Editorial de ABC Color de Paraguay

Los argentinos siguen soportando un sofocante cerco financiero que les impide ejercer libremente su derecho a disponer de los recursos que generaron con su propio sacrificio. Fue sorprendente, pero también reveladora del estado de espíritu que anima la gestión gubernativa de la Presidenta argentina, la confesión formulada por Cristina Fernández de Kirchner en un extenso discurso transmitido por cadena nacional algunas pocas semanas atrás: “Solo hay que tenerle temor a Dios... Y a mí, en todo caso, un poquito”. Y realmente que, a la luz de los hechos que se están sucediendo actualmente en el vecino país, existen más que sobrados motivos para temerle a la Mandataria, sobre todo a las policíacas políticas que impulsa en materia económica. Un negro panorama se cierne hoy para los argentinos.

La verdad de las cosas es que Argentina se está convirtiendo, lenta pero sistemáticamente, en un Estado de corte socialista. Pero analicemos algunas de las más recientes determinaciones implementadas allí. A principios del presente año, el Gobierno comenzó a aplicar una serie de agresivas medidas tendientes a controlar y evitar el uso de dólares en la economía formal.

Nada de dólares en el bolsillo de los argentinos, ni para comprar propiedades, ni para hacer transacciones comerciales ni, desde luego, para gastar en el exterior, sin la debida autorización de las autoridades. Evidentemente, como resultado de esta política restrictiva, la cotización del dólar comenzó a dispararse –pese a los esfuerzos del Gobierno por controlarlo–, generando al mismo tiempo la existencia del doble cambio y un mercado subterráneo en el que se comercializan las divisas.

Estas variaciones, a su vez, tienen su impacto en términos macroeconómicos, produciendo una inflación cada día más difícil de contener.

Las restricciones se aplicaron con posterioridad a los que se desplazan al exterior, a quienes se fuerza a solicitar la autorización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para adquirir los dólares que se pretenden gastar en los viajes de turismo. El requerimiento debe realizarse siete días antes del traslado y, fundamentalmente, ser proporcional a los ingresos que se declaran al fisco. Si, finalmente, el interesado no viaja, por el motivo que fuere, está obligado a devolver los dólares adquiridos al Estado. Si no lo hace, se convierte en objeto de investigación.

Días atrás, el Gobierno subió la apuesta en pos del total dominio de la economía, el control de divisas y la supervisación absoluta de los intercambios comerciales, y propuso el control de las listas de los pasajeros de avión, con el supuesto objetivo de detectar eventuales casos de evasión fiscal.

La AFIP dispuso que las compañías aéreas le transmitan los datos de todos los pasajeros que se trasladan al exterior, independientemente de si solicitaron comprar divisas o no, de forma tal que se pueda cruzar esos datos con sus respectivas declaraciones al fisco.

A este paso, solo resta que en Argentina suceda lo mismo que tiene lugar en Cuba, donde nadie puede salir del país sin contar con la debida autorización del Gobierno, el cual –dicho sea de paso– se toma todo el tiempo del mundo para expedirse sobre la solicitud.

Pese a todo esto, la señora Kirchner sostiene que sus compatriotas son totalmente libres de viajar, y señala que las trabas crecientes para trasladarse al exterior son parte de un “mito urbano”. Por lo visto, la Presidenta argentina tiene una idea bastante original de lo que significa el concepto libertad.

Por lo pronto, ella solo puede ser ejercida por los argentinos en tanto y en cuanto el Gobierno les da la luz verde.

Todo esto puede ser sintetizado de la siguiente manera: para el Estado argentino, todos los ciudadanos son delincuentes hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, ellos son merecedores de control, confiscación y hasta espionaje. Es la instauración definitiva del Estado-Policía, que muchos habíamos creído totalmente superado tras el derrumbe del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, a comienzos de la década de 1990.

Es evidente que, más allá de las serias implicancias que estas polémicas medidas generarán –de hecho, ya están generando– en la economía argentina –la cual está siendo conducida a un proceso de sistemática planificación estatal al más puro estilo soviético–, lo que está siendo directamente impactado es el estilo de vida de un pueblo entero, al que se está enmarcando forzadamente en un sistema totalitario de restricción de sus libertades más elementales.

En estas adversas condiciones, hay que darle la razón a la señora Kirchner. Es cierto, todo lo que está sucediendo en su país es de terror; es como para temerle.

Indudablemente, esta situación debería generar un estado de profunda alarma en los sectores democráticos de la sociedad argentina, pero también en los países que circundamos a esta nación. Es menester unir esfuerzos para evitar que esta parte del continente termine cayendo definitivamente en manos de un proyecto autoritario que hace de la eliminación de la iniciativa privada y la supresión de las libertades públicas el buque insignia de su programa político totalitario.

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