En esta jornada, el semanario Brecha con el título: Canadiense al plato y subtitulando:  La estrategia del gobierno para evitar embargos dice: "El gobierno negocia con la empresa canadiense Bombardier la entrega de los siete aviones que hoy administra el fideicomiso a cambio de la cancelación de la pesada deuda con el Scotiabank, contraída en tiempos de Leadgate y asumida por el Estado tras el cierre de Pluna. Además, explora la posible adquisición de cuatro nuevas unidades con destino a la empresa gestionada por los trabajadores. Así, evitaría el embargo de las aeronaves en el exterior. Y alejaría la eventualidad de nuevas turbulencias financieras en el camino de la naciente empresa".

Casi nueve meses después del cierre, la saga de Pluna continúa. Con una brasa ardiente en la mano, el gobierno negocia con Bombardier, proveedora de los aviones crj-900 adquiridos durante la gestión de Leadgate, la devolución de las siete aeronaves que aún permanecen bajo la administración del fideicomiso. La posibilidad de que los aviones sean embargados en el exterior como consecuencia del tendal de deudas que dejó la ex aerolínea de bandera, y el interés manifestado por la firma canadiense en seguir marcando presencia en la región, propiciaron una nueva vuelta de tuerca en el proceso de armado de la nueva compañía, informaron a Brecha fuentes vinculadas a la negociación. De esta manera, el Estado busca desvincularse por completo de las siete aeronaves, a cambio de la cancelación de la deuda con el Scotiabank –que viene pagando en religiosas cuotas semestrales– y explora la adquisición, para la futura empresa autogestionaria (Dyrus sa), de cuatro nuevos aviones con los cuales operaría la aerolínea. El costo lo asumiría la nueva empresa, en cómodas cuotas. La garantía de esta nueva operación, así como la institución financiera que otorgaría el préstamo, dos puntos que en el pasado le trajeron más de un dolor de cabeza al gobierno, aún son tema de las conversaciones.

En su momento, los rumores en torno a un interés oculto en la preferencia por Bombardier se alimentaron con la falta de razones contundentes para que se desestimaran los aviones de Embraer, y las necesidades de una operación a varias bandas en la que la participación del Scotiabank parecía imprescindible para enlazar la venta del Nuevo Banco Comercial (véase recuadro). Al igual que en aquel momento, las negociaciones con Bombardier se vienen llevando a cabo con estricta reserva. Y aunque no figuraban en el menú inicial, entraron en escena a raíz de la eventual incautación judicial de los aviones. Esa posibilidad, que para los trabajadores era “obvia” desde el principio –de hecho, el recambio de los aviones figura entre los objetivos de su plan de negocios–, había sido inadvertida por el gobierno en su repertorio original. La preocupación fue creciendo con el tiempo. El jueves pasado, y sin que nadie se lo preguntara, el presidente José Mujica alertó, al término de un evento organizado por el Ministerio de Transporte, que las aeronaves podrían ser “secuestradas” en cualquier momento. “Me extraña que en Uruguay no se den cuenta”, aseguró. Mujica comparó la situación de los aviones con los inconvenientes que causaron en Argentina los denominados “fondos buitre” y las precauciones que debió tomar Cristina Fernández durante su último viaje al Vaticano, cuando debió aparcar el avión oficial en Marruecos y seguir en otra nave hasta Italia.
Las declaraciones del presidente alteraron el clima de una silenciosa negociación, llevada a cabo por operadores del gobierno y miembros del sindicato, destinada a encontrar una salida que no cargue con los platos rotos del cataclismo anterior. El asesor presidencial, Pedro Buonomo, interpretó los dichos del jefe de gobierno: “Es una consideración del presidente. Los acreedores que se sienten lesionados en sus derechos respecto a cómo se diseñó la salida del concurso han presentado recursos de inconstitucionalidad, que está en el proceso judicial. Las declaraciones del presidente advierten que esa puede ser una posibilidad”.
Por ley, el fideicomiso tiene reservados hasta junio los aviones que formarían parte de la nueva empresa. Vencido ese plazo, el fideicomiso está facultado a negociar la transferencia de los aviones a terceros “como única opción para preservar el valor de los activos que no pueden permanecer inmovilizados”. Por eso, según detalló Buonomo a Brecha, la idea del gobierno es aprobar “en las próximas semanas” el financiamiento de 18 millones de dólares a través de un crédito del Fondo de Desarrollo para empresas autogestionadas (Fondes). A ese capital inicial se le sumará, durante los primeros cuatro meses, el aporte del 25 por ciento del salario de los trabajadores, con lo que el sindicato aspira a reunir poco más de tres millones de dólares. Luego vendrá el momento de obtener las certificaciones ante la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica y de sus semejantes en cada una de las ciudades del exterior a las que se pretende llegar: Asunción, Buenos Aires, Córdoba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, San Pablo y Santiago de Chile.
El futuro de la nueva aerolínea está en veremos. Dado el primer paso, obtenido el financiamiento del Fondes e incluso superado el embrollo de las deudas que acarrea la ex Pluna, el desafío de manejar una empresa de estas características es enorme. Su contingencia financiera es, en promedio, dificultosa; el armado de la nueva aerolínea autogestionaria es un remedio obligado para un mal que data de muchos años. En términos empresarios tampoco queda claro cuál será el andamiaje que preservará a la línea de bandera de una nueva crisis, como las que se sucedieron desde la fracasada privatización de Pluna".

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