por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires

Como lo saben nuestros lectores, mediante la aplicación de esa ley, el concurso de Pluna, iniciado con anterioridad a la sanción de dicha ley, fue despojado de sus activos más importantes que son los aviones.

Pero no sólo se trata de los aviones sino de sus pilotos, sus técnicos sus tripulantes de cabina, todo lo cual constituye un capital ciertamente intangible, pero muy valioso.

En verdad mi entendimiento no alcanza a comprender que es lo que se pretendió hacer y de esa acción es más responsable el parlamente uruguayo que el Poder Ejecutivo, pero en fin, así se hicieron las cosas.

Piensen un minuto nuestros lectores si LEDGATE hubieran vendido los aviones y luego cerrado la empresa presentando a la sociedad en concurso o quiebra, hubiera sido un vaciamiento hecho y derecho  y  Campiani seria buscado por interpol hasta en el plantea más lejano que no recuerdo si es Plutón...pues bien ese vaciamiento lo hizo el estado...y hasta ahora no hay un sólo responsable que asuma las consecuencias de ese “Cosmo S.A. de disparate”, perdón siempre me confundo “colmo de disparate” quise decir...

Alguien lo dijo la transparencia es necesaria en toda actividad, pero esa sola virtud no garantiza la idoneidad y en este caso se trata de falta de idoneidad o ignorancia, como se lo quiera llamar.

Por eso si la versión que difundió “El país” es correcta me animo a reiterar mi convicción y opinión, no como “doxa” sino como “espíteme”.

El parlamento debería anular o derogar la ley 18931, reintegrar a PLUNA S.A. los siete aviones, rehabilitar a los pilotos que estuvieran vencidos y a sus técnicos, recuperar su cuerpo gerencial, en una palabra recuperar lo que llamaría el “valor llave” de la empresa que en este momento es un mero amontonamiento de escasos bienes mostrencos sin valor comercial.

Sé que me objetarán que esta propuesta tiene costos, pero todo error lo tiene, el costo no es de mi propuesta sino del “mamarracho” que se armó y del que ahora no solo no se sabe cómo salir sino que además alienta el merodeo de “oportunistas” que proponen hacer negocios con el dinero de los uruguayos o mediante la consolidación de posiciones dominantes.

En el proceso concursal deben verificarse todos los créditos sin excepción, incluidos los del estado como garante o acreedor potencial y una vez cumplida esa etapa estimo que debe intentarse la vía de los artículos 171, 172 y siguientes de la ley 18387 que posibilita la venta en bloque de la empresa.

El Poder judicial deberá  aplicar toda su diligencia para que este trámite se pueda cumplir en el menor tiempo posible y llegado el momento sabremos no solo cual es el valor real de PLUNA, sino también cuales fueron las causas de sus desequilibrio económico financiero.

Acoto por eso la ley 18387 se llama “Declaración judicial del concurso y Reorganización empresarial”.

Es una propuesta y la he pensado y vuelto a pensar poniéndome en el lugar de todos y cada uno de los que han tenido este problema, ya convertido en cuestión, en sus manos.

Creo que por lo menos valdría la pena el debate, sea para mejorarla, desecharla o encontrar una alternativa mejor, que también debe existir.

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