PILAR BESADA


"Las cadenas nacionales y sobre todo las conferencias de prensa sin preguntas tienen que despertar una alerta. ¿Por qué no te puedo preguntar? ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió?", preguntó Belén Amadeo, profesora de Comunicación Política en la Universidad de Montevideo, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y consultora en comunicación institucional. "Cuando no te dejan preguntar el ambiente se vuelve turbio, porque lo primero que pensás es que falta transparencia. Aunque a veces lo que haya sea solamente torpeza o miedo", agregó.

En Argentina esta modalidad está totalmente instalada y responde a un concepto según el cual "los medios no tienen más el papel de intermediación. El gobierno le habla directamente a la gente", comentó Amadeo. "Esto genera mucho ruido, por lo pronto en los medios porque le quitan un papel social importantísimo, y en términos concretos, el ciudadano se queda sin alguien que plantee las preguntas", agregó.

El director de la consultora en comunicación institucional Improfit, Alejandro Butler, coincidió en que las conferencias de prensa sin lugar a preguntas son una opción poco feliz. "No me parece acertado ese formato. Si se convoca a una conferencia de prensa, la lógica es estar dispuesto no sólo a decir lo que se tiene para decir, sino a escuchar las preguntas y dialogar con las personas que se convocaron. De lo contrario, se está haciendo un uso de los medios y no se está rindiendo cuentas ni respondiendo nada. Si ese era el formato hubiera sido mejor mandar un comunicado de prensa", indicó.

El lunes de tarde, después de la muy esperada y postergada subasta de los aviones de Pluna, el gobierno llamó a una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, pero ni el ministro Enrique Pintado (Transporte), ni las otras dos autoridades que lo acompañaban aceptaron preguntas.

La misma actitud tuvo lugar el 19 de septiembre, cuando ante una escalada del conflicto entre el gobierno y los cirujanos, el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, acompañado por Eduardo Brenta (Trabajo), el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia y la presidenta de ASSE, Beatriz Silva, tampoco concedieron preguntas.

A su vez, el 27 de septiembre se emitió en horario central una cadena nacional de 7 minutos por el Día Mundial del Turismo, con un mensaje de la ministra Liliam Kechichián, y este lunes se transmitió otra cadena nacional de 10.30 minutos por el Día Mundial del Hábitat, con mensajes de autoridades del Ministerio de Vivienda.

El lunes tras la conferencia de Pintado, los funcionarios de la Secretaría de Comunicación de Presidencia comentaron a los periodistas que no estaban al tanto de que no se habilitarían las preguntas, y que lo habían definido las propias autoridades. En cuanto a las cadenas nacionales, el director de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, Gonzalo Carámbula, dijo que "están atadas a fechas específicas". La cadena sobre el Día Mundial del Turismo se realizó también el año pasado, no así la transmisión sobre el Día Mundial del Hábitat.

Carámbula comentó que el próximo 23 de octubre, cuando un grupo de escolares trasladará la urna con los restos de José Artigas hacia el mausoleo, puede haber otra cadena. Aunque "probablemente se haga una sugerencia voluntaria a los canales, a quienes se les avisa que está subida la señal satelital", dijo Carámbula.

Según Amadeo, el uso sistemático de cadenas nacionales para temas de poca relevancia "le quita entidad a la herramienta. La cadena nacional es un sistema de comunicación que sirve para circunstancias graves. Pero cuando se usa para decir que se inauguró una planta envasadora de tomates, por ejemplo, da bronca, porque se están usando recursos que no corresponden para hacer propaganda".

El uso de la herramienta se encuadra en un esquema de producción de información oficial "que no se puede interpelar ni contradecir", dijo Amadeo.

MUTISMO. Esta semana, El País intentó coordinar una entrevista con Carámbula para dialogar sobre el trabajo de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, pero la respuesta del jerarca fue que, a no ser por preguntas sobre cuestiones puntuales, la política de esa secretaría es "no hablar" de sí mismos.

Sobre esta actitud, Butler comentó que "sería muy bueno que puedan explicar su tarea sin ninguna vergüenza. Son protagonistas del gobierno. Así como un ministerio tiene que explicarle a la sociedad su tarea, una oficina de Presidencia también y le hace bien a la democracia que el gobierno explique que está invirtiendo en rendir cuentas de lo que hace".

La secretaría tiene 69 funcionarios, entre ellos 14 personas dedicadas a la comunicación escrita -aunque también se terceriza esta tarea (ver nota aparte)-, 13 personas para la organización de conferencias y eventos, siete fotógrafos, seis personas dedicadas a la producción audiovisual y otros siete para "televisión", según la información en la página web de Presidencia.

Además de los sueldos del personal, en 2011 la secretaría gastó unos US$ 67.000 en equipamiento para la comunicación, como equipos audiovisuales, de fotografía e informática.

La Secretaría se encarga del portal de Presidencia, edita la revista Políticas, realizó dos ciclos del programa televisivo Políticas que se emitió por TNU y realiza las cadenas nacionales y videos y spots para diferentes reparticiones estatales.

La actividad de la secretaría está en plena expansión. Según la memoria anual 2011, hubo un aumento "significativo" del caudal informativo que emiten.
Bonomi restringe datos

A mediados de este año, el Ministerio del Interior restringió la divulgación de información que considera "reservada" a través de ocho resoluciones. El ministro Eduardo Bonomi incluyó dentro del rótulo de "reservada" información vinculada a procedimientos policiales.

"Hay información que se pedía a gente de baja graduación que no tenía elementos suficientes para informar y lo hacía de forma confusa", comentó el ministro a El País. "Hay información que debe ser proporcionada tras un pedido oficial y no llamando a una seccional y preguntando a quien atienda el teléfono. Se estaba dando información equivocada", agregó.

Ante esta situación, el diputado nacionalista Pablo Abdala realizó un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer el alcance y la legalidad de las ocho resoluciones.

Artículo publicado en El País Digital

Portal de América