los argumentos de las partes, luego se reunieron en privado para exa- minarlos y no llegaron a una definición, relataron fuentes del máximo organismo judicial a El País.

Agregaron que hoy jueves los ministros de la Corte volverán a estudiar el caso e intentar tomar una definición. Cuando esto se logre, comenzará la redacción de una sentencia con la posición de la mayoría de los ministros. En principio, en la Corte habría los tres votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la ley de liquidación de Pluna.

El primero en exponer en la audiencia de ayer miércoles fue el abogado Ricardo Olivera García, quien en representación del Estado solicitó que se rechace la inconstitucionalidad de la ley. Para ello adujo razones de forma y de fondo, las que dividió en cinco puntos "esenciales". En primer termino marcó la "falta de legitimación activa" de los reclamantes, porque sostuvo que no están verificados sus créditos y "no existe mecanismos certero" para conocer si son acreedores.

Agregó que por efecto del concurso es imposible presentar acciones personales y solo el síndico sería el legitimado para este tipo de acción de inconstitucionalidad. Todo esto lo consideró un "obstáculo formal" que impide seguir adelante con el caso.

En segundo lugar, Olivera García dijo que la aprobación de la ley 18.391 obedeció a "evidentes razones de interés general" que persiguieron tres objetivos, los que no se podían lograr con el procedimiento concursal ordinario: conservar el valor de los aviones y evitar su deterioro, preservar la conectividad del país y las fuentes de trabajo de los empleados de Pluna.

En tercer termino, afirmó que la ley "no causó perjuicio a los acreedores" y por el contrario "creó un escenario beneficioso para la masa", puesto que excluyó aviones cuyo valor estaba destruido y US$ 300 millones del pasivo de Pluna que asumió el Fideicomiso.

En cuarto lugar, Olivera García negó que Pluna Ente Autónomo sea acreedor subordinado de Pluna SA.

En quinto y último lugar, el abogado destacó que la ley cuestionada "se agotó, ya fue ejecutada" involucrando a actores que no son parte de este proceso judicial. Consideró que una declaración de inconstitucionalidad "se torna dificultosa o casi imposible" y no podrá "en ningún caso oponerse a estos terceros".
"Papelón".

Posteriormente argumentó Pablo Correa, abogado de un exgerente de Pluna que pide declarar inconstitucional la ley, quien cuestionó los argumentos esgrimidos por Olivera García e incluso su propia presencia en la audiencia, ya que sostuvo que debiera ser la sindicatura en representación de Pluna la que debiera representar a la aerolínea.

Correa recordó que Olivera García fue abogado de Leadgate y negoció en nombre de sus socios el acuerdo de indemnidad con el Estado, y que luego fue redactor de esta ley y patrocinante del concurso de Pluna.

Agregó que el interés general no se vio afectado, puesto que no mermó significativamente la cantidad de pasajeros y criticó los dos remates de aviones realizados. Al segundo lo calificó de "vergonzoso" y de "papelón".

Señaló que en ese remate se falseó la identidad del representante del comprador, la empresa tenia un solo avión y carecía de capacidad económica para esta operación, se obtuvo un aval del BROU hasta hoy discutido, no se pagó el precio comprometido y se cobró de una tercera empresa que no era la aseguradora.

Consideró que lo ocurrido no habría pasado si ese remate se hubiera realizado con garantías del Poder Judicial, por las vías previstas en la ley concursal o el representante de la empresa hubiera sido procesado. Afirmó que los siete aviones que quedan están sin volar, que el fideicomiso "generó gastos e ineficiencia".

Correa también criticó la forma de compra de tres aviones por Alas U con tres años de gracia y con 250 de los 700 empleados de Pluna. Añadió que el fracaso de la subasta fue porque los posibles interesados consideraban que las aeronaves tenían "títulos sucios" ante el riesgo de inconstitucionalidad.

Según Correa, se violaron los principios de igualdad y de separación de poderes y el derecho de propiedad. Agregó que el artículo del Ministerio de Economía dado a conocer el martes es "uno de los más flagrantes hechos de presión sobre el Poder Judicial", lo que calificó de lamentable.
Igualdad.

El abogado Daniel Germán habló en representación del sindico de Pluna y consideró que algunos aspectos de la ley violan principios de igualdad y seguridad jurídica.

Posteriormente, el abogado Guillermo María Rodríguez habló en representación de Wild Fi S.A., sostuvo que los créditos de los demandantes están reconocidos por la propia Pluna y que no existe un interés general en este caso sino un "interés político". Consideró que la norma es inconstitucional porque es contraria a principios de igualdad, seguridad jurídica e irretroactividad de las leyes.

En representación de los pasajeros damnificados habló la abogada Gisleine Barboza, quien también se pronunció a favor de la inconstitucionalidad de la ley.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, ratificó su dictamen, en que defendió la constitucionalidad de la norma.
Denuncia por difamación

La audiencia tuvo sus momentos de tensión entre los abogados Ricardo Olivera García y Pablo Correa. El primero de ellos anunció que denunciará penalmente por difamación a su colega. "No recuerdo que otro gobierno haya tenido tantas declaraciones de inconstitucionalidad. Lo grave es que no partieron de legisladores ni de integrantes del Poder Ejecutivo los proyectos de ley, partieron de colegas nuestros que cedieron a sus principios en aras de obtener cuantiosas ganancias. Eso es gravísimo porque nos expone como auxiliares de derecho a la categoría de timadores", dijo Correa en la audiencia in voce de ayer.

Sobre el final de la audiencia, Olivera García solicitó el uso de la palabra puesto que dijo que fue aludido. Algunos de los ministros de la Corte hablaron brevemente entre sí y decidieron concederle cinco minutos. Olivera García dijo que la Correa lo calificó de "timador", lo que implica haber cometido una estafa, por lo que solicitó que se pase a la Justicia penal las palabras de Correa, ya que consideró que incurrió en un delito de difamación.
Informe previo de Economía

El martes, el Ministerio de Economía y Finanzas hizo público un informe en que sostuvo que "no puede afirmarse" que la ley de liquidación de la aerolínea, al excluir del concurso judicial los aviones de la empresa hacia un fideicomiso, haya perjudicado a los acreedores.

"La actuación del fideicomiso liberó a la masa pasiva de Pluna S.A. de cerca de US$ 300 millones de deuda", expresa el informe. Este fue uno de los argumentos del doctor Olivera García.

Portal de América - En base a  El País Digital