Sin embargo, fuentes de la empresa aseguran que podría retomar la actividad tras la venta de algunos activos.
Según el preacuerdo, se mantendrá un colectivo de entre 35 y 40 personas para culminar las gestiones, que dejarán la empresa el 31 de octubre.
El documento enviado por el Comité Intercentros revela que el acuerdo final ha sido firmado por la empresa, los administradores concursales, el Comité Intercentros y los asesores de UGT y CNT.
Según explica el comité, los trabajadores han firmado aceptando los 32 días por año trabajado con 30 mensualidades y hasta un máximo de 70.000 euros, ya que la administración concursal ha afirmado que si no se firmaban estas condiciones recomendaría a la juez el pago de sólo 20 días por año trabajado con 12 mensualidades y a cargo del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Parte de la financiación del expediente provendrá del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el resto corresponderá a la masa concursal.
Puerta abierta a la viabilidad
Por su parte, fuentes de la compañía aseguraron ayer a Europa Press que esta operación no supone el fin de la actividad de Viajes Marsans, ya que "continúa pendiente de finalizarse la venta de algunos activos", lo que podría aportar fondos a la tesorería para "retomar poco a poco la actividad".
En este sentido, recuerdan que el acuerdo con los trabajadores les otorga "prioridad de contratación" ante la posible reapertura y recuperación de la actividad en las agencias del grupo. En concreto se trata de la cláusula de preferencia de contratación que han introducido en el preacuerdo los representantes sindicales “en el caso de que exista una futura viabilidad de la empresa, bien por sí misma o por la venta parcial o total a un tercero”.
Además, los representantes de los trabajadores han logrado introducir en el preacuerdo la garantía de cobro de la totalidad de las nóminas de junio; la garantía de cobro y voluntariedad para los 35 a 40 trabajadores que permanezcan hasta el 31 de octubre; un plan de acompañamiento social, que consiste en una bolsa de 1,9 millones de euros destinada al personal de difícil recolocación (trabajadores de 50 años o más, incluidos los que tengan jubilación parcial o alguna discapacidad); y que el contrato de los trabajadores en situación de excedencia, baja y los relevistas quede extinguido en la misma fecha que el resto de compañeros; y una cláusula de preferencia de contratación “en el caso de que exista una futura viabilidad de la empresa, bien por sí misma o por la venta parcial o total a un tercero”.
El comité aclara que ha tenido que descartar el ERE de suspensión, tras evaluarlo, pues concluye los trabajadores que estuvieran en esta situación tendrían un grave perjuicio en relación al cobro de las cantidades pactadas a mayores (las que estén por encima de lo que corresponde a abonar el FOGASA, 26.915 euros) y que constituyen crédito contra la masa. Y es que, finalizado el periodo de suspensión, si se produce una liquidación total los trabajadores “se pondrían a la cola de todos los acreedores (de los trabajadores que salgan en el primer ERE de extinción y de todos los acreedores cuyos créditos venzan durante el tiempo de suspensión)”.
fuente: hosteltur
