Editorial diario El Observador de Montevideo

Al comienzo de la administración Lacalle, el entonces presidente del Banco Central, Ramón Díaz, impuso a todo el sistema financiero funcionar durante los tres primeros días de Semana Santa, atendiendo al incrédulo estupor externo de que Uruguay desapareciera del mapa mundial durante todo una semana en materia de relaciones económicas internacionales, para dedicarse a la holganza y la diversión. Al mismo tiempo se aprobó una norma que obligaba a los funcionarios públicos a trabajar normalmente el lunes, martes y miércoles.

Algo, pero muy poco, ha quedado de esas decisiones razonables, por inacción de los tolerantes gobiernos siguientes. Los bancos cierran la mayoría de sus sucursales. Las carteras de Interior y Ganadería funcionaron normalmente esos tres días. Pero en Defensa y Trabajo solo operaban guardias escuetas, en tanto que los demás ministerios directamente se cerraron durante toda la semana. La práctica se extiende a otros muchos organismos del Estado. La Intendencia de Montevideo permanece cerrada a todo trámite. Y el directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se tomó vacaciones pese al estado calamitoso de la atención a la salud de los más pobres, incluyendo la urgencia de aclarar el reciente caso de una mujer muerta en Paso de los Toros por falta de atención.

El director de comunicación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Julián Canarek, intentó justificar esta penosa situación con el comentario de que “es una tradición cerrar en Turismo”. Las tradiciones son ciertamente respetables pero en forma alguna pueden llevar a trastocar la actividad económica del país entero. El turismo, las jineteadas y otros festejos criollos, la Semana de la Cerveza, la Vuelta Ciclista y otras festividades parecidas pueden realizarse aunque la gente trabaje y sin necesidad de que coincidan en la misma fecha.

La displicencia gubernamental en forzar el cumplimiento cabal de medidas lógicas adoptadas hace dos décadas afecta también al sector privado. Ante la imposibilidad de hacer trámites oficiales y el éxodo turístico del pueblo oriental, muchas empresas optan por cerrar y aprovechar para dar licencia a su personal. El resultado global es que el país se detiene mientras la mayoría de la gente se dedica al descanso o la diversión. Todos tienen derecho a esas prerrogativas. Pero lo que es indefendible es que la casi totalidad de la población lo haga al mismo tiempo durante siete días, imponiendo un cierre casi total en las áreas de mayor peso en la vida nacional.

No hace mucho tiempo el presidente José Mujica había conminado a los funcionarios públicos a que “dejen de inventar feriados para no laburar”. Pero este razonable llamado al trabajo es ignorado por casi toda la estructura estatal, empezando por el propio Poder Ejecutivo que Mujica encabeza. El gobierno abandonó cláusulas sensatas que había incluido en su proyecto de estatuto del funcionario público y cedió a las exigencias de los sindicatos, agrupados en COFE, de trabajar cada vez menos. Si el presidente se resolviera a cumplir su propia admonición, debería terminar con la semana de la parálisis y convertirla en una normal semana de trabajo. No tiene que ser Santa para todos, ya que mucha gente no es religiosa. Pero tampoco puede ser una generalizada vacación de Turismo.

Portal de América - Fuente: www.elobservador.com.uy