Hay tanta soberbia "progresista" y tan escasa es la humildad republicana en el gobierno, que lo llevó a pensar que los ciudadanos son todos "nabos", en la jerga oficialista. Así pasó lo que pasó. Se la creyeron y ahora el juzgado del Crimen Organizado a cargo de la Dra. Adriana de los Santos ha tomado cartas en el asunto a instancias del fiscal Juan Gómez, lo que ha generado nerviosismo en los protagonistas, que buscan desmarcarse, miran suspicaces de reojo a sus socios y con ello aparecen nuevas revelaciones y declaraciones cruzadas.

En estos días el tema en debate ha sido el aval, que de repente no es aval sino una fianza, donde se designó como beneficiario al Ministerio de Economía y no al fideicomiso, que el Banco República no se percató de esta irregularidad a la hora de aceptarlo, pero sí al momento de tener que pagar y quizás, si la suerte ayuda, posteriormente cobrar. La "garantía perfecta" de la que hablaba desde las alturas Fernando Calloia, presidente del BROU, parece que va a necesitar de varios trámites judiciales (que siempre son de resultado incierto) y no se descarta que pueda llegar a cobrarse el Día del Arquero.

Pero el tema del aval bien puede mirarse desde otro aspecto: las disposiciones del Banco Central, comprendidas bajo el título de "Protección del Sistema Financiero Contra Actividades Ilícitas", con especial mención al Lavado de Activos (narcotráfico) y Financiamiento del Terrorismo. Realmente impresiona todo este conjunto de palabras y no es para menos: están referidas a la seguridad nacional e incluso de otros países que pueden ser afectados por la falta de controles pertinentes, lo que llevaría a reclamos y a un franco deterioro de la imagen de seriedad uruguaya.

Allí se exige que las instituciones financieras (Banco República, por ejemplo), deben tener un cabal conocimiento de sus clientes. En tal sentido, su identificación, su domicilio, sus estatutos, su debida y acreditada representación, la descripción de sus actividades, la información económica financiera que se acompase con la operación a realizar, su estructura de propiedad, son todos elementos necesarios para que alguien (persona física o jurídica), pueda operar. La pregunta es obvia: ¿cómo pueden haberse cumplido todos estos requisitos en el caso de un cliente que las autoridades, no ya del BROU sino incluso del Ministerio de Economía, reconocieron no tener idea de su existencia anterior y que, de no haber venido recomendado (López Mena), ni siquiera lo hubieran atendido? ¿Un cliente que apareció como por arte de birlibirloque pocas horas antes de la subasta, se le puso alfombra roja y se le abrieron todas las puertas?

La respuesta es, también, obvia: se violaron impúdicamente todas las previsiones bancocentralistas para la Protección del Sistema Financiero contra Actividades Ilícitas. Nuestro zar en la lucha contra el Lavado de Activos en el país, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, ¿ha reaccionado indignado ante esta flagrante violación de las normas, que sientan un peligrosísimo antecedente y exponen al país ante la comunidad internacional? Nada de nada; sigue denunciando grandes conspiraciones (en Punta del Este sobre todo), mientras sus compañeros, en sus narices, hacen trizas las disposiciones por cuyo cumplimiento él debería velar.

Y entonces volvemos a lo que ya hemos sostenido en más de una ocasión; la responsabilidad de Pluna no es de Lorenzo, Calloia o Astori. Es de todo el Frente Amplio, porque esta historia se empezó a escribir en la administración Vázquez, ha crecido (demasiado) con Mujica y todos han participado en ella o hacen cola para hacerlo. Algunos tendrán más responsabilidad, pero todos son culpables.

Artículo editorial de El País del domingo 15 de diciembre

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