por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires

“Según parte del fallo de Forns "El Palomar se encuentra emplazado en una zona densamente poblada, que debido a la escasa actividad aeroportuaria anterior al inicio de la actividad comercial en el 2018, los municipios han permitido una expansión urbana a su alrededor, resulta imprescindible tener en cuenta que se ha demostrado que la presión sonora por encima de determinados umbrales genera efectos muy negativos sobre el organismo humano, causando alteraciones del sistema auditivo, pero también del sistema nervioso, generando situaciones de fatiga y estrés que pueden llegar a niveles de alto riesgo para la salud"

Tal una síntesis del fallo según el portal Infobae, de donde se desprende que el tema que se debería debatir  e investigar, es si la operación nocturna en ese aeropuerto  tiene impacto ambiental negativo.

Quienes conocemos la zona es cierto que EPA está virtualmente en el medio de un conglomerado urbano, en general edificaciones bajas y poblado mayoritariamente por personas de clase media conformada por profesionales y empleados.

Es cierto que tiene una actividad limitada, por ejemplo para el día jueves hay programados 18 despegues, tres de ellos antes de la hora 07.00 AM y también 18 aterrizajes seis de ellos a partir de la hora 10.00PM (agregamos uno previsto para la 00.05)

Se advierte que son muy pocos los vuelos programados que estarían en “infracción” al horario de operación prohibido por la decisión judicial.

Desde la ANAC se afirmó que se presentaron estudios ambientales que demostrarían que no hay daño alguno que justifique una medida restrictiva como la dictada por la Jueza interviniente.-

Como está planteada la cosa, es decir de modo judicial, no queda más alternativa que utilizar las vías procesales y sabemos que la cuestión está a estudio de la Cámara Federal.

Una de las empresas, JetSmart, probablemente la más sólida entre las llamadas low cost, habría efectuado algunos comentarios recogidas en el portal Infobae que a mi juicio son impertinentes, como  cuando dicen que pidieron audiencia a la Jueza y  “nunca los atendió”. En verdad no aclaran si se presentaron como parte en el expediente respectivo y en que norma procesal fundaron el pedio de audiencia.
Suena más bien, a que la intención habría sido la de “alegar al oído”.

Después se afirma que ese fallo “cambia las reglas de juego”, lo que también es inadmisible ya que ningún habitante del país está eximido de cumplir con los fallos judiciales, una vez que quedan firmes; o bien cuando los códigos procesales permiten que la apelación de una resolución no impida su ejecución  hasta que haya una resolución definitiva.  Es lo que se llama apelación con "efecto devolutivo”, que en verdad constituye una excepción al principió general del “efecto suspensivo”.

Es asimismo impertinente decir que una resolución judicial afecta la previsibilidad. Por ultimo habría también una suerte de amenaza encubierta en cuanto al futuro de la operación de esa empresa.

Sabemos que todas las empresas aéreas están perdiendo groseras sumas de dinero, no solo por las devaluaciones ocurridas y la inestabilidad económica del país, sino además porque nuestro mercado es muy chico debido a la situación social que nos toca vivir.

Según mis estimaciones se habría incrementado la recurrencia, es decir gente que vuela más de una vez en un lapso, por ejemplo un año y obvio siempre hay un crecimiento vegetativo que según me han dicho “off de record” sería inferior al normal en el país. No tengo estadísticas a mano sobre este tema.

No se quedó atrás en cuanto a declaraciones impertinentes el titular de la ANAC, un tal Tomas Insausti que habría declarado que: “Se demostró que no hay daño ambiental, por lo que no hay motivo legal para haber tomado esa decisión y lo que sí afecta severamente es a la conectividad argentina”. Este funcionario está cuestionando una decisión judicial y para ratificar su posición dice que ese fallo afecta la “conectividad argentina” (sic)

Si lo que dice es correcto seguramente el Tribunal de alzada rectificará el fallo y en caso contrario lo confirmará, lo demás corre por cuenta personal.

En cuanto a la cuestión de la “conectividad”, no es necesario decir nada ya que si  depende de un horario de operación de un aeropuerto, estaríamos peor de lo que creíamos, en este tema de la fallida “Revolución de los aviones”.

Para completar la saga desde el Ministerio de Transporte  se habría “aportado” un argumento de peso; veamos lo que dice Infobae: “Desde el ministerio que comanda Guillermo Dietrich señalaron que El Palomar tiene ​619 empleados​ de los cuales un ​80% son vecinos​ de Morón, Tres de Febrero, Hurlingham, La Matanza, Ituzaingó  y Merlo; y que la restricción afectará a casi dos millones de pasajeros. En agosto pasaron por ese aeropuerto 134.000 pasajeros, un 90% más que en el mismo mes de 2018, informaron.”

El argumento es absurdo ya que 619 empleados no pueden condicionar la salud de un conglomerado urbano, en el supuesto q    ue la Cámara o la Corte en su caso ratifiquen la resolución de primera instancia. Por otra parte no se explicó que si por el aeropuerto han pasado 134.000 pasajeros como puede ser que se afecten a dos millones, pero si asi fuera, ¿se justificaría mantener una operación contaminante…?

Hasta ahora más inteligente y prudente ha sido la gente de Flybondi que ha guardado silencio, quizás porque son un poco más débiles que el fondo financiero que respalda a JetSmart.

Los jueces que intervien fallarán de acuerdo al derecho vigente y las constancias del expediente respectivo, es allí donde deben ejercerse los derechos y las defensas válidas.

Lo demás es “lobby” barato y del peor.

Al pasar sería bueno que el Ministerio de Transporte se ocupe un poco de las pérdidas que sufre la actividad, y en especial Andes, empresa genuinamente argentina. Al pasar comparto totalmente el comentario del día de hoy en ese otro valioso portal que es Aviación News, con relación a Andes.

Asi como el gobierno tuvo que establecer un sistema de “administracion cambiaria”, sería bueno que examine la cuestión de las “tarifas mínimas”.

Personalmente estoy en contra de ello y así lo he sostenido reiteradamente, pero en esta situación que estamos viviendo es probable que haya que restablecerlas durante un tiempo hasta que  el país tenga un mínimo de estabilidad política y económica.

Hay otras medidas que se podrían tomar como es la rebaja de las tasas aeroportuarias, ya que es obvio que no puede haber tal nivel de distorsión entre precios de billetes aéreos y el costo del uso de las instalaciones y servicios aeroportuarios y de protección al vuelo.

En el caso de Andes  el gobierno debería arbitrar un crédito blando teniendo en cuenta que debe competir con Aerolíneas Argentinas y Austral, subsidiadas sin límite ni plazo.

Con mayor tecnología tanto Aeroparque (AEP) como Ezeiza podrían tener un  sector low cost, porque reconozcamos,  EPA debe ser un aeropuerto que genera pérdidas debido a su escasez de movimientos.

Son por ahora solo 36 movimientos diarios entre aterrizajes y despegues, virtualmente poco y nada.

En fin, asi estamos en los tiempos finales de la “revolución de los aviones” ante un ministro que ya casi carece de estatura.

Portal de América