Recién cuando el actual intendente de Rocha, Artigas Barrios, dio el visto bueno a la idea, se iniciaron largas negociaciones y estudios que desembocaron el 28 de diciembre pasado en la aprobación definitiva del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dando el puntillazo que faltaba para que el puente comience a ser una realidad.

Entrar en la consideración de su conveniencia es terreno fangoso. Alcanza con prestarle oídos a los argumentos de las partes en pugna para dudar sobre una definición. Se contraponen argumentos que pueden resumirse en la ya conocida dicotomía entre el "progreso" y la "preservación de áreas naturales".

Los que están a favor aducen que Rocha se beneficiaría de todo aquello que ya tiene Maldonado: un turismo de alto poder adquisitivo que elevará el nivel de su zona costera y traerá divisas al departamento. Advierten también que el beneficio alcanzará a toda la actividad turística del país y, con sencilla lógica spielbergiana, creen que de todas formas, el progreso, como la vida, "a la larga se abre paso". Es decir, por más que hoy haya quienes se le opongan, el puente será, tarde o temprano, una realidad.

Los que se oponen (fundamentalmente vecinos de José Ignacio, miembros de organizaciones ambientalistas y algunos rochenses como el edil nacionalista Alfredo Bonfiglio) señalan que los únicos beneficiarios son el empresario que adquirió los terrenos inmediatos a la laguna y sus compradores, ya que la población trabajadora de Rocha ni siquiera aportará servicios a esa área porque todos los insumos llegarán desde Maldonado. Y por supuesto que a eso le adosan el argumento ambientalista, es decir, la inconveniencia de una obra que acarrearía alteraciones al ecosistema de la laguna. En contrapartida, algunos proponen la mejora del servicio de balsas (a electricidad, para evitar contaminación) y hasta hay vecinos de José Ignacio que se animan a asumir el costo de su instalación.

Desde el punto de vista de atracción turística esto último parece atendible. Puentes hay en todas partes del mundo y no siempre sorprenden (por más que el diseño circular del arquitecto Viñoly resulte por lo menos curioso) mientras que llegar a sitios turísticos mediante una balsa resulta más original. Se sabe que hay una importante porción de turismo europeo, por ejemplo, que está en permanente búsqueda de lugares agrestes de difícil acceso.

Más allá de la discusión y de la conveniencia o no del polemizado puente, hay un aspecto que vale señalar: la importancia de que haya gente que, tenga o no intereses económicos en el asunto, se preocupen por la defensa del terruño. Que el empresario pretenda un puente porque valoriza los terrenos que quiere vender no ilegitimiza su argumento en pro "del progreso de la zona". Y por su parte, que los vecinos de José Ignacio no quieran el puente para evitar que una zona agreste y pacífica como es hoy se altere con una vía rápida es también legítimo. Descalificar al empresario porque hace su negocio (sin valorar si le da al área un mayor potencial turístico) o a los vecinos de José Ignacio "porque son ricos y quieren el lugar sólo para ellos" (como se escuchó a algún político de mente estrecha e ideologizada) es desconocer la importancia que los vecinos, sean de José Ignacio, del Prado, de Punta Carretas o Villa Muñoz, han hecho por sus lugares. Los vecinos son siempre los que mejor van a defender sus terruños, los que mejor conocen sus virtudes y sus debilidades, los que muchas veces se han sacrificado en beneficio del barrio, los que han aportado en comisiones de fomento u otras sus ideas, su tiempo y hasta su dinero. Son ellos los que le dan personalidad a cada lugar. Sean ricos o sean modestos su grano de arena está presente en todos los barrios y poblados de cada rincón del Uruguay. Eso no se puede desconocer y, en consecuencia, su opinión debe ser siempre valorada y jamás descalificada. Y mucho menos por barata politiquería.

Artículo Editorial de El País Digital

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