por Ramón de Isequilla, desde Madrid
Segundo. Hace un par de meses, una noticia que pasó bastante desapercibida, nos informaba que las empresas telefónicas españolas, encargadas por el gobierno y en un supuesto cumplimiento de normas relacionadas son las Smart cities, extrajo de sus servidores, durante una semana, la información sobre el relevamiento de la ubicación de todos los móviles (celulares para el Rio de la Plata) que circulan por el país, tanto nacionales como extranjeros, para analizar su conducta de circulación.
Tercero. El Google Maps, instalado en todos nuestros dispositivos, (si no los inhabilitamos específicamente), recoge y guarda ad infinitum, la información sobre todos los lugares que visitamos y permanecemos, indicando lugar, fecha, hora y tiempo de permanencia en el mismo. Esta información está bajo nuestro mandato, en la función “tu cronología”, y a disposición del que pague por ello, aunque sea ilegal, según afirman nuestros “espías berlineses”, cuestión que nos resistimos a creer.
Cuarto. Durante una catástrofe, cualquiera sea el origen, se permite a los gobiernos tomar medidas excepcionales, que reduzcan nuestros derechos individuales, resguardados por todas las constituciones occidentales, siempre y cuando los Parlamentos controlen su estricto cumplimiento para los fines que se estableció, ni un ápice más, no sea cosa que algún totalitario se entusiasme y se “pase tres pueblos”.
En virtud del Estado de Alarma decretado el 14 de marzo, se publicaron en el BOE (Boletín Oficial del Estado) varias disposiciones, unas muy publicitadas, otras no tanto, entre las cuales encontramos en el boletín del 28 de marzo de 2020 la resolución del Ministerio de Sanidad SND/297/2020 que en siete artículos encomienda a la “Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital” el desarrollo urgente y operación de una aplicación informática para el apoyo en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, con una extensa descripción de sus características, entre otras, permitir la geolocalización de los usuarios, “a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar” (SIC).
Quinto. Toda la información que enviamos por email es inevitablemente leída por algún robot, prueba de ello es que cuando recibimos o re enviamos el texto de una reserva de avión, automáticamente aparece la misma en los recordatorios de nuestros dispositivos, y si pinchamos en Google Maps en el aeropuerto destino, figura el vuelo con día y hora que arribaremos. Sin llegar a analizar al caso extremo de las Apps que, al inocentemente pedirnos permiso para saber nuestra localización, nos están avisando sutilmente que saben donde estamos.
Si sumamos los puntos primero al quinto, “blanco y en botella”: nos están vigilando, con la consecuencia inevitable de restringir nuestras libertades individuales garantizadas por la Constitución.
Pero no hay que caer ni en paranoias, ni en teorías conspirativas. Todo esto, independientemente que, de forma objetiva atenta contra nuestros derechos constitucionales, si se usa de una forma honesta y adecuada, puede servir para ayudar a los departamentos de estadísticas en su importante labor de alimentar con datos ciertos, a organismos, empresas, investigadores y particulares para ser utilizados en cualquier actividad lícita.
En nuestra siguiente entrega analizaremos el interesante trabajo realizado por Google Community Mobility Report, sobre el comportamiento de la gente, recogidos por el Google Maps, ante las medidas de confinamiento decretadas por casi todos los países, producto de la pandemia.
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