por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires
Fernando Laborda, un calificado periodista de la Argentina, publica una nota en el diario La Nación en la que anticipa la posibilidad de futuros e inminentes conflictos laborales en las empresas del grupo Aerolíneas Argentinas, según conjeturas de funcionarios del gobierno.
Todo parte de la militancia política de los gremios aeronáuticos dentro de fuerzas visiblemente opositoras al gobierno. Por tanto considera al conflicto más político que gremial.
Se vea desde el punto de vista laboral o político, se trata de un conflicto que el gobierno debe resolver y no calificarlo como una provocación política, lo que significaría entrar al juego político que le estaría proponiendo una parte de su oposición.
En esa línea es probable que al gobierno le convenga una sucesión de conflictos aeronáuticos para usarlos para descalificar a la oposición y considerarla desestabilizadora.
Es cierto que los paros sorpresivos, cualquiera sea el gremio que los protagonicen, son en principio ilegales e ilegítimos, porque afectan derechos del resto de la sociedad que se ve afectada por esas medidas.
Pasa que el estado no tiene una legislación apropiada para tramitar los conflictos colectivos de intereses, como suelen ser los laborales. No hay una norma seria que garantice servicios mínimos en la prestación de los servicios públicos esenciales, ni sistemas de arbitraje obligatorio imparciales.
Esto es una falla del estado y de los gobiernos que se sumergen en una grave confusión entre el deber de reglamentar el ejercicio de todo derecho como lo dispone la Constitución nacional y lo que se dio en llamar con perversidad “criminalización de la protesta”.
El otro error es pretender establecer una diferencia entre conflictos laborales o políticos, cuando hoy día es natural que los gremios tengan militancia política. Claro está, para legitimar este principio de libertad política debería existir una real libertad gremial que elimine el principio de la personería gremial única.
Las autoridades de Aerolíneas Argentinas percibirían según lo expone Jorge Molina salarios de privilegio, cuando se pregunta ¿Cuánto ganan los ejecutivos de la aerolínea de bandera? ¿Es cierto que ganan el doble de lo que perciben ejecutivos de igual responsabilidad en la gestión privada?
Si eso fuera así los argumentos de Maria Eugenia Vidal y del gobierno sobre los salarios del personal de las empresas perderían valor ya que faltaría eso que se llama “ejemplaridad”.
Es cierto que este conflicto tiene más ingredientes políticos que gremiales, por lo tanto debería considerarse como tal y actuar en consecuencia.
En ese terreno el gobierno se encontraría con el obstáculo de la legislación vigente que es vulnerada permanente como el art. 99 del Código Aeronáutico y la ley 19030.
Recuerdo que vengo proponiendo la derogación de esta legislación desde hace por lo menos más de 15 años, pero es la legislación vigente que le garantiza a Aerolíneas Argentinas el 50% del cabotaje, que es el instrumento elegido por el estado para la aplicación y ejecución de la política de transporte aéreo internacional, que le concede privilegios en el tráfico regional y otros beneficios que hoy carecen de sentido.
Plantear el tema desde el uso de un asiento en la clase "business" o la suerte de “feriado personal” por el día de cumpleaños o por un día más de postas no es serio, ya que el problema de la empresa es otro y tiene que ver que se mantiene un sistema de gestión que hoy es obsoleto y que ya demostró a lo largo de los años su fracaso.
Esos privilegios referidos a guisa de ejemplo en un párrafo anterior, no surgieron por generación espontánea, sino que fueron negociados y no hay constancia que los funcionarios de la empresa que los aceptaron se les haya negado la aprobación de su gestión.
Los fracasos de la Argentina se explican por esta sucesión de detalles que han generado un manantial de privilegios y abusos que hoy se incluyen dentro de lo que llamamos, con cierto nivel de hipocresía y cinismo, “derechos adquiridos”.
El gremialismo aeronáutico es lo que hay y con ese gremialismo se debe dialogar, persuadir y plantear de una buena vez que todo derecho tiene un costo y hay beneficios que sólo son lógicos si son sustentables con los propios ingresos, pero jamás cuando se financian con el impuesto de los contribuyentes.
Como vemos, esta saga de conflictos aeronáuticos pueden ser una vara para medir hasta dónde llega la convicción del gobierno por producir los cambios necesarios, y si cuenta con la idoneidad y vocación para llevarlos a cabo con la debida prudencia y paciencia.
Esta vez vale la pena aclarar, la Asociación Argentina de Aeronavegantes, que aglutina al personal de cabina de pasajeros. anunció la realización de asambleas en los aeropuertos para el próximo viernes en horario de 07:00 a 11:00 aproximadamente.
Si el gobierno no interviene, el 30/40 por ciento de las personas que piensen viajar ese día tendrán problemas, dado que un paro de cuatro horas en los hechos afectará a casi toda la programación del día.
Es obvio para mí que estas acciones directas de tiempo parcial pueden tener motivaciones políticas, pero el gobierno en vez de afrontar el conflicto, parece que se enoja, lo que no es ni más menos que una forma de practicar la cultura del epíteto. Casualmente leía una nota de Jose G. Funes, un Jesuita investigador del CONICET-UCC publicada en la revista “Criterio” Nº 2453 en la que dice: “Pareciera que los debates deben concluirse en tiempos brevísimos con la proclamación de un vencedor, y sobre todo, con la descalificación del perdedor, uno de los peores insultos en la actualidad”.
Lamentablemente en esos estamos unos como otros.
Recordamos una vez más, las victorias agonales solo prolongan y agravan la conflictividad social.
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