La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el organismo gubernamental encargado de velar por el buen funcionamiento de los mercados en Colombia, ha acordado un plan de descongestión judicial para evacuar la avalancha de demandas presentadas por los afectados por la crisis de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air.

Si bien los abruptos ceses de operaciones de Viva Air y Ultra Air tienen afectados a miles de viajeros, más un cuestionado por proceso de integración de la primera con Avianca (aún sin decisión final, pese a la decisión de la Aeronáutica Civil), la aviación colombiana no se encuentra en crisis. Los hechos de los últimos meses se pueden interpretar como un ajuste dentro un proceso de consolidación en curso.

El Gobierno de Colombia, a través de la Superintendencia de Transportes, ha exigido a Ultra Air que ejecute "sin excepción alguna" la totalidad del plan de contingencia puesto en marcha la semana pasada de forma preventiva para garantizar que se dan los servicios comprometidos con sus clientes.

La compañía aérea 'low cost' Ultra Air ha solicitado ayuda al Gobierno de Colombia con el fin de continuar prestando su servicio de transporte tras conocerse que la aerolínea JetSmart ha cancelado la adquisición del 100% de sus acciones.

Posterior a la firma de la carta de entendimiento del pasado 16 de marzo, la cual estaba sujeta a varias condiciones, JetSMART inició la etapa de análisis propia de este tipo de negociaciones. Y ha decidido cancelar la carta de entendimiento, dar por terminado el proceso y desistir de su intención de compra de Ultra Air.

En línea con su interés en el mercado aéreo colombiano, JetSMART Airlines está interesada en adquirir el 100% de las acciones de la compañía Ultra Air.