Si hay un pecado que marca todo lo que ha sido el escándalo en torno al Caso Pluna, ése es sin duda, el de la soberbia.

Desde el momento en que el hoy vicepresidente Astori acercó la tarjeta de quienes supuestamente iban a salvar a la aerolínea, hasta la decisión de hacer una caravana de coches en apoyo del ex ministro Fernando Lorenzo, todo ha estado afectado por este problema.

Se podría hablar de la soberbia de aquel antiguo equipo que formaron Astori, Víctor Rossi, el ex presidente Tabaré Vázquez, y varios jerarcas de entonces, que se embarcaron en la aventura de la asociación con la empresa Leadgate, en un negocio tan complejo como la aviación comercial, cuando esa empresa no tenía ni antecedentes, ni profundidad de caja, ni nada que permitiera augurar un fin positivo. Se podría recordar todas las advertencias que se oyeron en aquel momento, incluso de parte del hoy presidente Mujica, pero nada hizo titubear a los "padrinos" del negocio, tan confiados en su capacidad y talento profesional.

Se podría hablar de la soberbia de los directivos de Leadgate, del tono con la que respondían a cada duda de la oposición o de la prensa, que parecían que se iban a comer el mundo y que tenían la receta perfecta para convertir aquel negocio ruinoso, en un éxito resonante.

Se podría hablar de la soberbia de este último equipo económico, de la forma displicente y despectiva con que trataron a los periodistas y dirigentes de la oposición que preguntaban y cuestionaban la forma por demás oscura en que tramitaron la muerte de Pluna, perjudicando a acreedores, empleados, y a los uruguayos en general, a los que les han causado pérdidas de varios cientos de millones, sin que por eso en ningún momento mostraran un mínimo de arrepentimiento. Quienes trabajando en los medios han debido tratar con estos jerarcas en estos años, han sabido padecer todas las aristas de esta conducta tan poco republicana.

Se podría hablar de la soberbia generalizada de la bancada y el gobierno frentista, que durante años hizo escarnio de aquellos gobernantes que fueron procesados por este mismo delito que hoy, de golpe, descubrieron que es inmoral e inconstitucional. Pero que hasta hace meses, defendían como una buena herramienta para enfrentar la corrupción y los chanchullos en el gobierno. En este punto, el ejemplo del senador Michelini resulta explícitamente chocante. Se presentaron en estos años de mayoría automática frentista varios proyectos para cambiar el tipo del "abuso de funciones", pero nunca se quisieron tratar ni analizar. Hasta esta semana.

Se podría hablar de la soberbia del presidente del BROU, Fernando Calloia, que el día que un fiscal solicita su procesamiento por abusos en el ejercicio de un cargo público, en el mismo caso en que acaba de costar el cargo al ministro de Economía, decide irse a ver un partido de tenis, y posa para las cámaras con cara de suficiente. O de la presidente del Frente Amplio, Mónica Xavier, que mientras todo el país observa atento la peor crisis de gobierno en casi una década, en medio de un escandalete que ha costado cientos de millones de dólares y la fuente de trabajo a muchos uruguayos, sale a los medios a decir que "no hay ninguna razón para bajar la cabeza".

Todas estas cosas dejan en claro una visión en la cual las mayorías electorales circunstanciales, dan una especie de carnet de superioridad moral inatacable. Nada más lejos de la realidad.

A esta altura ya hay algunas cosas que son indiscutibles. Que la asociación inicial con Leadgate fue un mal negocio para el país. Que el cierre posterior de la empresa fue apresurado y mal implementado. Que toda la opereta que siguió con los cambios legales de apuro, el payasesco remate, los avales "perfectos", y un etcétera interminable, han sido de una chapucería, de una improvisación, y de una falta de profesionalismo absolutamente desoladores. Esto sin entrar a valorar otro tipo de conductas dolosas que será la Justicia la que determine si existieron o no.

Frente a todo ello, frente a los millones de pérdidas, a los puestos de trabajo desaparecidos, frente al papelón generalizado, que se insista en que todo fue hecho de buena fe, y que por ese motivo en vez de castigos judiciales los funcionarios merecen poco menos que un aplauso, es algo peor que soberbia. Es faltarle el respeto a la inteligencia de la gente.

Portal de América - fuente El País Digital