por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires
Como abogado no suelo opinar sobre trámites judiciales que desconozco, pero lo cierto es que en torno al asunto, parecería haber mucho barro.
Asimismo, parecería existir una suerte de empecinamiento terapéutico, como suele decir el Dr. Cormillot, por parte del magistrado interviniente, ya que a simple vista y suponiendo que los fundamentos esgrimidos para restringir la operación fueran razonables, el lapso de nueve horas parece exagerado, y me animo a afirmar, hasta abusivo.
En derecho administrativo hay una figura desarrollada por el Consejo de Estado en Francia que se llama “desviación de poder”, que generó el recurso del mismo nombre que tiene por finalidad corregir actos jurisdiccionales formalmente legales pero que contrarían la finalidad de la competencia del órgano, en este caso un Juez Federal. Es un modo de “abuso de poder”.
Pues bien, en base a ese lapso de nueve horas, diría que uno podría pensar que más que defender el derecho, lo que hay en el trasfondo es una intención de hacer daño y de obstruir.
“La revolución de los aviones” es una de las manchas negras de este gobierno, ya que si bien comparto los conceptos liberales, no sólo en el transporte aéreo, toda esta movida encabezada por el Ministro Dietrich y seguida por una administración obsecuente, carece de sustento legal, ya que la legislación vigente, me animo a decir que prohíbe la actividad de muchos de los transportadores que hoy prestan servicios regulares.
Solo Aerolíneas Argentinas, Austral y Andes parecerían cumplir totalmente con el art. 99 del Código Aeronáutico, que dispone el principio de la propiedad sustancial. No hablemos de la ley 19030 que se convirtió en un colador de ilegalidades.
La decisión judicial sobre El Palomar parecería fundarse más en aquello de “cien años de perdón, para quien le roba a un ladrón” que en una razonable interpretación y aplicación del derecho vigente y los hechos investigados en la causa.
No cabe duda que esta decisión judicial causa un perjuicio, fundamentalmente por el lapso fijado para la restricción operativa, que hubiera sido suficiente fijarlo entre las 00:00 y las 05:00, por lo menos mientras se mantuviera vigente la decisión cautelar.
Ahora habrá que esperar que resolverá la Cámara de Apelaciones, ya que según fuere el tenor de su fallo, podría generar responsabilidad del Estado y en su caso una causal de mal desempeño en la instancia inferior.
Creo que es oportuno señalar que cada día que pasa, la política como tal tiende a judicializarse, con lo cual vamos a llegar a un extremo que será imposible tomar decisiones.
Por último, recién en las últimas horas se apreció un mayor decoro por parte de las dos empresas afectadas por la decisión judicial, en especial por parte del Señor Ortiz, CEO de Jet Smart para Latinoamérica, que en la entrevista televisada por LN+ mostró respeto y prudencia por la decisión judicial de marras.
Veremos cómo sigue esta saga, que tiene parece ser más militante que judicial.
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