por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires
Una vez más bajo la modalidad de convocar a una Asamblea, se esconde la realización de un paro sorpresivo de actividades, que impide la prestación de los servicios de transporte aéreo a tres empresas Aerolíneas Argentinas, Andes y Latam.
Este paro tiene color político partidario ya que su objetivo es de oposición frontal a la política aérea que ha implementado el gobierno.
Nuestros lectores saben de nuestra crítica a esa política que además es violatoria de normas legales vigentes, como el art. 99 del Código Aeronáutico y de las ley 19030. También es sabida nuestra prédica para que esa legislación se reforme y en especial se derogue la ley 19030.
Eso no quita que la decisión gremial también sea ilegal e ilegitima ya que este tipo de medidas de acción directa, son abusivas y el derecho las condena.
Los gremios aeronáuticos tiene vías procesales para impugnar las decisiones de gobierno violatorias de la normativa legal y realmente ignoramos si se han ejercido, parecería que no.
Es cierto también que desde la salida de Isela Costantini del gerenciamiento de Aerolíneas Argentinas, sus sucesores optaron por generar un clima de enemistad y enojo que poco o nada ayudó y ayuda para mantener la relación dentro de carriles normales.
Por otra parte el gobierno carece del “don” de la persuasión y diría de la paciencia y prudencia necesaria para impulsar cambios que pongan al transporte aéreo, en línea con lo que llamaría en términos orteguianos, a la “altura del tiempo”. Nuestro transporte aéreo es cavernario en su regulación y en su gerenciamiento, y esta conflictividad permanente asi lo prueba.
Nuestra intención no es la de exculpar la abusiva política gremial que debería merecer la sanción legal pertinente, debiendo las autoridades empresarias y los funcionarios del gobierno de una buena vez afrontar las eventuales consecuencias que, incluso tendría hasta méritos electorales.
Ello no quita el terreno de ilegalidad en la que se sustenta esta amorfa política aérea y que en algún momento deberá ser investigada y que también podría explicar que las reacciones del gobierno también son agresivas, al insistir con esta “revolución de los aviones” que viene fracasando siendo la mejor prueba el incremento de las perdidas del grupo Aerolíneas Argentinas que contribuyen al aumento del inútil gasto público.
El gobierno y las autoridades de Aerolíneas Argentinas carecen de autoridad, entendida este como factor de idoneidad, certeza y prudencia y esa falta de autoridad explica, según mi modo de ver, estas tácticas gremiales, de corte trotskista que deben ser penalizadas bajo la figura del abuso de derecho no solo por los gremios sino por las personas que imposibilitaron la prestación normal de los servicios.
No se trata de judicializar lo que se da en llamar la “protesta gremial” que en verdad se constituye en una acción política obstructiva ilegitima que impide la prestación de un servicio público.
Esta acción ilegal, de paros sorpresivos, tiene un costo para la empresa y para el erario público y la forma de reparación es mediante el reclamo de la indemnización pertinente a los responsables de los hechos.
En definitiva será un Juez quien determine de qué lado está el derecho y cuáles son los límites del ejercicio de los derechos.
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