por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires

Quizás el ejemplo más contundente del fracaso del gobierno en materia de transporte aéreo sea el caos del grupo Aerolíneas Argentinas que, no solo arrastra potenciados sus viejos vicios, sino que continúa perdiendo dinero. El estado en el lapso 2008/2018 aportó para que pudiera subsistir poco menos de tres mil millones de dólares, mucho dinero para un país con muy altos índices de pobreza y de marginalidad social.

Desde diciembre de 2015 tuvo tres administraciones,  y parecería que solo en la gestión de Isela Costantini hubo un intento quizás muy “soft” de sentar las bases necesarias para lograr un cambio en la gestión gerencial de las empresas.

Sus sucesores optaron por el enojo y hacer mérito en las diferencias  hasta llegar a una situación conflictiva que nos pretende hacer creer que la eventual solución estaría por liquidar a un gremialismo “enemigo” al servicio de partidos políticos opositores.

No niego, puede ser que algo o mucho de esto haya, pero el arte de trabajar con gente consiste precisamente no sólo en saber dialogar, sino más bien en saber tolerar las diferencias y admitir la militancia en contra.

En Argentina el gremialismo es militante desde hace ya décadas, deberíamos haber admitido y asumida esta realidad. No haberla admitido incluso facilitó la penetración en varios segmentos del sector de ideologías extremas que contribuyeron a su radicalización en medio de una anomia en la que la agonalidad sustituye a la razonabilidad.

Varios gobiernos no pudieron o no quisieran proponer  una legislación  que contemple la imposibilidad de interrumpir el funcionamiento total de los servicios públicos, estableciendo límites mínimos  de prestación. Sanciones apropiadas para los casos de incumplimiento, un procedimiento mínimo para decretar medidas de fuerza, sistemas compulsivos de arbitraje para resolver conflictos colectivos de modo imparcial, son las cuestiones mínimas que nuestros políticos y legisladores han dejado de lado, respondiendo a los mediocres beneficios de sus prédicas demagógicas e irrazonables.

El gobierno de Mauricio Macri careció de vocación para reformar la cavernaria legislación vigente, que como mínimo debió haber derogado la ley 19030 y haber modificado varios artículos del también obsoleto código aeronáutico.

Asi se eliminó de hecho el principio de la propiedad sustancial, pero se mantiene vigente la ley que los dispone. En el laudo dictado por el CIADI condenando a Aerolíneas  Argentinas, es decir al Estado, uno de los argumentos usados por el tribunal arbitral para morigerar el reclamo indemnizatorio fue que el inversor en un país extraño tiene el deber de conocer su realidad, usos y costumbres y sobre todo su legislación, para prevenir consecuencias no queridas en el futuro.

Pues bien, quienes son dueños de las nuevas empresas que operan en el cabotaje local, como Latam, Norwegian, Jet Smart y la propia Flybondi, no podrían el día de mañana invocar desconocimiento del actual art. 99 del Código aeronáutico, que fue modificado por un decreto (52/94). Solo le era necesario haber consultado a un principiante estudiante de derecho que haya aprobado “Introducción al derecho” para que le hiciera saber que una norma inferior no puede modificar a la superior. Además es de sentido común.

El gobierno quizás con buenas intenciones pero con muy mala praxis, dispuso una apertura del mercado, eliminó lo que habría sido el “cepo aeronáutico” establecido por el gobierno K durante su mandato, que sólo convocó a una audiencia pública el 19 de diciembre de 2005 en la que no se debería  haber admitido la solicitud de Aerolíneas Argentinas, que en esa época era propiedad del grupo Marsans con domicilio real en España, compuesto por un grupo de sociedades también constituidas en ese país.

Como decíamos, el gobierno abrió el mercado de modo ilegal, generó un incremento de pasajeros, aunque habría que diferenciar el crecimiento vegetativo del real, pero lo hizo de un modo nada sustentable, al punto que todos  los operadores pierden dinero y algunos ya quedaron en el camino.

El pasado 21 de julio Avian, que nada tiene que ver con el grupo Avianca Holding, solicitó su concurso de acreedores, siendo muy probable que termine en quiebra, salvo que del lado gremial surgiera alguna idea innovativa para generar un tipo de explotación de una línea  con participación, no exclusiva de su personal, en el gerenciamiento.

El resto de los operadores  que aún participan, están como se dice en el medio “comprando mercado”, apostando más que al crecimiento del mercado, cosa improbable en lo inmediato dada nuestra situación social y precariedad económica, a la eventual reducción o incluso liquidación parcial del grupo Aerolíneas Argentinas, en muy critica situación financiera, tal como lo declaró su actual presidente. Este dijo: “el nivel de tarifas actual está poniendo en jaque a las finanzas de la compañía", lo que demostraría que todos están vendiendo billetes por debajo del costo de producción del servicio.

El gobierno, a través de su publicidad engañosa, hace mérito al crecimiento de la cantidad de pasajeros comparando con 2015, pero nada dice del costo de ese incremento y que el actual sistema no es sustentable económicamente.

La operación local de Norwegian está siendo muy estudiada por la nueva gestión del grupo que implicó  el relevo de Bjorn Kjos, que lideró la constitución de la filial argentina, antes había renunciado su presidente  Bjorn Halvor Kise.  Por lo pronto se levantaron varias rutas internacionales transatlánticas entre Europa y EE.UU que no arrojaban buenos resultados.

En materia de transporte aéreo no ha sido buena la gestión del gobierno y los dos próximos años -2020 y 2021- pueden ser muy complicados y el próximo gobierno, cualquier fuera su color parecería que aun no incorporó esta cuestión en su agenda.

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