por VALERIA GIL

Todos los diputados y senadores del Frente Amplio -que votaron la ley de liquidación de Pluna S.A.- fueron citados a declarar por la Justicia, ante una demanda presentada por un particular que había invertido US$ 60.000 en la aerolínea.

Una funcionaria del Poder Judicial recorría ayer sobre las 15.30 horas los despachos ubicados en los pisos 1 y 2 del Edificio Anexo del Palacio Legislativo. La mujer entregaba un cedulón en el que se citaba a declarar (para el 18 de octubre) a los diputados del Frente Amplio.

Por ser un jueves -día en que habitualmente no se registra actividad legislativa- la mayoría de los diputados y sus secretarios no se encontraban en el edificio. Lo que motivó a la funcionaria a dejar las citaciones por debajo de la puertas de los despachos.

En el pasillo, secretarias de legisladores se reunían para comentar lo curioso de que las citaciones llegaran a cada uno de los despachos. "¿Es para todos?", preguntó una de las secretarias a la funcionaria del Poder Judicial que llevaba en sus manos los sobres con las citaciones. "Sí, para todos", respondió.

El cedulón del Poder Judicial citaba a declarar a los 50 diputados y 14 senadores del Frente Amplio, todos los que votaron la liquidación de Pluna S.A. (Ley 18.387), sancionada el pasado 16 de julio. Los únicos excluidos de la citación fueron el vicepresidente Danilo Astori -que no asistió a la sesión por licencia médica- y la senadora Lucía Topolansky (MPP).

La notificación se hizo por parte del juzgado de Conciliación de 3er Turno al Poder Ejecutivo (Presidencia de la República) y a legisladores que votaron la ley, ante una denuncia presentada por un particular que invirtió US$ 60.000 en acciones de Pluna S.A.

Esta es la primera vez en la historia, desde el regreso a la democracia, que se hace una citación judicial de toda la bancada de un partido político. El hecho inusual tomó por sorpresa a varios legisladores.

En el texto de la demanda a la que accedió El País se expresa que los legisladores "dolosamente han sancionado la ley (de liquidación de Pluna S.A.), que es inconstitucional, genera desigualdad y ataca la seguridad jurídica". Además se sostiene que la norma agrede los derechos adquiridos por la masa de acreedores "sin el trámite expropiatorio ni al pago de una justa y previa retribución".

La citación a los legisladores se hace por "su responsabilidad como funcionarios públicos", indica el escrito de la demanda. En la notificación, fechada el 17 de agosto, se establece que deben comparecer a la audiencia de conciliación asistidos por abogados. La instancia es previa al inicio de un juicio civil, si no se logra un acuerdo se da comienzo al proceso judicial.

LEY ESPECIAL. El denunciante sostiene que la ley de Concursos (N° 18.387) aprobada en el año 2008 sigue vigente en su totalidad, porque no ha sido derogada por la ley de liquidación de Pluna S.A.

Según sostiene, esta última norma "establece condiciones especiales para el concurso con la pretensión de favorecer al Estado y perjudicando a la masa de acreedores".

De acuerdo a la nueva norma aprobada con los votos del Frente Amplio, lo recaudado con la subasta de siete aviones Bombardier que tenía Pluna se destinará al pago de una deuda con Scotia Bank por US$ 135 millones (por la compra de esas mismas siete aeronaves). Después se cubrirán los créditos laborales y las deudas con organismos estatales como Ancap (US$ 28 millones) y el Banco República (US$ 16 millones).

Las personas que habían adquirido pasajes en la aerolínea antes del cierre y los inversores en Bolsa serían los últimos en cobrar su deuda, según han trasmitido los jerarcas del Ministerio de Economía en sus comparecencias al Parlamento.

Frente a esta situación, el denunciante entiende que "se saca de la masa activa a todos los bienes más importantes y se impide toda acción revocatoria o persecutoria sobre ellos".

El particular que demanda al Estado asegura que la ley de liquidación de Pluna "genera desigualdad abusiva, inequidad e injusticia" y "viola elementales y cardinales normas constitucionales". A su vez, indica que no se respetan derechos fundamentales como la igualdad, seguridad, propiedad y el debido proceso legal.

En la denuncia se agrega que "se ha operado una evidente y manifiesta desviación de poder del Estado (Ejecutivo y Legislativo) ya que se pretende tapar, ocultar y disimular graves errores e ilicitudes (que podrían configurar ilícitos penales) cometidos por Pluna S.A.".

Por todo eso, se concluye en el escrito que "quienes sancionaron la ley no repararon que se ponía en crisis a todo el derecho concursal y se hería la ley que pocos años antes habían aprobado".

