por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires

La república democrática y representativa suma un  atributo más, los funcionarios son elegidos por el pueblo, en verdad por los ciudadanos, en elecciones libres.  No todo el pueblo es “ciudadano”, sin embargo los funcionarios elegidos representan a todo el pueblo, no solo a los ciudadanos. La elección hace a la llamada legitimidad de origen, dicho de otro modo en una república solo son legítimos los funcionarios elegidos por el voto popular.

En general las cartas constitucionales contienen una norma, como la tiene la Argentina, que establece que la única condición para acceder al empleo público es la idoneidad, pero me atrevo a decir que esa exigencia es inherente al régimen político o debería ser.....

La idoneidad es una cualidad diría de “aptitud” y creo que va de suyo que todo funcionario de un régimen republicano y democrático debe poseer esa cualidad necesaria e imprescindible para convalidar la legitimidad de origen, mediante lo que se llama legitimidad de ejercicio.

En teoría, ya que rara vez ocurre,  una de las finalidades del juicio político  es la de ponderar la “idoneidad” del funcionario en funciones, sometido a proceso, por  ello la llamada condena, solo se limita a la destitución y eventualmente a la inhabilitación temporaria. Esta cuestión nos lleva a un tema que creo resulta apasionante y es el de la “calidad de las decisiones”.

La “calidad” tiene que ver con el mejor o peor valor de algo, que puede ser un objeto, un servicio o una decisión. Recientemente y no solo en el campo del transporte aéreo y el turismo hemos sido testigos de decisiones de baja o nula calidad cuyas consecuencias a veces se notan de inmediato y otras en el largo plazo. También puede ocurrir que “buenas decisiones” se implementen mal con lo cual se afecta la “idoneidad” de todo un gobierno.

Por razones obvias me ceñiré a los casos que son propios de este portal.

El gobierno argentino optó allá por 2008  de apropiarse de Aerolíneas Argentinas y Austral, vía un especial modo de entender la institución de la “expropiación” que luego se reiteraría en el caso “Repsol YPF”.
Admitamos que pudo tratarse de una “buena decisión”; pero lo que creo no deja duda que la implementación de esa decisión, es decir la gestión,  ha sido pésima lo que se demuestra por los recursos económicos que debe aportar el estado por día para mantenerla en funcionamiento y evitar su quiebra.

Lo mismo ocurre con los servicios de transporte ferroviario que virtualmente colapsaron por mala gestión que se remonta quizás al año de su compra allá por la década del 40.

El caso de Aerolíneas Argentinas y Austral nos lleva a la quiebra de Pluna, dispuesta por el gobierno. Admitamos como hipótesis de trabajo para esta nota, que se trató de una decisión correcta. Admitamos que sus pasivos superaban el valor de sus activos y admitamos que su accionista mayoritario había  llegado a un límite que hacía inviable la explotación comercial. Pues bien cabe preguntarse ¿esa decisión de “cerrar Pliuna” se implementó con idoneidad...?

Al igual que en el caso de Aerolíneas Argentinas, la respuesta es negativa.

En primer lugar creo que fue erróneo violar la ley de  “declaración judicial del concurso y reorganización empresarial” al  extraer de su patrimonio, ilegalmente, según mi opinión, los aviones o sus activos gravados con derechos reales de garantía, para establecer un sistema de subasta que  estuvo condenado al fracaso desde su inicio. También siempre en mi opinión se violó la ley al no haber esperado los resultados de la verificación de créditos de los acreedores.

Ese desapoderamiento de los bienes de la empresa impactó negativamente en su “valor” ya que los valores intangibles se esfumaron dado que la “apropiación” de los aviones impidió, no solo conservar esos valores patrimoniales, sino ponderar si era posible su reorganización o más aun su viabilidad.

Pero a esos errores se sumó la falta de ponderación de lo que  significaba Pluna para la  vida aeronáutica del Uruguay, cuestión que hoy no se sabe como corregir o revertir lo que dio lugar a que aparecieran alternativas desopilantes como fue el caso “Cosmo”  u otras propuestas  que  por lo menos a nivel periodístico parecían fantasiosas como la de volar a destinos internacionales de largo recorrido.

Vistos estos casos con el correr del tiempo nos permite decir que en ambos casos se trató de decisiones de baja o nula calidad ya que no se ponderaron las consecuencias de esas decisiones, ni siquiera un modo idóneo de implementación.

En momentos que estábamos escribiendo esta nota “El País” en su edición electrónica nos hace saber que naufragó la posibilidad de que “Pluna ente” comprara el boleto de los aviones de la “ex Pluna” (sic).
Realmente cuesta creer que se haya analizado esta “posibilidad” cuando la propia “Cosmo” no honró lo actuado en la subasta; cabe preguntarse de que “boleto estamos hablando”, creo que “Cosmo” nos ha llevado al “colmo del disloque”.  ¿qué es lo que se pretendía adquirir?

Más aún  está pendiente de resolución el cuestionamiento a la ley 18931 que dispuso la “...adquisición de los activos de Pluna gravados con derechos reales de garantía...” y si se resolviera su inconstitucionalidad...mejor no pensar...

En fin como vemos la mala calidad de la decisión tomada en el caso Pluna convirtió a un problema en una “cuestión” que cada día  parecería empeorarse. La cuestión “Pluna” es muy sensible para el Uruguay, pero además está poniendo a prueba la idoneidad de una política que en mi opinión  excede lo aeronáutico ya que no solo lo que originariamente llamamos “problema Pluna”  se ha convertido en “cuestión nacional”, sino que además pone en zona de riesgo a todas las áreas de gobierno que han participado en generar esta “cuestión”, parlamente incluido.

Personalmente insistiré una vez más  creo que debe recuperarse el sentido común y deshacer esta cadena de errores que virtualmente liquidó a Pluna sin debido proceso legal. La solución no creo que pase por generar una nueva empresa, buscar desesperadamente un explotador para unos aviones que tienen las alas cortadas, la cosa pasa por reintegrar los activos a Pluna S.A., determinar sus pasivos, las causas de sus desequilibrios, si es que existieron y entre tanto recuperar el valor de los intangibles lo que obviamente tendrá un costo ya que todo error se paga aunque se haya cometido con la mejor buena fe.

Recordemos que en el camino al infierno sobran las  buenas intenciones.

La ley 18387 es muy sabia y creo tiene la solución a esta cuestión al alcance de la mano para resolver este entuerto del modo menos cruento. En este caso la calidad de la decisión estaría dada por terminar con esta alocada cadena de disparates y reconocer las equivocaciones cometidas que por otra parte están a la vista de “todos y todas”

Portal de América