Calvo Sánchez, a quien el rematador Mario Stefanoli llamó "el caballero de la derecha" durante la subasta, había sido citado en dos ocasiones pero no asistió. La primera fue en febrero, cuando la citación le fue enviada a la sede de Buquebus, y la segunda a principios de este mes, pero comunicó que en esa fecha no podía viajar desde España a Uruguay.

En la segunda ocasión, Calvo Sánchez, a través del abogado Jorge Pereira Schurmann (asesor de Buquebus, empresa propiedad del empresario Juan Carlos López Mena) se comprometió a viajar a Montevideo para prestar declaración antes de fines de abril.

Fuentes judiciales dijeron a El País que si bien la fecha para la comparecencia todavía no se fijó formalmente, la audiencia tendrá lugar la próxima semana. La jueza De los Santos está de licencia hasta el viernes, por lo que está descartado que tenga lugar esta semana.

Calvo Sánchez, vestido de impecable traje gris y pelo engominado, se presentó a la subasta de los siete aviones Bombardier que pertenecieron a la ex-Pluna y que se realizó en el predio de la Rural del Prado el 1° de octubre de 2012.

La subasta fue organizada por el fideicomiso creado por ley para administrar los aviones luego de que el gobierno decidiera cerrar la aerolínea, que desde 2007 era gestionada en forma mayoritaria por el consorcio Leadgate, del empresario argentino Matías Campiani.

Calvo Sánchez, de nacionalidad argentina y que en su momento trabajó para López Mena gestionando algunos de sus negocios en España, ofertó US$ 137 millones. Sin embargo, con el paso de los días, la compañía (que es muy poco conocida y se dedica a realizar vuelos chárteres en Europa) informó que desistía de confirmar la compra.

Ante ello, comenzaron a manejarse versiones sobre aparentes irregularidades en el aval por US$ 13 millones que el Banco República le otorgó a Cosmo para que pudiera presentarse a la subasta.

Así, de oficio, el fiscal Gómez pidió investigar el proceso por el cual la aerolínea española obtuvo el aval. El caso tiene como indagados al presidente del Banco República, Fernando Calloia, y al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, quienes ya declararon representados por abogados defensores a fines del año pasado.

La investigación busca determinar si el procedimiento para otorgar el aval se hizo cumpliendo todos los pasos formales que existen para un trámite de ese tipo, y por eso se estima que la declaración de Calvo Sánchez será clave.

Lorenzo reconoció que llamó a Calloia para que agilizara el trámite del aval. Calloia, a su vez, admitió que a raíz de la solicitud del ministro le pidió celeridad al funcionario que tenía a su cargo el tema.

Calloia también dijo que el aval fue tramitado a nombre del empresario Juan Carlos López Mena, pero al declarar (en calidad de testigo) el dueño de la naviera Buquebus y la aerolínea BQB negó tal extremo y afirmó que su función fue solamente la de contactar a Calvo Sánchez con el Banco República.

EL ACUERDO. El Banco República presentó ante la jueza De los Santos una copia del acuerdo por el cual López Mena se hará cargo de cubrir el aval otorgado a Cosmo por los US$ 13,6 millones.

La magistrada había intimado a que la institución presentara el documento en un plazo de diez días hábiles, cosa que se cumplió.

López Mena, quien contactó a Cosmo con el gobierno, realizó un pago inicial de US$ 1,5 millones y acordó que el resto lo abonará en ocho cuotas semestrales (cuatro años).

Una vez conocido el acuerdo con López Mena, desde la oposición reflotaron los cuestionamientos hacia cómo el gobierno manejó la subasta, y sobre todo las supuesta incidencia del empresario en el tema.

Portal de América - fuente: www.elpais.com.uy