¿Qué pasa con la “institucionalidad” del Turismo?
Miércoles, 25 Enero 2012

¿Qué pasa con la “institucionalidad” del Turismo?

Aún cuando la ley tiene importantes vacíos y no especifica claramente algunas responsabilidades, está claro qué es lo que debe hacer cada uno de los actores responsables de llevar adelante la institucionalidad que tanto costó aprobar en el Parlamento.

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por Gilberto Wilton. periodista de APTUR Chile

El viernes 12 de febrero del 2010 se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.423 relativa al “sistema institucional para el desarrollo del turismo”, legislación que por primera vez le otorgaba al turismo un rol estratégico para el progreso del país “siendo prioridad dentro de las políticas de Estado, por lo que deberá promoverla de modo armónico e integral, impulsando su crecimiento sustentable en conformidad con las características de las regiones, comunas y localidades del país”.

Esto, en lo fundamental de sus disposiciones generales. Luego, al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción le cambia esta última expresión por la de “Turismo”. En el título II, la ley se refiere a la Política Nacional de Turismo, Planificación y Coordinación del sector y en el párrafo dos determina la creación del Comité de Ministros del Turismo.

No es nuestro ánimo reproducir todo el texto de la ley para llegar al fondo del comentario, pero hay que consignar que la mayor novedad fue la creación de la Subsecretaría de Turismo, un largo anhelo del sector que aplaudió la iniciativa.

Entre varias de sus obligaciones, corresponde a la Subsecretaría asesorar al Ministro Presidente del Comité en materias propias de su competencia; informar acerca de la marchas del sector; contratar personal, “supervigilar la elaboración, ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Acción del Servicio Nacional de Turismo”.

En ninguna parte dice que este plan ni ningún otro programa, ya sea de promoción, difusión, etc., tiene que hacerlo la Subsecretaría. Corresponde al Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) hacerse cargo de las decisiones que tome el Consejo de Ministros que está formado por los titulares de Economía, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Agricultura, Bienes Nacionales y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

En los últimos días hemos visto cómo el desarrollo “armónico e integral” del turismo que menciona la ley en su primera parte, se apartó de su espíritu.

RESPETAR DESIGNACIONES MEDIANTE LA ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

La renuncia presentada por el Director Nacional de Turismo, Álvaro Castilla, “por razones personales”, motivó que los funcionarios del Servicio culparan de su salida a la Subsecretaria de Turismo, acusación que nadie ha desmentido. Con justa razón, el personal pide respeto por la designación de una persona que postuló al cargo mediante la Alta Dirección Pública y que devolvió la fe en el trabajo después que en los primeros meses de la anterior dirección se despidiera a cerca de 40 funcionarios altamente calificados, entre ellos 13 de los 15 Directores Regionales, también nombrados a través de ADP.

Las sospechas del desencuentro entre uno y otro personero (ambos dependientes del Ministro de Economía, Fomento y Turismo), se hicieron notorias cuando el 17 de enero el Director Nacional de Turismo entregó la Cuenta Pública de su gestión sin la presencia ni del Ministro ni de la Subsecretaria, ambos anunciados por la asesoría de prensa del servicio. En días posteriores, la Subsecretaria encabezó dos acciones promocionales que no son de su competencia (según la ley), sin la presencia del Director Nacional que sí tiene tuición en el desarrollo de todos los programas que apruebe el Consejo de Ministros y así queda registrado en el artículo 28 del cuerpo legal cuando señala que “el Servicio Nacional de Turismo será el organismo responsable de las actividades y tareas que deriven de las funciones que se señalan en el artículo anterior y que hayan sido aprobadas por la Subsecretaría de Turismo. Podrá llevarlas a cabo a través o con la colaboración de entidades del sector privado”.

En resumidas cuentas, aún cuando la ley tiene importantes vacíos y no especifica claramente algunas responsabilidades, está claro qué es lo que debe hacer cada uno de los actores responsables de llevar adelante la institucionalidad que tanto costó aprobar en el Parlamento.

Hasta donde sabemos, y somos testigo de ello, el renunciado director estaba haciendo bien su trabajo e, incluso, sustituyó y excusó la inasistencia de la subsecretaria en muchos eventos importantes que requerían su presencia, señalando que “anda en terreno”. Es posible, pero también surgen dudas.

Portal de América

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