El comprador de los siete aviones fue Pluna SA con la garantía del Estado uruguayo. El monto total, a pesar que El País cada vez que se refiere a este tema recuerda que Campiani está preso e insiste con los 203 millones, fue de 162 millones de dólares, correspondientes a un promedio de poco más de 23 millones de dólares cada uno de los siete aviones como figura en las facturas chequeadas por el PDA.

Hasta el 15 de junio de 2012 fecha en la que el exministro Fernando Lorenzo le exigió a Campiani y a sus socios la devolución de las acciones por el 75% y su inmediata salida de la sociedad, la empresa no tenía la menor señal de cierre, funcionaba normalmente y estaba al día con el fisco uruguayo, con el pago de los haberes a los funcionarios, con las cuotas de la financiación de los siete CRJ900 comprados y con el leasing de los otros seis aviones que conformaban la flota de trece aeronaves. Tenía problemas financieros y arrastraba deudas con proveedores, entre ellos ANCAP.

También se habían pagado 201 de los 222 cheques emitidos a la orden de ANCAP ya que los 21 restantes aún no habían llegado a la fecha establecida. El 26 de junio de 2012, Pedro Apesteguía, además de Director General del MEF, por entonces director designado de Pluna SA hizo constar en acta de directorio que Economía le había solicitado a Sendic por entonces presidente de ANCAP que devolviera los cheques a vencer ya que la deuda de Pluna SA sería encarada por Pluna Ente Autónomo. Ya sabemos lo que hizo Sendic.

Hasta la interpelación al ministro Pintado del 28 de mayo de 2012 luego de la cual el senador Moreira anunciase el juicio penal y el pedido de intervención de Pluna, el ING Bank de Londres había llevado adelante y aprobado la solicitud de préstamo de 30 millones por medio de un fideicomiso sobre la caja de Pluna Brasil. El gerente de la entidad le había comunicado a Campiani que "el 6 de junio te depositamos los 30 millones de dólares en tu cuenta de Nueva York". Obviamente, luego de los anuncios y la radicación de la denuncia penal por supuesto vaciamiento hasta ahora no comprobado, el préstamo cayó.

Quien decide el cierre de la empresa es el Poder Ejecutivo y luego sanciona la ley 18931 de liquidación de Pluna, posteriormente declarada inconstitucional. Luego de la desaparición de Pluna SA, Pluna EA sigue pagando las cuotas al Scotia por lo que se infiere una tácita aceptación de responsabilidad por la garantía otorgada.

Hay múltiples impugnaciones a la calidad de principal acreedor del concurso del Scotia Bank a la que se le agregó últimamente la solcitud de la sindicatura de pasar a Pluna EA responsable de la hipoteca en favor de este banco, a la calidad de acreedor subordinado, lo cual fue apelado el pasado mes de octubre y se espera la sanción del tribunal correspondiente.

Todo parece indicar que finalmente será el Estado uruguayo el que deberá hacerse cargo de honrar la hipoteca que firmó en favor del banco canadiense y de esa forma se confirmarían dos hechos bien definidos:

1 - El administrador del Estado, el actual PE fue el que determinó el cierre de Pluna (por más que se le quiera endosar la responsabilidad a los directores aparecidos como por arte de magia luego del fatídico 15 de junio de 2012)y al hacerlo, sus integrantes tenían plena conciencia que eran los garantes por la compra de los siete aviones. ¿Está mal que termine pagando el Estado?. Suena muy antipático pues significa que debemos pagar todos, pero a nuestro entender es lo que corresponde.

2 - Cobran todos los acreedores restantes, lo que entendemos, también corresponde.

En los próximos días va a haber noticias y se emepezarán a entender algunas cuestiones sostenidas por nosotros.

Mientras tanto recordamos una vez más: ¡qué barato era el fideicomiso del ING!!

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