por Jaime Amador

“Colocar un monopolio como Aena en las manos de un privado, me parece que tiene demasiados riesgos”. José Carlos Francisco, el presidente de las gran patronal empresarial en la provincia de Tenerife ha puesto el dedo en la llaga en un asunto delicado: que un privado se quede con un aeropuerto que no tiene alternativas, es muy problemático porque, sin competencia, los precios que puede aplicar tienden a dispararse. Pero el presidente empresarial canario añadió que le parecería “más razonable que Canarias participara en la gestión de sus aeropuertos”. Y concluye “se lo digo yo, que abogo por más privatización en servicios sanitarios y educativos”. En esta segunda parte de su propuesta, el presidente canario yerra absolutamente, y él lo debe saber.

Veamos, que los aeropuertos pertenezcan al sector público tiene una ventaja impresionante: el Gobierno no tiene fin de lucro y no debería abusar de los precios que aplica. Sin embargo, todos sabemos que, pese a ese principio, hoy en día las tasas que cobra Aena son desmesuradas. Es la consecuencia de dos cosas que sí funcionan muy mal cuando una empresa es pública: las inversiones y la gestión. Las inversiones porque, como todos conocemos, Aena es un instrumento electoral y para que los alcaldes o presidentes autonómicos del partido del Gobierno ganen elecciones, se accede a construir aeropuertos innecesarios o de dimensiones disparatadas. El segundo fallo espectacular del sector público y concretamente de Aena es la gestión, en dos vertientes: por un lado la negociación con los sindicatos es un ceder permanente y, por otro, la eficiencia interna es mínima, dado que muchos altos cargos son nombrados por razones políticas y eso significa poner grandes inversiones en manos de indocumentados.

Estos son los cánceres de la empresa pública. Nada, absolutamente nada, permite pensar que la autonomía canaria o cualquier otra vaya a ser diferente. Incluso podríamos sospechar que su nepotismo es mayor. De hecho, todas las empresas públicas de las autonomías, sin excepción alguna, son caóticas. Con la pérdida importante de una ventaja que tiene su valor: Aena, al tener una dimensión nacional, si estuviera bien gestionada, podría lograr economías de escala significativas.

El sector privado, por el contrario, funciona al revés que el público. Sus virtudes son los defectos de Aena y sus puntos débiles, las virtudes públicas. Veamos: con los aeropuertos en manos privadas no corremos riesgo alguno de que gestionen mal (en el sentido de que no se optimice el gasto), de que haya exceso de inversiones o de que las negociaciones de convenios sean una risa. Ya se cuida el inversor de que eso no suceda, porque se juega su dinero. Pero tiene el riesgo contrario: poner en manos privadas un aeropuerto en régimen de monopolio, como sucedería con cualquier isla canaria, excepto Tenerife, sería peligroso como indica el presidente de la patronal tinerfeña, por los precios. O, alternativamente, por la caída de los estándares de servicios. Incluso si pusiéramos los dos aeropuertos tinerfeños en manos diferentes, habría que controlar con mucho cuidado que la competencia funcione, porque estamos en una situación comprometida. (¿Quién lo debería controlar? ¿Funcionarios con salarios infinitamente más bajos que los rendimientos de estas empresas? ¿Políticos con partidos ávidos de financiación?)

Sin embargo, en los países serios estos problemas de la empresa privada se conocen perfectamente y se resuelven. Por ejemplo, hay infinidad de líneas aéreas en régimen de monopolio, o aeropuertos en islas, o transportes sin competencia. En ese caso, la privatización se hace acompañada de un conjunto de exigencias que la empresa privada tiene que cumplir, so-pena de sanciones. Esas exigencias van desde precios máximos a ratios de servicio, a niveles de satisfacción de los clientes en encuestas independientes. Esto asegura que el monopolio no va a disparar los precios y que los ahorros no hundirán la calidad del servicio.

Es muy curioso que tanto en Baleares como en Canarias, muchos empresarios hayan pedido la intervención de sus gobiernos regionales (con experiencia nula) en la gestión aeronáutica. ¿Será que saben que en ese ámbito son ellos los que tienen poder para influir? Porque, no lo duden, aquí nadie da puntada sin hilo y siempre todo acaba en que el particular es el que paga de una manera u otra los efectos de los abusos ajenos.

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