por Thomas J. Donahue*

Los ejemplos abundan; en estos últimos años las cortes nicaragüenses han emitido sentencias por miles de millones de dólares en contra de compañías estadounidenses, bajo una ley nacional especialmente diseñada para limitar su defensa.

Aunque las cortes de los Estados Unidos se han negado a ejecutar las sentencias de tribunales nicaragüenses alegando violaciones al debido proceso, la posibilidad de su ejecución cuelga como una espada de Damocles sobre la cabeza de estas empresas, lo que da lugar a mucha incertidumbre y desalienta tanto las inversiones como las contrataciones, e incluso genera considerables costos legales.

El 'turismo legal' alcanza la cima en el caso en contra de Chevron

En el 2003 Chevron Corporation fue enjuiciada en el Ecuador por daños ambientales supuestamente causados por las operaciones petroleras de Texaco que cesaron hace más de una década. La demanda fue entablada a pesar de que Texaco, adquirida por Chevron en el 2001, había concluido sus operaciones en el Ecuador en 1992, y había resuelto con el gobierno del Ecuador todo reclamo pendiente relacionado con limpieza ambiental en 1994.

Sentencias absurdas

Aún así, en febrero de 2011, un juez ecuatoriano ordenó a Chevron pagar 8.600 millones de dólares en indemnizaciones y, de manera increíble, el mismo juez ordenó incrementar esta suma a 18.600 millones de dólares porque la compañía se habría negado a presentar sus disculpas públicas en un plazo de 15 días tras ser emitida la sentencia. Es el monto más alto ordenado en una sentencia emitida por una corte extranjera en contra de una compañía de los EEUU.

Dado que Chevron no posee activos en el Ecuador, los abogados de los demandantes se han embarcado en una especie de "turismo judicial" y han diseñado un plan para cobrar la sentencia en cualquier lugar en el que Chevron tenga negocios.

El primer destino ha sido los Estados Unidos. Con pruebas fehacientes de que la sentencia ecuatoriana es el producto de fraude, Chevron logró ganar un mandato judicial de una corte federal en Nueva York, la que entre otras cosas, evitaba el cobro de la sentencia en los Estados Unidos.  Dicha orden fue invalidada por una corte superior y el caso está al momento ante la Corte Suprema.

Con esta nueva táctica, los abogados de los demandantes podrían establecer un desafortunado precedente que llevaría a la quiebra a cientos de compañías que mantienen operaciones en el exterior, además de socavar nuestra economía y subvertir el estado de derecho. Por lo tanto ¿qué es lo que se debe hacer para evitarlo?

En primer lugar, se requiere de una legislación federal para eliminar la mescolanza de leyes estatales inconsistentes, permisivas y contradictorias que rigen para el reconocimiento de sentencias extranjeras. Los estados tienen normas diferentes, pero la mayoría de ellas muestran gran deferencia hacia las cortes extranjeras y muchas se basan en normas jurídicas que datan de hace más de un siglo, antes de la era moderna del comercio global, la proliferación de juicios y la justicia como botín.

Poner fin al "turismo legal"

Necesitamos una sola ley federal que sea clara, uniforme y moderna; una ley que reconozca las sentencias extranjeras sólo cuando hayan sido obtenidas de manera justa, razonable y legal.

En primer lugar, en el 2010, el Congreso de manera efectiva enfrentó una nueva forma de búsqueda internacional de foro conveniente, conocida como "turismo de libelo". Los demandantes lograban sentencias favorables en juicios por difamación, entablados en contra de autores estadounidenses y emitidas por cortes extranjeras y luego buscaban  que éstas sean reconocidas en los Estados Unidos.

De manera unánime el Congreso aprobó una ley que permite a los demandados provenientes de los Estados Unidos impedir la ejecución de sentencias internacionales por difamación que no cumplan con los requisitos de libertad de expresión establecidos en la Primera Enmienda.  El Congreso ahora debería enfrentar el tema del "turismo judicial" de la misma manera.

Segundo, la Corte Suprema de los Estados Unidos debería tratar el caso de Chevron y ordenar que cuando exista evidencia de que una sentencia emitida por una corte extranjera haya sido obtenida a través de fraude y corrupción, la víctima de la malhabida sentencia tenga derecho, de manera preventiva, a impedir el reconocimiento y ejecución de la misma ante las cortes de los EEUU. La Cámara de los Estados Unidos presentó una petición amicus curiae urgiendo a la Corte Suprema a proceder de esa manera; las compañías estadounidenses no deberían tener que esperar durante años, perseguidas por el fantasma de una sentencia de varios miles de millones de dólares sin posibilidad alguna de cuestionarla de manera preventiva ante las cortes de los EEUU.

Una sentencia favorable de la Corte Suprema enviaría un mensaje a los abogados de los demandantes para que eliminen esta abusiva táctica de su libreto.

Las cortes de los EEUU deberían continuar respetando y exigiendo el cumplimiento de las decisiones de las cortes extranjeras en los casos apropiados. Sin embargo, la Corte Suprema y el Congreso deben asegurar que los jueces tengan las herramientas necesarias para proteger a las empresas estadounidenses de los abogados de los demandantes que se aprovechan injustamente de la hospitalidad legal de los EE.UU.

Esto es lo que sería conveniente para los negocios, la economía y para los ciudadanos de los Estados Unidos.

*Thomas J. Donohue es presidente y CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos

Portal de América - Fuente: Investor Business Daily, publicado por america.infobae.com