"CONFIABLE". En el escrito presentado ante la Justicia, el denunciante expone sus razones para realizar la denuncia en el entendido de que "será perjudicado (cuando se lleve adelante el proceso concursal) en su legítimo interés por haber adquirido obligaciones en Bolsa de Pluna S.A.", sin poder cobrar lo invertido, en referencia a la ley de Concursos del año 2008.

El demandante sostiene que invirtió en la aerolínea "por ser una empresa nacional que tuvo la participación del Estado (co-mo accionista del 25% y con representación en el directorio del organismo)". Según se expresa, esa condición "generó confianza en la población logrando que ahorristas confiaran en ella cuando emitió obligaciones en Bolsa".

El denunciante asegura que invirtió porque se motivó ante "la presencia del Estado" y creyó que "se aseguraba una adecuada gestión". Así como que se asumía "la responsabilidad patrimonial por parte de la aerolínea" de bandera nacional.

Sin embargo, la demanda señala que el inversor estaba "muy equivocado", ya que "la gestión comercial de la empresa fue desastrosa y culminó con la insolvencia y la declaración de Concurso", presentada el pasado 9 de julio luego de que Leadgate (principal accionista de la compañía) cediera sus acciones a un fideicomiso administrado por la Bolsa de Valores.

RECLAMO. Ante lo que entiende como una norma "arbitraria, inconstitucional" y "violatoria del principio concursal" (Pars conditio creditorum) que establece la igualdad para toda la masa de acreedores en un proceso de liquidación de una empresa, el denunciante reclama la devolución de los US$ 60.000 que invirtió y la suma de los daños y perjuicios, costos y costas de todas las actuaciones realizadas a nivel judicial.

También solicita "la declaración de responsabilidad del Estado por acto legislativo y de los legisladores" del Frente Amplio que votaron la ley de liquidación de Pluna S.A.

El demandante reclama a la Justicia que cancele las garantías reales (hipotecas y prendas) sobre los créditos de Pluna S.A. y pide declarar vigente la ley de Concursos (18.387).

LA LEY DE PLUNA CUESTIONADA

La ley de liquidación de Pluna S.A. autoriza al Poder Ejecutivo a construir un fideicomiso para la adquisición de los activos pertenecientes a la aerolínea.

El fideicomiso debe subastar extrajudicialmente los bienes de la compañía (siete aviones Bombardier el 12 de setiembre), sobre la base de US$ 135 millones, adeudo que se mantiene con el Scotia Bank.

Si esa primera subasta fracasa, el Poder Ejecutivo tiene potestades para convocar a una segunda subasta "a la baja" con precio base de US$ 100 millones.

La norma establece que los bienes de Pluna (aunque se encuentre en concurso judicial) quedan separados de la masa activa de acreedores, quedando excluidos de cualquier acción de persecución de los mismos por parte de los acreedores.

El que adquiera los siete aviones Bombardier de la compañía aérea en la subasta, podrá negociar en forma directa con el Poder Ejecutivo la concesión de frecuencias de vuelos que anteriormente operaba Pluna S.A.

La empresa que compre los bienes quedará sujeta a la incorporación de extrabajadores de Pluna, los cuales vieron afectada su fuente laboral tras el cierre de la compañía.

El adquirente de los bienes también deberá hacerse cargo de otros pasivos asumidos o garantizados por el Estado.

En el caso de que los bienes que integran el fideicomiso no pudieran ser subastados por la falta de interesados, la concesión de las frecuencias de vuelo será negociada con empresas interesadas. Se mantiene la exigencia de incorporar a extrabajadores de Pluna a la plantilla de trabajadores de la compañía aérea adquirente.

El fideicomiso podrá asumir las sumas necesarias para atender los gastos derivados del mantenimiento de los bienes y de las aeronaves recibidas en condición de leasing.

Si caducaran los permisos con que cuenta la compañía para operar sus frecuencias de vuelo, el Estado mantendrá sus reservas sobre las mismas por un plazo de hasta 180 días, contados a partir de la fecha de declaración del concurso.

Matías Campiani indagado

Matías Campiani -principal del grupo Leadgate y exgerente general de Pluna S.A.-, fue citado en calidad de indagado por la Justicia para declarar el próximo 6 de setiembre en el juicio iniciado por Ancap por libramiento de cheques sin fondos. El presidente de Ancap, Raúl Sendic, ratificó el miércoles 29 ante la jueza especializada en Crimen Organizado Adriana De los Santos la denuncia que el ente presentó contra las exautoridades de Pluna por haber entregado cheques sin fondos para saldar deudas por combustible. La magistrada inició una investigación sobre Pluna S.A., tras una demanda presentada por la bancada de senadores del Partido Nacional.

El País Digital