A diferencia de la ley de turismo, la que regula la actividad de las tarjetas de crédito fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados a mediados de 2012 y cajoneada hasta el presente en la Comisión de Hacienda del Senado.

Mientras tanto los emisores de las tarjetas, si bien han reducido al 4,5% (más impuestos) la tasa y en algunos casos han reducido los plazos de pago a los comercios, por otro lado han "cargado" un seguro de vida sobre saldo a los tarjetahabientes, cuyo costo lo paga el usuario pero en el cual el beneficiado es el emisor.

Como la legislación prohíbe que uno deba contratar un servicio para hacer uso de otro, hay muchos uruguayos que han concurrido al emisor y han pedido formalmente que le saquen dicho cobro del "seguro" que ellos no han contratado. Como están en su derecho, se lo sacan ... por un tiempo. A los pocos meses lo vuelven a poner. Si reitera el pedido, todo vuelve a comenzar: saco, espero, pongo. Al final, como son "pocos" pesos, el usuario es vencido por el cansancio ... y el "seguro" se sigue cobrando.

Pero el agravante, lo que propició este artículo es la publicación con bombos y platillos de los primeros resultados de la aplicación de la Ley de Inclusión Financiera de reciente aprobación.

El número de operaciones usando tarjetas (débito y crédito) se multiplicó por 6 y los montos por 3,5. El propósito publicitado de dicha ley, además de retirar el efectivo de circulación es beneficiar al consumidor devolviéndole una parte de los impuestos (por un tiempo, hasta que se acostumbre) si realiza sus pagos a través de medios electrónicos. Está claro que el mayor propósito es fiscal, pues permitirá detectar con mayor facilidad quién gasta más de lo que recibe oficialmente,lo que nos lleva a entender que hay una parte poco clara de quien es el verdadero beneficiado.

Para ejemplificarlo, basta hacer números. Pongamos el caso de pago a través de tarjeta de crédito, en la que el estado "premia" con la devolución de dos puntos del IVA. En un pago de $ 1.000, ello representa $ 16,39 (individualmente a nosotros nos parecen "pocos pesitos") ... pero el monto del "seguro" aumenta sobre los $ 1.000. O sea, el beneficio para el contribuyente será menor.

Resumiendo: tenemos una ley de turismo de espaldas al sector privado, una ley de "inclusión financiera" que favorece más a los emisores de las tarjetas y al Estado, que al contribuyente, y un proyecto de ley que regularía las relaciones entre los emisores de tarjetas, los comercios y los usuarios, pero que merced a un "arreglo" entre el gobierno y los emisores, está "congelada" en el Parlamento que se hace el desentendido mientras hay un claro abuso de posición dominante y prácticas oligopólicas.

¿Cómo calificaría usted amigo lector esta situación?.

A nosotros se nos ocurren varios adjetivos, pero prudentemente la dejamos por aquí.

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