por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires

Sorprende que un gobierno que integra una coalición meramente electoral llamada “Cambiemos”, que se auto considera impulsor de una “nueva política”, que juega al futuro, no haya podido resolver el tema de las plataformas llamadas “app” para servicios de transporte privado y se empecine en no innovar en el ya obsoleto servicio de taxi tradicional, los “amarillos y negros” que son triste testigo de nuestro sentido del presente y del futuro.

La AFIP considera que Uber en este caso tendría una deuda con el fisco de tributos y cargas sociales por unos $ 358.700.000, lo que se desprende de una deuda de $ 147,4 millones de IVA y Ganancias, además de otra de $ 211,3 millones de impuestos a la seguridad social.
No abro juicio sobre  la incidencia del impuesto a las ganancias e IVA dado que la empresa dice haber presentado la documentación respectiva y que hizo los pagos pertinentes. Obvio esta es una cuestión controvertida, fácil de dilucidar.

La supuesta  deuda por impuestos a LA seguridad social es una cuestión mas difícil de entender, ya que para ello debería existir una relación laboral que sería  la causa de esa deuda. Pero es obvio que las personas que usan la plataforma para realizar transporte no tienen relación laboral alguna con la plataforma -Uber en este caso- ya que se accede de modo voluntario y el propio solicitante es el que mediante ese medio tecnológico se pone a disposición de los usuarios que resuelven contratar sus servicios, además está legislado en el código civil y comercial vigente. La plataforma además le ofrece al  transportista el servicio de tarifación, la necesidad de contar con GPS y la posibilidad de elegir el viaje solicitado por el usuario de ese medio tecnológico.

El tribunal de la Unión Europea resolvió en el año 2017 en contra de Uber al considerar que el uso de la plataforma no constituía un servicio de la “sociedad de la información”, sino un mero servicio de transporte entre particulares.

Este pobre razonamiento es una muestra más de la decadencia cultural europea incapaz de asumir las consecuencias del desarrollo tecnológico, parecería que sólo se quiere usar sus beneficios, pero no afrontar los cambios y consecuencias que implica lo que dimos en llamar IA.

Ya explicamos una y mil veces la causa de la necesidad de poseer una licencia para prestar el servicio de “automóviles con taxímetro”, que autorizaba a prestar el servicio de transporte privado en un área determinada en la que se suponía que el chofer lo conocía a la perfección y le permitía  transportar a cualquier persona de un lugar a otro por el camino más directo. Hoy el GPS hace innecesario ese conocimiento, al tiempo que hay aplicaciones que hasta propone los itinerarios con menos complejidad de circulación, el uso del “WAZE”.

Es cierto que además había otras exigencias propias de la época que hoy son obligatorias para todos los vehículos particulares, como la necesidad de contratar seguros, realizar verificaciones técnicas sobre el estado de vehículo y cumplir con la legislación vigente, ya que los taxistas tradicionales deben pagar impuestos y hacer aportes como cualquier persona que trabaje. Ocurre que la gran mayoría  no declara el total de lo que percibe por los viajes realizados, esta obligación no la pueden eludir los choferes de las plataformas porque cobran por medios bancarios.

La “sociedad de la información” produce cambios como el trabajo a distancia, mayor tiempo de descanso, una real conquista que parecería no interesar al gremialismo tradicional y, en este caso de las plataformas tipo “Uber”  ha cambiado el servicio de transporte privado de personas.

El  estado debería expropiar las licencias existentes para prestar el servicio de taxi, al valor necesario para reconvertir al titular a esta nueva modalidad del servicio.

Esta actividad ya se autoregula y controla por los propios usuarios al punto que días pasados con mi mujer calificamos mal a un chofer y a las 24 horas la plataforma nos informó que había sido suspendido para prestar servicios por el lapso de siete días. El control por parte del usuario es mucho más efectivo que el que puede ofrecer el estado.

A modo de conclusión ya es innecesario que los estados regulen el servicio de autos con taxímetro.

La sociedad de la información no sólo abarata el servicio, sino que garantiza transparencia en el precio por su uso, información sobre el chofer y el vehículo, el pago electrónico, la posibilidad en tiempo real de calificar el servicio y el mejor itinerario disponible.

El estado asi se libraría de tener una organización que hoy es absolutamente superflua para controlar el servicio caducado de autos con taxímetro.

Obviamente habría un importante ahorro en el gasto público y desaparecería un foco generador de corruptelas, como cuentan los propios “tacheros”.

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