por Pablo Meléndrez, El País

La jueza de concursos Teresita Rodríguez Mascardi, que tiene a su cargo el quiebre judicial de la exPluna, rechazó el pedido de embargo contra Campiani y sus socios Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, principales responsables del consorcio Leadgate, que fue accionista mayoritario de la aerolínea en vías de liquidación entre 2007 y el pasado mes de junio.

La solicitud de embargo genérico contra Campiani, Hirsch y Álvarez Demalde había sido presentada a fines de octubre por la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE), que actúa como síndico, lo que implica administrar los bienes de la empresa durante el proceso concursal.

AUPE pidió la medida contra los empresarios por US$ 30 millones ya que ese fue el monto del último reporte patrimonial negativo de la exPluna.

Sin embargo, la jueza Rodríguez Mascardi, tras analizar el pedido de embargo, decidió desestimar la medida cautelar contra los empresarios.

La magistrada fundamentó su decisión en el "compromiso de indemnidad" que el Estado y Leadgate firmaron en junio, cuando el accionista privado entregó sus acciones en Pluna, según dijeron fuentes judiciales consultadas por El País.

El acuerdo señala que el Estado y Pluna Ente Autónomo "se comprometen a mantener indemnes" a Sociedad Aeronáutica Oriental (consorcio privado integrado por Leadgate y Jazz y que tenía el 75% del paquete accionario de Pluna).

Asimismo, el Estado se compromete a mantener a salvo a los socios privados de la exaerolínea ante reclamaciones "de cualquier organismo público y/o de terceros que tuviera su causa en hechos o circunstancias en relación a Pluna, salvo la eventual responsabilidad civil derivada de ilícitos penales acreditados mediante sentencia penal ejecutoriada".

Para pedir el embargo de Campiani, Hirsch y Álvarez Demalde, AUPE se basó en lo que establece el artículo 25 de la ley de Declaración Judicial de Concurso y Reorganización Empresarial (18.387) vigente desde octubre de 2008.

"El juez, de manera fundada, también podrá trabar embargo sobre los bienes de ex administradores, ex liquidadores o ex integrantes del órgano de control interno, siempre que de un examen preliminar de los hechos surja que, durante el plazo de dos años anteriores a la declaración de concurso, conocieran el estado de insolvencia de la persona jurídica deudora", dice el artículo 25 de la ley de Declaración de Concurso.

ESCRIBANO. En tanto, a nivel de la Justicia de crimen organizado hay tres expedientes en trámite relativos a la situación de Pluna: el primero por pago de combustible a Ancap con cheques sin fondos; el segundo por una denuncia del Partido Nacional sobre irregularidades en la gestión de Leadgate y el último en torno al aval que el Banco República otorgó a la aerolínea española Cosmo por US$ 13,6 millones para que ésta pudiera participar del remate de los siete aviones Bombardier que pertenecieron a Pluna.

En el marco de esas indagatorias, la jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez tomarán declaración mañana al escribano Pablo Seitún, quien labró el acta de la subasta por la cual Antonio Sánchez, en representación de la aerolínea española Cosmo, ofertó US$ 137 millones por los aviones.

El emisario de Cosmo, que dijo ser español, en realidad es argentino y se llama Hernán Antonio Calvo Sánchez. El escribano, que deberá presentarse acompañado por un abogado, será interrogado sobre su actuación tras el frustrado remate, ya que Cosmo luego desistió del negocio.

La investigación sobre el aval otorgado a Cosmo fue iniciada de oficio por el fiscal Gómez. Por esa causa ya declaró como indagado el presidente del Banco República, Fernando Calloia, a quien la jueza De los Santos relevó del secreto bancario y por eso el jerarca dio detalles del proceso seguido por la institución bancaria.

Calloia dijo en el juzgado que recibió un planteo del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, para que el Banco República otorgara el aval a Cosmo. Lorenzo también deberá declarar, aunque por su condición de ministro podría hacerlo por un exhorto escrito.

El Banco República ya intimó a la aseguradora argentina Boston el pago de US$ 13,6 millones, ya que esa empresa del vecino país garantizó el aval otorgado a Cosmo.

Portal de América - fuente: El País Digital