por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires
Si le echamos un vistazo a los balances de Aerolíneas Argentinas publicados en su página web, correspondiente a los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2014 hasta el último colgado correspondiente al año pasado, veríamos que medidos en dólares los honorarios y retribuciones por servicios disminuyeron desde la suma de u$s 3.040.352,63 en 2014 a la de u$s 2.390.952,16 en diciembre de 2018, casi un 20% menos.
La explicación seguramente se debe a que hasta que el presidente Macri dispuso la liberación del mercado en diciembre de 2015, el tipo de cambio “oficial” estaba sensiblemente retrasado y en consecuencia nuestro peso estaba muy apreciado. Lo contrario que ocurría a fines de 2018 y de lo que ocurre en la actualidad.
Ponderados en nuestra moneda esos montos para las fechas indicadas variaron de la suma de $ 25.995.015,00 a la de $ 89.660.7065, 00, el incremento medido en “pesos” fue del 245%.
Según el art. 64 de la ley de sociedades, el balance debe especificar los honorarios de directores y síndicos y si tenemos en cuenta que las remuneraciones imputables a “gastos de administracion” van en otro rubro cabría deducir que los imputados a “honorarios” corresponderían a directores y síndicos que en total serian siete personas.
En ese mismo lapso el rubro remuneraciones y cargas sociales varió de la suma de $ 3.916.624.437,00 a la de $ 16.421.368.970,00, es decir un 319%.
Si esta suma la convertimos a dólares la variación fue de u$s 458.084.729,47 a u$s 437.903.172, 00, la variación fue negativa en un 0,5%
Por cierto que es llamativo el monto de honorarios pagados por la empresa, máxime si tenemos en cuenta que sus resultados son ampliamente negativos y que se mantiene en funcionamiento debido a los aportes de capital- subsidios- que el estado le concede.
Si vemos la cuestión por el lado de la eficiencia profesional se advierte que la empresa mantiene una línea tradicional de funcionamiento que se mantuvo incluso durante la época de su “privatización” entre 1992 y 2008.
En la época del gobierno saliente se produjeron cambios notorios en la política aérea, algunos en la buena dirección pero vulnerando la legislación vigente, lo que generó un piso de inseguridad jurídica especialmente en los nuevos actores del mercado que no cumplen con el principio de la propiedad sustancial.
La liberación tarifaria se hizo a contramano de la ley 19030 lo que podría dar lugar al reclamo de indemnizaciones por parte de los transportistas aereos que se ajustaban a la ley, como es el caso de Andes. Además, podría existir responsabilidad por parte de los funcionarios que no cumplieron con la legislación vigente ni promovieron su modificación.
Es obvio que quienes ejercieron la conducción de la empresa, podrían estar asimismo incursos en estos hechos ya que no habrían hecho valer los beneficios que la legislación les concede a Aerolíneas Argentinas que en materia de política de transporte aéreo internacional es el instrumento del estado para su ejecución.
Tampoco será fácil la tarea que les espera a los nuevos funcionarios, tanto del estado como de la empresa, que deberían velar por la vigencia de una legislación obsoleta, pero reitero vigente, o bien proponer su modernización con un lapso prudencial de adaptación a los eventuales cambios.
En esa línea deberá derogarse el principio de la propiedad sustancial, el sistema de concesión de rutas y tarifario vigentes, y diseñar un sistema de subsidio a la demanda en casos muy específicos de falta de conectividad o casos de fuerza mayor.
La ley 19030 debe derogarse totalmente, ya que responde a otra época y en cierto modo es un molesto tapón legal que nos mantiene, institucionalmente hablando, en la mitad del siglo pasado.
Volviendo a los datos apuntados de los balances de Aerolíneas Argentinas, la nueva conducción debería ajustar su remuneración a las posibilidades reales de una empresa altamente deficitaria.
La cosa es bastante grave al punto que el futuro Ministro o Secretario de Transporte debería poner en marcha el anuncio de Alberto Fernandez en el sentido que le devolvería a Aerolíneas Argentinas el cuasi monopolio que dispone la ley 19030.
El otro punto conflictivo es la relación del transporte de carga por camión o vía férrea, mucho mas económico y menos contaminante.
Un medio, Cadena 3, planteaba otra cuestión, Transporte tiene un presupuesto en el que posiblemente “…0cho de cada diez pesos se terminen gastando donde vive un tercio de la población y en 1% del territorio nacional.”
En cuanto al transporte aéreo, la otra cuestión es que todos pierden dinero y los privados con toda lógica no ponen o invierten para perder….es obvio que esta situación no es sustentable y el nuevo gobierno deberá encontrar una salida incruenta.
Transporte es una verdadera cuestión, pero hasta ahora no se advierte una sola idea.
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