Por estar de vacaciones y lejos de Uruguay, me costó formarme una idea acerca de lo ocurrido a partir de la emisión de audios en el programa La Pecera de Azul FM referidos a la denuncia de violacion por parte de una ciudadana días pasados.
por Sergio Antonio Herrera, desde Bayahibe, República Dominicana
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Quienes ejercemos la profesión y generamos opinión, estuvimos, estamos y estaremos siempre expuestos a repercusiones de distinta índole. Pero cuando han pasado y siguen pasando cotidianamente hechos reñidos con la moral y el bien común y a todos nos va exasperando la inacción, lentitud y en muchos casos amnesia comprobada de la justicia uruguaya, nos sorprende -para mal- la insólita y veloz acción de allanamiento a un medio de comunicación y a la residencia de un periodista.
Más allá de estilos, empatías, coincidencias o discrepancias, Azul FM e Ignacio Álvarez como todos, están sujetos a las normas elementales de convivencia y por ende al respeto de las leyes vigentes, pero de ninguna manera se puede aceptar el atropello decretado por la fiscal Alfaro en la causa abierta de oficio por el Fiscal Juan Gómez, el mismo que actuó en el caso de Pluna cuando a Campiani y sus socios, los mandó a prisión y luego de casi una década AÚN NO SE LES COMPROBÓ NINGÚN DELITO.
Hace casi cuarenta años empecé a hacer radio y desde el inicio siempre supe que las emisoras están obligadas a mantener en archivo y a la orden de la justicia, las grabaciones de todo lo emitido. Hubiese sido necesario solamente pedirlas, nada más.
Lo que le ocurre hoy a los colegas en cualquier momento -si se da por bueno lo actuado por fiscalía-, nos puede pasar al Portal de América y a mí personalmente y ello no está ni por asomo en el marco normativo de un país supuestamente serio, con institucionalidad en cabal funcionamiento.
Me importa personalmente un verdadero rábano que está opinión le caiga mal a algún sector de nuestra sociedad. Como hice siempre y lo haré hasta el día que me muera, me expreso, no me hago el otario.
Portal de América