por Luis Alejandro Rizzi desde Buenos Aires
Lo racionalmente correcto es que “el subsidio” sea selectivo y se dirija a la demanda teniendo en cuenta la capacidad de pago de la gente, y que algunos podrían pagar el precio real total, otros menos o nada.
La tecnología facilita enormemente la posibilidad de direccionar y mensurar el monto del subsidio que puede necesitar la gente.
Hoy, la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) tiene a su cargo la recaudación de impuestos y contribuciones y la fiscalización, no solo para verificar los pagos en la fecha correcta sino además su exactitud, todo ello en tiempo real.
Aunque parezca paradojal y por omisión, controla a quienes no hacen pagos ni registran ingresos, ese amplio segmento de alrededor del 35/40% de la población que trabaja en lo que llamamos “economía marginal o negra”.
Es obvio que si puede pagar un billete de transporte, es porque recibe un ingreso.
En principio el subsidio debería direccionarse teniendo en cuenta los ingresos de la persona o del grupo familiar, y todos aquellos que no registran ingresos deberían pagar la tarifa facial neta, lo que obraría como incentivo para registrarse y a su vez exigir el registro a su empleador informal.
Las personas que realmente carezcan de ingreso deberían recibir un subsidio total del precio del billete de transporte y el compromiso de asistir a escuela gratuitas de formación profesional por un lapso mínimo que debería ser de seis meses y un máximo de un año, siempre y cuando justifique la asistencia y carezca de empleo o trabajo propio.
El INDEC publica las estadísticas sobre ingresos de las personas y su grupo familiar en deciles, y sobre la determinación de un promedio de ingresos se debería fijar el piso de ingresos a partir del cual la gente debería recibir algún tipo de subsidio, que iría incrementándose en la medida que los ingresos decrecen.
A su vez, los ingresos deberían relacionarse con el precio de la canasta básica para graduar su monto.
Es obvio que los subsidios se deben financiar con impuestos exclusivamente por parte del tesoro nacional, que en el presupuesto anual deberá fijar el monto máximo asignado para tal fin, que luego deberá ser controlado al hacer el análisis de la cuenta de inversión.
Esta propuesta apunta a todo el transporte, desde el urbano al aéreo.
De este modo las empresas deberán fijar sus tarifas según su costo de producción, y a partir de ese precio real el Estado debería implementar el régimen de subsidios a la demanda de modo selectivo.
Por ejemplo, los viajes en transporte aéreo al exterior no deberían tener ningún tipo de subsidio, salvo excepciones que debieran precisarse de modo taxativo.
Tampoco deberían tener subsidio alguno los viajes a destinos locales. Por ejemplo, aquellos pasajeros que acrediten su condición de IVA RESPONSABLE INSCRIPTO debería pagar la tarifa facial íntegra, ya que se presume que viajan por razones de trabajo remunerado.
A partir de ese techo, se debería diseñar un programa de subsidios para casos también enumerados de modo taxativo.
Es obvio que estas políticas de subsidios exigen una libertad real para fijar precios, de modo que el usuario se incline por las que ofrezcan precios más bajos, lo que impactará también en el importe del subsidio.
La infraestructura para el servicio de transporte en Argentina es de muy baja calidad, lo que dificulta la existencia de alternativas válidas.
Tengamos en cuenta que un viaje en tren a la Provincia de Tucumán, alrededor de 1.100 Km, demora hasta unas 30 y pico de horas, a Córdoba 700 Km., más de doce horas, y a otros destinos no hay servicios.
Una primera etapa podría ser la de mejorar las vías para servicios de carga, en los que trenes para servicio de pasajeros, al ser más livianos, podrían circular a una velocidad promedio de 90/100 Km por hora, lo que ya conformarían alternativas razonables y masivas en cuanta niveles de ocupación.
Asimismo, se debe mejorar la infraestructura vial que, por ejemplo, en la provincia de Buenos aires gobernada por el partido justicialista desde 1987 a 2015, presentan un estado deplorable que limita el movimiento de flujos turísticos a destinos que de otro modo podrían tener volúmenes superiores, ya que no sólo facilitaría la conectividad con Buenos Aires, sino de ciudades del interior de la provincia entre sí.
Claro, para esto hace falta un estado eficiente con funcionarios idóneos, no con funcionarios de ocasión que solo saben ganarse la vida mediante el empleo público, sin ninguna otra idoneidad que la ambición personal, la desvergüenza personal como calidad individual y su capacidad de obsecuencia como ya están dando muestras varios funcionarios y directores de empresas públicas, como Aerolíneas Argentinas, a los que hasta ahora no se les ha podido descubrir siquiera una mínima idea, solo son coherentes en su demanda de fondos al Estado.
Asi es muy fácil….y los fracasos se acumulan siempre en torno a los mismos problemas, las mismas soluciones, los mismos eslóganes, y por supuesto mayores fracasos y niveles de soberbia que muestran su pequeñez y sus patéticas debilidades y complejos de inferioridad y superioridad.
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