Editorial de jornadanet.com de Bolivia

Ese respeto, sin embargo, debe ser recíproco, evitando, en lo posible, afectar a los intereses económicos, a la dignidad o a los mismos derechos humanos de los países que tienen relaciones diplomáticas y que promueven la inversión por parte de sus empresas, dentro de contratos con ellas, que pueden ser denunciados o anulados en cualquier momento.

Pero esa denuncia o rompimiento de acuerdos, tiene plazos y procedimientos que, en el caso de Bolivia, se encuentran enmarcados en nuestras leyes, en sus procedimientos y en los fallos que se emitan, los que deben tener un estricto cumplimiento por parte de los afectados.

En el último tiempo varias empresas españolas, y en las últimas horas la de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), han sido nacionalizadas, que en la definición del diccionario castellano significa "hacer que pasen al gobierno de una nación medios de producción y servicios explotados por particulares".

Sin embargo, esas medidas han sido adoptadas sin negociación previa, con la ocupación de predios y oficinas con el apoyo de la fuerza pública, denunciando, a la vez, el incumplimiento de las afectadas ya sea de contratos o compromisos, como es el caso de Sabsa, de la que se argumenta que "no ejecutó la inversión comprometida, mala administración y el haber pagado 26 mil bolivianos para administrar 430 millones de dólares".

En la percepción nacional, nos parece que los caminos pueden ser buenos, pero también debemos extrañarnos el por qué no se siguieron los pasos legales o judiciales o, si es necesario, diplomáticos, para la respectiva denuncia, el proceso y la sanción al incumplimiento, con el lógico resarcimiento de daños y la finalización del contrato.

Además, en este contexto, se encuentran las naciones a las que responden las empresas, como es el caso de la que comentamos, cuyos gobiernos están obligados a que se garanticen sus inversiones dentro o fuera de sus territorios, para lo que se firman convenios o tratados o, en su caso, en los documentos se establece claramente los procedimientos diplomáticos que implican pasos como los adoptados.

España ha reaccionado y ha puesto en tela de juicio las relaciones bilaterales con nuestro país, seguramente afectada por la serie de nacionalizaciones, que si bien implican un acto de soberanía, también pueden ser interpretados como una señal inamistosa que puede llevarnos a otros estamentos diplomáticos, al margen de las demandas internacionales en lo que se refiere a indemnizaciones y compensaciones.

Debemos tener en cuenta que la Península Ibérica es parte intrínseca de la Unión Europea, es decir de un conjunto de naciones que en este momento, si bien algunas se encuentran atravesando una crisis económica como Estados Unidos de Norteamérica, son indudablemente potencias económicas y políticas muy importantes en el concierto internacional.

No es nuestro afán cuestionar las medidas adoptadas, si las mismas se encuentran dentro de la política de favorecer al pueblo con empleos e ingresos más dignos, además de mejores servicios, pero creemos que es preciso que se ingrese a la mesa de las negociaciones no sólo con las empresas afectadas, sino con el propio Gobierno español, a fin de evitar problemas mayores que afecten en nuestra imagen internacional.

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